La corte de los enanos

De la monarquía y de la República

La Monarquía terminó en España el año 1931 como secuela de unas elecciones municipales favorables a los partidos republicanos. Alfonso XIII abandonó acto seguido el país abrumado por el rechazo popular. Ningún rey volvió a coronarse hasta noviembre de 1975, recién fallecido el dictador. A día de hoy, ese mismo monarca, habiendo renunciado a la corona por una serie de vicisitudes que empezaron con un accidente en una cacería de elefantes patrocinada por millonarios árabes y el desvío de fondos públicos para acondicionar la residencia de su última amante, anuncia su intención de residir fuera del país. Parece que la historia se repita como comedia, como diría Marx, y más teniendo en cuenta que el matador de proboscidios era presidente de honor de la conservacionista WWF.

España es un país de esperpentos, de realidades grotescas, de jefezuelos fantoches, y para muestra, el último avatar del rey “emérito”, el de las comisiones saudíes y las maletas repletas de euros llevadas a Suiza, cuya existencia han resaltado las disputas pecuniarias con su amiga Corinna. ¿Afectará el asunto de la corrupción real a la política? Desde luego, una parte de la casta partidista, Podemos, Esquerra, etc., aprovechará la ocasión para condenar la “indignidad” real, pedir la abolición de la monarquía y afirmar su inquebrantable vocación republicana, pero todo ello exclusivamente con fines electoralistas. A los podemitas y afines les interesa no difuminarse en la colaboración con los socialistas, y a los supuestos independentistas, es una oportunidad de desgaste del centralismo estatal que sale gratis. Ya se guardarán muy bien de llevar su republicanismo a la práctica, sabedores de que los cimientos de lo que llaman democracia y no lo es se confeccionaron con hormigón monárquico.

Si la figura del ex rey resulta patética y ridícula, no lo resultan menos el gobierno y el parlamento, con sus diputados portavoces rivalizando en pomposa moralidad y huera fraseología acerca de la corona y la persona que la lleva. Además, conviene recordar que la Casa real no ocupa un lugar central en el esperpento estatista, y por consiguiente, su peso es muy ligero, en absoluto capaz de generar por sí misma una crisis semejante a la que ocasionó no hace mucho el soberanismo catalán. El rey reina, no paga impuestos e incluso amasa fortunas fraudulentas, pero no gobierna. En fin, la Corona es solo el bombín del vestido institucional de la dominación, el sombrero del poder de la clase dominante, y los intereses de esta no pasan por cambiar de traje, y menos por ponerse la boina tricolor. Nadie quiere realmente cambiar las reglas del juego si puede perder algo en el cambio. Ningún partido, por republicano que se proclame, desea forzar la descomposición del régimen para adentrarse en una batalla por la reconversión institucional de salida completamente incierta. Ni siquiera los soberanistas, por más vestiduras que se rasguen.

A pesar de los pesares, las andanzas del “emérito” van a prestar un último servicio al régimen partitocrático nacido del pacto contra natura entre el franquismo y la oposición, incluida la soberanista, permitiendo por un instante desviar la atención de la crisis sanitaria y económica que se abate sobre el país, lenta e inexorable, crisis que columbra un horizonte nada halagüeño. Las verdaderas contradicciones que atraviesan el capitalismo español, impulsoras de conflictos sociales venideros, apenas han comenzado a aflorar. El ruido mediático en torno a Juan Carlos puede oscurecer durante un tiempo ante las masas semiconfinadas y enmascaradas la perspectiva azarosa de una pobreza desigualmente repartida y de una sanidad pública desmantelada, pero no todo el tiempo. El espantajo republicano solo es eso, un espantajo. Una maniobra de despiste, un tópico progresista. La población española no ha sido nunca monárquica, pero en el Estado español no queda casi nadie que se sienta inclinado a sacrificar su minúsculo interés privado en aras de sus sagrados principios, y por supuesto, los profesionales de la política menos que nadie. Esos no tienen principios. España es un país de clases medias, de políticos pesebreros, de obreros desclasados y de funcionarios jubilados, gente preocupada por mantener su nivel de consumo, y por lo tanto, poco inclinada a cambiar de sitio los muebles. Gente decidida a caminar por las viejas sendas, porque las nuevas no dan suficientes garantías.

La Monarquía ha sido más que nada un florero en la mesa española del poder, una institución postiza con la misión de reflejar la marcha tranquila y feliz de la dominación de los poderosos, la imagen floral de un país donde los turistas llegan a espuertas, los cargos responsables nunca dimiten, los inversores se enriquecen y los empresarios hacen lucrativos negocios. En tiempos críticos, sin embargo, la Monarquía puede convertirse en diana hacia la cual desviar los tiros que deberían dirigirse hacia otro lado. El espectáculo puede cambiar en último extremo para que nada cambie. Precisamente es lo que está pasando. Juan Carlos anuncia su salida de España, negociada con el gobierno, para no perjudicar a la institución monárquica, según propia confesión, convirtiendo un asunto de corrupción en otro de sacrificio paterno, pero en las Cortes preocupa más vivir de la poltrona y, encima, los partidarios de dejar la Monarquía tal como ha quedado son mayoría absoluta. Para ellos, las personas delinquen, pero las instituciones son inmaculadas.

A pesar de que nuestros deseos no vayan en ese sentido, a tenor de lo dicho, no tenemos más remedio que afirmar que la espantada real no tendrá consecuencias republicanas. Ya la Segunda República fue entronizada por antiguos monárquicos con el objeto de afrontar la crisis económica que llevó al precipicio a la Dictadura de Primo de Rivera, y con ella a la Monarquía borbónica. No fue capaz de llevar a cabo las tímidas reformas sociales que se propuso. Tampoco depuró a un ejército repleto de monárquicos y clericales. Los gobiernos republicanos no dudaron en emplear la represión más implacable contra el proletariado sindicalista, agudizando la lucha de clases y llevando a los sectores más reaccionarios de la burguesía al pronunciamiento. Su fracaso no consistió en garantizar la libertad al pueblo español, sino en no suprimir la libertad popular lo suficiente. La excusa era la guerra y la guerra se perdió. El contexto internacional no le fue favorable y los gobiernos seudodemocráticos prefirieron un régimen fascista a una República débil, burguesa en esencia pero incapaz de asegurar los intereses de los inversores y propietarios, y aún menos, de hacer tabla rasa de los proletarios.

Hoy en día no hay verdaderos monárquicos, ni verdaderos republicanos. Como ayer, la República no significaría más que un nuevo espectáculo estatal, una pirueta del orden, no una transformación siquiera incipiente de las estructuras sociales, bastante dañadas por el paro, la exclusión y las desigualdades. Apenas instaurada en plena crisis como maniobra de distracción, su entronización sería demasiado arriesgada. Podría surgir con fuerza la cuestión social, pues los antagonismos se harían visibles y no habría policía suficiente para contenerlos. No hay republicano que quiera eso. El patriotismo republicano se emplearía tanto como el actual “ciudadanismo” para la estabilización del sistema partitocrático, probablemente con escasos logros; la épica ideológica no alimenta y la retórica republicana no resuelve los conflictos. Lo que llaman “ciudadanos” es algo tan abstracto y dispar como lo que antaño llamaban “patriotas”. En concreto, hay masas, hay clases populares, hay dirigidos, oprimidos, cabreados; todos se mueven gracias a impulsos e intereses que por propia dinámica tienden hacia la universalidad. Sus movimientos apuntan a formas de democracia directa, asambleas, coordinadoras, consejos, comunidades, por más que esas metas tarden en perfilarse. La crisis no impulsa necesariamente la conciencia social. El populismo actual lo demuestra. El republicanismo del momento es simplemente populismo. Y no hay populismo que quiera una avalancha de asambleas realmente populares que vuelvan inútiles los jefes, puesto que todos aspiran al mando y al despacho. En cambio, solamente en ellas puede forjarse una auténtica voluntad popular, el elemento cohesionador de una verdadera república, una república sin Estado, de la que abominan las clases poseedoras y más aún la casta política.

En defensa no solo del anterior rey, sino de los actuales gobernantes, un ensayista señaló que precisamente los tiempos posmodernos no requieren dirigentes de altura, audaces, lúcidos y hasta quijotescos, grandes hombres de Estado con sentido de la Historia y visión universal. Pasó ya su hora. Ahora toca el turno de los dirigentes mediocres, vacilantes y por qué no, afanadores. Las circunstancias que acompañan a los poderes establecidos necesitan a los torpes e indecisos y no a los heroicos, a los enanos y no a los gigantes, ya que no se requieren grandes decisiones ni estrategias osadas para estabilizar las instituciones y garantizar los intereses económicos, sino las pequeñas componendas, renuncias consensuadas y tortuosos apaños. El nuevo dirigente nunca destaca por su inteligencia, sino por su ignorancia, ni se señala por su determinación, sino por su pusilanimidad. No se le valora por sus virtudes, sino por su insignificancia. Es de los que sabe acomodarse con lo que hay y no busca imponerse. No se enfrenta a los verdaderos problemas, más bien los evita, dando rodeos y largas hasta adaptarse. No se caracteriza por su voluntad de servicio, aunque fuese interesada, sino por aferrarse a los cargos como una lapa y por usar del dinero público como un patrimonio propio. Ese tipo de personajes fueron los que construyeron lo que todos los servidores de la dominación llaman “democracia española”, en realidad, un despotismo camuflado moderado por la ineptitud y un tanto por el enchufismo.

La democracia a la española fue fruto de una negociación entre el aparato franquista y los partidos de la oposición. Unos, los reformadores franquistas, poseían la fuerza, el poder, mientras que los otros, las mesas, juntas y plataformas opositoras, tenían la legitimidad democrática. Ambos estaban dispuestos a ceder. Unos, a neutralizar las tendencias duras del franquismo, y los otros, a desactivar y paralizar el empuje del movimiento obrero ascendente. La amnistía de los crímenes franquistas a cambio de la legalización de los partidos y de las elecciones parlamentarias. Siempre dentro de la ley: de la ley franquista a la ley desprendida de la Constitución. El movimiento obrero no pudo romper esa alianza; sus enemigos le despojaron de su autonomía y pronto, con la legalización de los sindicatos, el proletariado dejó de ser una clase histórica, portadora de esperanzas emancipadoras, para devenir un actor secundario en el proceso de la “Transición” de la dictadura a la partitocracia. Con ese nombre se designa un régimen de apariencia parlamentaria sin separación real de poderes, en el que son protagonistas las cúpulas de los partidos con representación parlamentaria. El guión de tal sistema se “consensúa” entre las jerarquías políticas, en función del número del diputados que posean. No era de extrañar que la fragilidad permanente del modelo obligara a los gobiernos a continuas leyes de excepción, y que en general las leyes sirvieran más para suprimir libertades que para garantizarlas. El código de la democracia, aparato legal que debería haber acompañado a la Constitución en 1978, no se terminó de elaborar hasta los años noventa y metió en la cárcel a más de los que había antes de su puesta en funcionamiento. La debilidad obliga a comportamientos extra-legales, autoritarios, impopulares, que pretenden mostrar sensación de firmeza y seguridad. Al cabo de los años, la seguridad ha podido con el deseo de libertad. El miedo es la pasión principal del individuo medio español, motorizado y televisivo, obediente y conformista, dispuesto a votar como poseso por la falsa opción que le manden, izquierda o derecha, unidad constitucional o independencia, y si se presentara el caso, monarquía o república. El voto no le garantiza ninguna libertad, pero al votar solamente busca la seguridad, la protección benigna de la autoridad.

Personajillos como Juan Carlos, Adolfo Suárez, Felipe González, Jordi Pujol o Santiago Carrillo, fueron los artífices del régimen posfranquista que llamaron democracia. Ninguno brilló por sus cualidades, sino por su excepcional vulgaridad, por su nulidad apenas disimulada por docenas de asesores. Juan Carlos, por ejemplo, fue enteramente una creación del franquismo. Convertido en rey por obra y designio de Franco, tuvo, o mejor, tuvieron sus consejeros, la suficiente inteligencia para no obstaculizar la Transición y ligar su suerte a esta. Puestos a dejarla correr, mejor cubrirla con su autoridad “moral”. A Juan Carlos le interesaban más las mujeres, los yates y el dinero que el poder, pero una cosa era necesaria para la otra. Así que tuvo que manejar a los generales franquistas, el escollo mayor capaz de hacer encallar la Transición, y surfear por encima del gobierno y el parlamento, a fin de convertirse en mediador indispensable de la situación cuando la mediación fuese requerida. La oposición de algunos obispos y una parte importante del aparato armado del franquismo, capitanes generales, guardias civiles y servicios secretos militares, consagró su papel de árbitro institucional y le catapultó como figura histórica.

En efecto, su aparición televisiva en el golpe de Estado del 23-F le valió el título honorífico de “salvador de la democracia” aun cuando su verdadero papel fuera más que dudoso. El rey de entonces no andaba satisfecho con ella, por lo que había incitado a unos y a otros a ponerle freno y cambiar de orientación. Es decir, a volverla menos democrática, más respetuosa con las jerarquías establecidas y sus arcaicos valores. A innovar lo mínimo. Parece que tenía adeptos en todos los partidos y que el “golpe de timón” no iba a pasar de un suave movimiento pendular en el interior de la burocracia estatal, pero la iniciativa de unos cuantos ultraderechistas bien incrustados en las fuerzas armadas dio al traste con la operación reconductora. Juan Carlos, en calidad de capitán general de los ejércitos, inclinó la balanza del lado gubernamental y con eso logró la popularidad requerida para hacer en adelante lo que le viniera en gana. Por primera vez se sintió por encima de tirios y troyanos, más allá del bien y del mal monárquico, sentado sobre bayonetas blandas.

El resultado del fallido golpe de Estado de 1981 fue un régimen tutelado entre bastidores durante unos años por los militares. La Transición se hizo más autoritaria, al tiempo que la economía seguía avanzando con altibajos. Nadie protestaba, la población gobernada se precipitaba en una sociedad consumista, donde había crédito para todo el mundo y cualquiera, hasta el más pobre, tenía algo para gastar. La Transición había desembocado en “el Cambio”, la década felipista. Los socialistas lideraban el crecimiento económico inmobiliario. El país era una nación moderna, con un desarrollo envidiable y un rey que iba y venía como embajador, riéndole todos las gracias, como cuando lanzó al esperpento bolivariano Chaves un “por qué no te callas». En lo sucesivo Juan Carlos perdió la contención y la compostura, enfermó de éxito y, dejándose llevar por sus inclinaciones naturales, la caza, las faldas y los negocios, precedido por su yerno Urdangarín, duque en-Palma-do, no tardó en protagonizar involuntarios escándalos que pudo conjurar renunciando a la corona en favor de su hijo. No fue suficiente. La cabra tira al monte.

Juan Carlos “el campechano”, el de los accidentes domésticos, el de la moto, ha sido el espejo en que se contemplaron tres generaciones de gobernantes acomodaticios, insípidos y mezquinos como él, fuesen comunistas o conservadores, regionalistas o independentistas, sindicalistas o empresarios, corruptos o limpios. Fue el rey de una época gris, donde la jerarquía del capital desplazó definitivamente en España a la de la ideología fascista y la religión católica, periodo durante el cual la política se sometió a la economía: el enriquecimiento fue la consigna a seguir, y el dinero, la meta de todo bicho viviente. Época modernizadora, preludio de la mundialización financiera que tanta marginación, miseria y resignación ha reportado. Como un juguete roto, el “emérito” sucumbe hoy a sus errores y a su avidez, todavía no demasiado, mientras la humanidad se cuece con una pandemia y al Estado español se le viene encima la mayor crisis de la historia.

Los estragos que se irán sucediendo en una sociedad colonizada por el capital cambiarán de arriba abajo el mundo en el que sobrevivimos. Lo mismo dará la forma de Estado. Si la república conviene a la clase dominante, habrá república. Por ahora parece que no. Se está más bien por “un nuevo lanzamiento de la imagen de la corona», como dice el diario “La Razón”. Si conviene a un sector significativo de la casta política, habrá moda republicana. Por ahora parece que sí. Nadie notará la diferencia, pues las masas despolitizadas, presas de sus estrechos intereses privados, son indiferentes al postureo político. Nadie saldrá de su ensimismamiento cotidiano, nadie prescindirá de su correspondiente dosis de evasión festiva, por una cuestión tan nimia como la de escoger entre una forma política de sumisión u otra. Que pongan la que quieran. A pesar de todo, la parte empobrecida, víctima de decisiones unilaterales, no comulga siempre con ruedas de molino. La esclavitud, sea cual sea la forma con la que se presente, es siempre esclavitud, y la única república deseable es aquella en la que la justicia social y la igualdad solidaria hagan imposible aquella. Por desgracia, esa clase de república, una especie de federación comunitaria antiestatal, no es la que anima a la mayoría de los republicanos de hoy, o a los que dicen serlo, más proclives a la autoridad que a la ausencia de ella. Pero siempre quedan los irredentos que confían en su posibilidad y su advenimiento. Para ellos escribimos.

Miguel Amorós, 5 de agosto de 2020

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