La corrupta justicia panameña

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Hablar de corrupción en Panamá es un tópico, pero el descaro con que actúa la “justicia” es el colmo. A nadie decente puede dejar de hervirle la sangre al conocer el “fallo”, en el doble sentido de sentencia y error, cometido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ante el caso del asesinato masivo con dietilene glycol, llamado “jarabe de la muerte” de la Caja de Seguro Social (CSS): seis altos cargos de la institución exonerados y cinco condenas irrisorias (La Prensa, 30/7/16).

“La vida no vale nada”, dice una canción. En opinión del Segundo Tribunal Superior, Ángel De La Cruz, dueño de Medicom S.A., que vendió el veneno como medicina, y a quien se encontró culpable de alterar el certificado de análisis del producto, que la empresa española que se lo vendió (Rasfer International) identificó como “T.D. Glicerine al 99.5%” (o sea, sustituto de la glicerina) a “glicerina de pura calidad USP”, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación de funciones públicas, que ya se cumplieron. O sea, en las próximas elecciones puede ser diputado.

Si el juicio aceptó la existencia de 170 víctimas mortales (La Prensa, 9/4/16), a De La Cruz le salió a menos de 11 días por muerto. Si contabilizamos a los 8 mil afectados por el envenenamiento, reconocidos por el tribunal, tenemos que pagó 0.04 partes de un día por afectado de por vida.

Contando por lo bajito, porque desde el primer día tanto las autoridades de la CSS, como del Ministerio de Salud, del gobierno de Martín Torrijos y la Procuraduría fueron por lo menos negligentes en establecer el cálculo real de las víctimas. Si se fabricaron 260 mil frascos con el jarabe de la muerte, y reconocen haber distribuido al menos 60 mil frascos, los números no cuadran con los reconocidos por el tribunal.

Los otros responsables también fueron condenados a la ridícula pena de un año de cárcel. Todos ellos funcionarios de la CSS que debían cerciorarse de que lo que recibían era lo que decía la etiqueta, y no lo hicieron, a saber: Edward Taylor, jefe del Laboratorio de Control de Calidad de la CSS, quien certificó que el producto entregado por Medicom “cumplía con las especificaciones requeridas”; Miguel Algandona, almacenista del laboratorio, quien certificó la idoneidad de la materia recibida de Medicom; Nereida Quintero y Marta Sánchez, ambas directoras de Abastos, quienes eran jefas directas de los anteriores.

Fueron exonerados por el tribunal tanto el exdirector de la CSS René Luciani, como Linda Thomas, jefa de los laboratorios, y Pablo Solís, que fungía de director de la farmacia. Aunque no eran responsables directos, sí lo eran como directores, al menos les cabía una sanción.

Esa es la repugnante realidad de la justicia en este notable caso. También podríamos mencionar otras situaciones: las autoconfesiones corruptas de un magistrado; la inculpación por delitos secundarios de Ricardo Martinelli, mientras que los crímenes de Changuinola y San Félix permanecen impunes; y el que no esté preso ninguno de los grandes oligarcas corruptos que se han hecho millonarios a costa del Estado, etc.

El presidente Varela cree que con haber removido dos magistrados y reemplazarlos ya es suficiente. Desde abajo crece el clamor por barrer con manguera todo el sistema judicial, al igual que los otros poderes del Estado, para sacar toda la podredumbre a la calle.

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