La colaboración pública-privada, el Real decreto del 30/12/20

Con el real decreto del 30 de diciembre de este año, el gobierno del PSOE-UP da un paso más en la entrega de todos los recursos del Estado a la empresa privada.

En la Ley 15/97 sobre habilitación de “nuevas formas de gestión en la sanidad” se abrió la puerta a la privatización de todo el sistema público de salud del Estado. La política de concesiones para la realización de servicios públicos a través de la gestión privada, es una práctica generalizada en la administración. Así, servicios básicos tanto a escala estatal o local, están en manos de empresas, grandes, medianas y pequeñas, de tal forma que la administración es en realidad una gran fuente de beneficios privados, algo que alimenta la corrupción.

Con el real decreto del 30 de diciembre pasado, el gobierno del PSOE-UP da un paso más en la entrega de todos los recursos del Estado a la empresa privada. En función de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización de la administración, y con el objetivo de la recuperación económica con un “proyecto de país”, se dice en la exposición de motivos que:

(…) es preciso acometer un proceso de modernización que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del plan y la mejor gestión de los fondos, contando con el sector público y el sector privado”.

Para ello crean una figura llamada pomposamente Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTES), que llevarán adelante lo que en la economía 4.0 se ha dado en llamar “proyectos tractores”; es decir, inversiones productivas que tengan un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía. Una figura, que el mismo decreto reconoce que tiene “vocación de permanencia”; es decir, que ha venido para quedarse como núcleo fundamental de la economía del futuro.

El decreto, cínicamente, no dice en ningún momento cómo los beneficios empresariales que se supone, sacará el sector privado, van a revertir en la sociedad. Parece ser que el Estado invertirá, la empresa privada recogerá los beneficios de la inversión, y una vez que esto se haya dado, esos beneficios revertirán sobre la sociedad en la forma de empleos y servicios; en una nueva versión de la “teoría del derrame” que tanto gustaba a Rajoy: hagamos ricos a los ricos, que la riqueza, como en una torre de copas de champán, se derramará por todos los sectores sociales.

Una política europea frente a la crisis

Que la pandemia ha sacado los colores el capitalismo en general, y a los capitalistas en concreto, es una obviedad: han sido incapaces de frenar la expansión del Covid-19, frente al cual las respuestas siempre estuvieron mediatizadas por la obsesión de que la “economía no cayera”. Y como no podía ser menos, la “economía cayó”. Se quebraron todas las vías de comunicación y distribución en un sistema de producción globalizado basado en la inexistencia de stocks, con cientos de petroleros parados en medio de los océanos sin poder entrar en puerto; el sistema se paró durante dos meses en una situación que nadie podía prever.

Esta caída de la economía no fue un rayo en cielo sereno, como algunos apologetas del capitalismo quieren pensar para justificar la actual crisis. Nada más lejos de la realidad, esta es una “crisis dentro de la crisis” puesto que no se había salido de la del 2007/2008 con la tasa de ganancia bajo mínimos, una deflación permanente y especulando con todo como única vía de beneficios, cuando el virus paralizó medio mundo: más de 2.000 millones de seres humanos llegaron a estar confinados en los meses de marzo/abril/mayo; e incluso ahora, se producen confinamientos parciales en estados centrales como Alemania o Gran Bretaña.

La pandemia ha venido a acelerar todos los procesos económicos que estaban en forma embrionaria antes de su estallido; lo que se conoce como “industria 4.0” o “nueva revolución industrial”. La UE, como sus competidores imperialistas, los EEUU y China, buscan hacer un monto de inversiones que pongan en marcha las modificaciones estructurales precisas para que el capitalismo salga de la crisis en la que está metido desde el 2007. Los EEUU tienen comprometidos 2 billones de dólares con ese objetivo; China en el XIX Congreso del Partido Comunista, ha elaborado un plan de cara al 2050 para estabilizar la nueva clase media surgida todos estos años de crecimiento, y construir así un mercado nacional potente que sustituya en el consumo a las exportaciones; plan que se une al ya en desarrollo conocido como la “nueva Ruta de la Seda”, donde están invirtiendo 900.000 millones de dólares.

La UE por su parte, y tras superar el veto de Hungría y Polonia pues el plan se ligaba al respeto de los derechos humanos (¡el cinismo de la UE es descomunal!), va a invertir a través del Instrumento Europeo de Recuperación, en una primera tanda, 750.000 millones de euros, hasta llegar a los 1,1 billones en los próximos años. Una inversión, que por primera vez en la historia, se va a financiar con base a la emisión de bonos de deuda compartidos por todos los estados europeos.

Los servicios públicos fuera del plan

El decreto dice que la finalidad del plan es “reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS Covid-19”. Dicho así, la población trabajadora podría pensar que esa reparación supone el fortalecimiento de los servicios de salud en su más amplio sentido (sanidad, dependencia, residencias de mayores, etc…), que se vieron desbordados por la enfermedad.

Nada más lejos de la realidad; expresamente el acuerdo europeo excluye que esos 750.000 millones (140.000 millones le corresponden al Estado Español) vayan destinados a pagar pensiones, a “reparar” los sistemas de salud o al pago de intereses de la deuda. Ese dinero es para “promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital”.

La definición de estos objetivos marcados en el art. 1 termina con palabras para la galería como “cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo”. Estas palabras de “cohesión” son rituales; de lo que se trata es que la UE, y el Estado Español han acordado un nuevo rescate de un sector del capital. Si en 2007/2008 fue “salvar al soldado Botín” con el rescate de la banca, ahora es “salvar al IBEX 35 y a la patronal”, insuflándole miles de millones de euros.

Por eso los servicios públicos quedan fuera del plan, su desmantelamiento y privatización son parte de ese rescate; y si no, ¿a qué de qué en más de 10 de meses de pandemia la única solución que tengan son más confinamientos y no usen ni un euro de ese dinero para fortalecer los sistemas de salud?

La economía española

La UE con ese Instrumento no sólo busca rescatar al capital europeo, sino también ubicarse en la dura competencia interimperialista que se ha visto agudizada por la pandemia. Los EEUU han evidenciado lo que era un secreto a voces, es la potencia hegemónica en decadencia absoluta; por su parte China ha presentado las credenciales de ser una alternativa viable al viejo imperialismo hegemónico. En este cuadro, la UE busca su lugar bajo el sol.

¿Y qué puede hacer un imperialismo periférico como el español en estas circunstancias?. Porque ese lugar bajo el sol quien lo busca son Alemania y Francia, las dos grandes potencias europeas y tras ellas, el resto.

Está claro que la división del trabajo impuesta en los 80 cuando el Estado Español, junto con Portugal y Grecia, se incorporaron a la CEE (hoy UE) no se va a modificar. El capitalismo español está incapacitado estructuralmente para dar un salto que le ponga al frente de Europa, en circunstancias de competir con el capital alemán o francés; ni tan siquiera con el italiano.

Los 80 redujeron al Estado Español a ser el centro de turismo de Europa, con una economía de casi monocultivo sobre la hostelería y la construcción, con una alta precariedad en el trabajo. Destruida toda la industria española, la joya de la corona industrial hoy es el automóvil, que son deslocalizaciones de marcas alemanas, francesas, norteamericanas, etc… Los ejemplos de Nissan o de Alcoa son suficientemente ilustrativos del papel que cumple el Estado Español.

Sobre esta estructura basada en la corrupción y un capitalismo altamente especulativo y financiero, que vive mayoritariamente de decisiones políticas y administrativas, van a caer, primero 70.000 millones de euros; y en una segunda tanda, otros 70.000 millones, hasta completar los 140.000 comprometidos por la UE. Van a regar de millones a empresas como las constructoras, que están en el ojo del huracán de la crisis del 2007, a las eléctricas que constituyen un verdadero oligopolio de la energía y, de nuevo, a los bancos.

En el decreto no se dice nada de cómo van a canalizar ese dinero desde el BCE hasta las empresas; y teniendo en cuenta que el Estado Español carece de un sistema financiero público, ya sabemos por dónde van a pasar las inversiones, a través de créditos de los bancos. Por su parte, algunas multinacionales no ligadas directamente a este capital especulativo, como Inditex, ya se han apuntado a la juerga: ha presentado un plan para captar más de 280.000 de euros con un proyecto textil a partir de la madera ¡El que no corre, vuela o se queda sin dinero! Esta es la infame lógica del gobierno de fomentar la “colaboración público-privada”, que se justifica sobre la supuesta mayor eficiencia de la empresa privada.

La eficiencia de la empresa privada no se mide ni por la calidad del producto ni por la prestación del servicio, sino por la cuenta de resultados. Son los beneficios a final de año lo que determina si una empresa es rentable o no; y para eso tiene que aumentar los ritmos de producción y mantener lo que ellos llaman costos de producción (salarios, materias primas, etc…) bajos. El ejemplo del desastre que es la colaboración público privada son las empresas energéticas: dijeron, con la competencia bajarán los precios y mejorará la calidad del servicio: la subida del 27% de la energía en plan ola de frío demuestra justo lo contrario.

¿Y la clase obrera? ¿Y los pueblos?

Si alguien dudaba del carácter burgués de este gobierno, este decreto lo deja claro: en sus 61 páginas, desde la exposición de motivos hasta el final, la única referencia que se hace a los trabajadores y trabajadoras o a sus organizaciones es el artículo 18, cuando dice que se constituirá un foro de participación para favorecer el diálogo social con “las organizaciones empresariales y los sindicatos”.

De los pueblos, se apunta en el mismo sentido, se constituirá una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas que canalizará su participación en las medidas que se adopten. Para todo lo demás, es decir, para todo lo serio, la Comisión que tomará las decisiones estará compuesta por ministros del gobierno central y una comisión técnica.

Un gobierno que lo único que ha hecho es bajarse los pantalones ante la patronal, que no ha derogado ninguna de las leyes que prometió derogar (reformas laborales, reformas de pensiones, etc…), que se traga la imposición patronal de la congelación del mísero salario mínimo, que es incapaz de nacionalizar ni una sola de las empresas que hoy amenazan con despedir a miles de trabajadores y trabajadoras (Alcoa, Indra, Airbus, Nissan, etc…)

Un gobierno que de nuevo, y como hace ya 70 años con el Plan de Estabilización del franquismo, tiene como apuesta de crecimiento económico el llamado “eje del Mediterráneo”, o lo que es lo mismo, el turismo y el ladrillo ligado al capital central, mientras la industria se cae a cachos. Un gobierno que permite que las eléctricas provoquen una subida del 27% del precio de la electricidad en plena ola de frío. Ese gobierno es el que va a gestionar los 140.000 millones que va a recibir de la UE.

Por cierto, y a la pasada, el control de estos fondos es uno de los principales motivos de la tensión de la extrema derecha, del PP y VOX con el gobierno. No es que sea un gobierno “comunista”, “bolivariano” o lo que sea, eso es para consumo de sus bases; en realidad el motivo es que los sectores de la economía a ellos ligado, con el “palco del Bernabéu” y Florentino Pérez a la cabeza, están histéricos por no poder acceder libremente a ese “tesoro” de 140.000 millones de euros como con Rajoy, y ahora Ayuso en Madrid o Feijóo en Galicia. Temen que el gobierno se lo dé a otros sectores del capital y a ellos sólo les dejen la migajas.

En fin, el decreto del 30 de diciembre del 2020 no deja de ser el colofón de un año que ha supuesto un empobrecimiento mayor de la sociedad; un retroceso en los niveles de vida de décadas y supone poner los cimientos de un plan de rescate de las grandes empresas, que verán como unas reciben dinero para más obras faraónicas y a otras se les acortan los plazos administrativos para instalaciones de producción de energía “sostenible”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras siguen mendigando en los ERTEs que pagamos entre todos y todas -está prohibido expresamente utilizar esos fondos europeos para pagar los ERTEs-, o ven como sus salarios bajan de manera exponencial, los capitalistas van a recibir dinero a espuertas para “recuperar la economía” que ellos hundieron.

La única perspectiva es la de levantar un plan obrero y popular frente a este plan del capital español y europeo, en torno al cual se reagrupen todas las fuerzas sindicales y sociales que rechacen el rescate del capital que pretenden desde la UE y el gobierno.

Fuente: Corriente Roja

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