La CIA y Posada siguen en sus maniobras dilatorias

En una nueva maniobra dilatoria para evitar una extradición a Venezuela o Panamá, la causa migratoria de Luis Posada Carriles será presentada ante la Corte Suprema, afirma Arturo V. Hernández, el abogado mafioso del terrorista internacional, según un artículo publicado por The New York Times sobre el controvertido caso.

Hernández aseguró al diario neoyorquino que &nbsp "no tenía conocimiento" de una inculpación de su cliente en relación con la investigación de un Gran Jurado sobre su responsabilidad en la campaña de terrorismo que se desencadenó en La Habana, en 1997. Sin embargo, reveló que llevaría ante el más alto tribunal del país el caso por el cual Posada debe comparecer de nuevo próximamente en El Paso.

Tres días después de que el Gobierno de Panamá asegurara, en octubre pasado, que pronto reclamaría la extradición de Luis Posada Carriles, la corte de Apelación de Nueva Orleáns ordenó que el terrorista sea de nuevo enjuiciado en El Paso, Texas, bajo cargos de fraude migratorio.

El artículo del New York Times, titulado "Venezuela presionará a EE.UU. para que extradite un individuo vinculado a la destrucción de un avión" (Venezuela Will Push U.S. to Hand Over Man Tied to Plane Bombing), y firmado por Simon Romero y Damien Cave, hace referencia a una portavoz del Departamento de Justicia, Laura Sweeney quien, contactada en Washington, se negó rotundamente a comentar el caso.

En su fallo de octubre, la Corte de Apelación de Nueva Orleáns se abstuvo de ordenar la detención del terrorista que sigue en libertad en Miami, donde ha participado impunemente en actividades públicas, varias de ellas convocadas por grupos terroristas o simpatizantes del terror tolerados por el FBI y la Fiscalía federal.

Desde su arresto en Florida, el Gobierno de Venezuela, que lo responsabiliza por el derribo de un avión cubano con 73 pasajeros en 1976, reclama con insistencia la extradición de Posada —lo que confirmó de nuevo en los últimos días con el anuncio, por el abogado José Pertierra, encargado del dossier, de la presentación de una nueva solicitud.

A la reivindicación de Venezuela se añade ahora la de Panamá, cuyo Tribunal Supremo declaró ilegal y anticonstitucional la liberación, en el 2004, del terrorista y de otros tres connotados terroristas cubanoamericanos por la ex presidenta Mireya Moscoso.

Desde el arresto de Posada en el 2005, los fiscales antiterroristas federales, bajo orientación del ex Secretario de Justicia Alberto Gonzales, multiplicaron los procedimientos de dilación para evitar la extradición del viejo colaborador de la CIA.

Por otra parte, el citado artículo del New York Times reporta una declaración de Joaquim Chaffardet — el ex Jefe de la policía política venezolana asociado a Posada en una agencia de detectives creada por la CIA en Caracas— , que revela haber abandonado el territorio venezolano para refugiarse en Estados Unidos, presuntamente bajo protección del gobierno norteamericano.

Un testimonio de Chaffardet a favor de Posada fue utilizado en el 2006 para justificar una orden de un juez de inmigración a fin de prohibir la extradición de Posada a Venezuela, bajo pretexto de que "pudiera ser torturado" . Chaffardet, paradójicamente, ha participado activamente en sesiones de torturas en los sótanos de la DISIP en Caracas, al lado de Posada, quien manejaba entonces un escuadrón de la muerte bajo el nombre de Comisario Basilio.

Otras fuentes aseguran que Chaffardet, abogado venezolano golpista, está en EE.UU. como turista.

El ex patrón de la DISIP en los años 70, cuando la propia CIA dirigía a través de sus agentes las operaciones de contrainsurgencia en Venezuela, se suma a muchos otros delincuentes venezolanos reclamados por la justicia de ese país, que radican en EE.UU. bajo protección de la inteligencia estadounidense, tales como Carlos Fernández (ex presidente de Fedecámaras, golpista), la periodista Patricia Poleo y otros individuos vinculados al asesinato del fiscal Danilo Anderson, así como Carlos Andrés Pérez, fugitivo desde los años 90.

EL GRAN JURADO YA COSTÓ MILLONES

El Gran Jurado que sesiona en Nueva Jersey desde hace tres años, que debe examinar evidencias de la participación del terrorista internacional Luis Posada Carriles en la campaña de terror que desencadenó en La Habana en 1997, ya ha costado al contribuyente norteamericano "millones de dólares". Sin haber llegado a resultado alguno.

&nbsp Lo afirma la periodista e investigadora Ann Louise Bardach, en un análisis de las relaciones cubano-norteamericanas publicado por el diario The Washington Post.

&nbsp Bardach es la especialista norteamericana que reveló en octubre último, en un artículo publicado por el sitio web slate.com, cómo un abogado de cómplices del terrorista le confesó que esa investigación se encontraba paralizada para no dañar al ‘ticket’ de McCain, a los Diaz-Balart y a (Ileana) Ros-Lehtinen".

&nbsp La reportera hizo público, a partir de confidencias de investigadores del FBI de Miami, el hecho de que el propio jefe de esa oficina de la policía federal destruyó el expediente de Luis Posada, en el 2003, mientras lo reclamaba la justicia de Panamá donde se encontraba inculpado por terrorismo.

&nbsp Según las propias admisiones de un abogado del delincuente, el dossier de Posada ha sido manejado "al más alto nivel" desde su entrada ilegal en territorio norteamericano a bordo del barcocamaronero Santrina, propiedad del terrorista y traficante de armas Santiago Álvarez Fernández Magriñá, en marzo del 2005.

&nbsp Posada entró a EE.UU. usando un pasaporte guatemalteco con su foto y el nombre de Manuel Enrique Castillo López que le había supuestamente conseguido quien la prensa mafiosa de Miami denominó su "Benefactor".

&nbsp El caso penal contra Posada fue rechazado el 8 de mayo del 2007 por la jueza federal de distrito Kathleen Cardone, quien lo liberó después de valorar que un intérprete tradujo de manera equivocada al inglés las declaraciones expresadas en español por el asesino durante una entrevista ante una funcionaria de los servicios de inmigración. Se supo más tarde que Posada puede expresarse en ingles y que el uso de un intérprete fue una exigencia tramposa de sus abogados mafiosos.

&nbsp La lentitud del Gran Jurado de Nueva Jersey y los procedimientos provocados por la Fiscalía federal en el caso de Texas siempre han sido interpretados, por varios observadores, como maniobras dilatorias destinadas a proveer una falsa justificación al gobierno para no extraditar al ex agente de la CIA a Venezuela que lo reclama desde el 2005.

&nbsp En El Paso, el dossier Posada estuvo bajo la responsabilidad del fiscal tejano Michael Mullaney, asesorado de cerca por los fiscales federales John F. De Pue, John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, enviados especiales de la sección antiterrorista del Departamento de Justicia.

&nbsp En el curso de los dos últimos años, la interminable investigación del Gran Jurado, que se desarrolla en Newark, New Jersey, señaló la participación de dos ex directores de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Abel Hernández, residente de Cliffside Park, y Oscar Rojas, quien fue contador de Arnaldo Monzón, fallecido millonario de Fort Lee.&nbsp Otros tres cubano-americanos vinculados a la FNCA han sido llamados a comparecer en este caso descrito por el periodista Peter J. Sampson, del diario local The Record, como "un mundo oscuro de terroristas y de presuntos asesinos".

&nbsp Precisaba el reportero: "A pesar de describirlo (a Posada) como el cerebro confeso de complots terroristas y de atentados, el gobierno no lo ha declarado formalmente terrorista o acusado de algún crimen…Tal gesto pudiera revelarse embarazoso, dicen los observadores, por la larga asociación de Posada con la CIA".

&nbsp En 1997, los atentados ordenados por Posada en hoteles, restaurantes y una discoteca de La Habana, provocaron la muerte del joven turista italiano Fabio di Celmo y heridas a 11 otras personas, además de importantes daños materiales.

&nbsp No se sabe qué nuevas orientaciones decidirá el nuevo Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, al heredar lo que fue calificado de "papa caliente".

&nbsp De Holder, abogado afroamericano de 57 años, se dice que es conocido por su lucha contra la corrupción como fiscal.

&nbsp El nuevo Secretario de Justicia tendrá también la delicada tarea de valorar el dossier de Los Cinco antiterroristas cubanos acusados de "espionaje" y luego condenados a escandalosas sentencias de prisión, por el solo hecho de haber infiltrado redes terroristas cubanoamericanas protegidas por el FBI de Miami.

&nbsp Desde hace diez años, Los Cinco, hoy encarcelados&nbsp en cinco cárceles distintas del territorio norteamericano, son privados de visitas regulares de sus familiares (y en dos casos de visita alguna de sus esposas) y expuestos a los graves riesgos de la detención en medios conocidos por su alto nivel de violencia.

&nbsp Estos malos tratos, precedidos por 17 meses de detención en celdas de castigo bajo condiciones infrahumanas, han sido formalmente denunciados por un panel de juristas de la ONU que exigió, sin éxito, su liberación.

NOTICIAS ANTICAPITALISTAS