La CGT denuncia los otros puntos oscuros de la Dirección General de Tráfico

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En los últimos días se suceden las informaciones en la prensa acerca del último escándalo de la DGT, las conversaciones entre la subdirectora adjunta de conocimiento vial y el presidente la CNAE. La reacción por parte de María Seguí, la Directora General «provisional», consiste en intentar escurrir el bulto haciendo gala de su habitual falta de autocrítica. Ante una situación de tal gravedad (que salpica incluso a su marido), se nos remite a una investigación interna sobre irregularidades de las que ya había indicios y denuncias desde hace tiempo, sin tomar por el momento ninguna medida ni judicial ni disciplinaria contra la responsable de lo ocurrido. Lamentablemente, los trabajadores de la DGT nos empezamos a acostumbrar a este tipo de revuelos. Por ejemplo, hace aproximadamente medio año aparecía en los medios que al marido de la Directora General se le investigaba por falsificación de firma en la documentación de unos cadáveres usados en un proyecto de estudio sobre el efecto de los accidentes de tráfico. El asunto adquirió tintes grotescos cuando se publicaron fotos de la propia María Seguí manipulando los cuerpos sin usar la vestimenta reglamentaria en este tipo de tareas.

El negocio de la DGT

La máxima responsable de la DGT también rehuye afrontar las responsabilidades de su gestión respecto al ascenso del número de víctimas mortales por accidentes de tráfico. El problema lo constituye, según ella, el uso de las carreteras convencionales y vehículos con demasiada antigüedad. Es decir, la solución pasa necesariamente por el negocio de empresas externas a esta dirección general. Las situaciones descritas no constituyen hechos aislados, sino que responden a la forma de entender la seguridad vial como un negocio que María Seguí ha hecho patente desde que ostenta el cargo. Por ello, si se indaga en aspectos menos mediáticos de su gestión no extraña que el proceso de privatización de las funciones de este organismo se haya acentuado en los últimos años. Los beneficiarios de todo este proceso son las entidades privadas que gravitan alrededor de la DGT: centros médicos, gestorías, autoescuelas o desguaces, a los que el ciudadano tiene que pagar por hacer uso de un servicio que debería ser público (sin dejar, eso sí, de abonar las pertinentes tasas a través de otros beneficiados, los bancos). A estos elementos tenemos que sumar ahora empresas como Indra, a las que han sido encargadas la realización de los nuevos sistemas informáticos. Estas tareas podrían haber sido realizada por el cuerpo de técnicos informáticos que ya posee el organismo pero se ha elegido pagar cantidades astronómicas por nuevas aplicaciones que, como estamos comprobando en nuestro trabajo diario, dejan mucho que desear. Pero todo esto no acaba aquí, continua con la subcontratación de los trabajadores que se dedican a la seguridad, limpieza o mantenimiento informático. Las empresas ganan los concursos y, una vez conseguido el dinero por parte de la administración, impagan sistemáticamente a sus empleados, que en algunos casos no tienen ni siquiera derecho a la subrogación. Desde la Dirección no se hace ningún seguimiento del cumplimiento de lo firmado por parte de estas empresas respecto a las jornadas laborales y cotizaciones de trabajadores que llevan a cabo sus tareas en las jefaturas provinciales. Por otra parte, las obras de acondicionamiento y reforma de las jefaturas presentan concursos con falta de publicidad y presupuestos que exceden en mucho lo que los trabajadores de la DGT estimamos que debería ser su costo.

La situación de los trabajadores

En esos negocios no cabemos los empleados públicos, solo la precariedad. Esto se puso de manifiesto en la huelga que llevaron a cabo los examinadores y otros colectivos de funcionarios de la DGT durante el año pasado. Entre sus motivaciones se encontraba el asegurar un servicio público por el que se teme que corra el mismo destino que otras competencias de la DGT. También se reclamaba la dignificación de las condiciones laborales de los empleados, que se encuentran en claro agravio comparativo con el resto de trabajadores de otros organismos de la Administración General del Estado. Esto último ha producido una sangría en la plantilla que se agrava con el tiempo: nadie solicita trabajar en la DGT en los concursos de rovisión de puestos de trabajo. A medida que se privatiza se recorta el número de trabajadores públicos. De la misma forma, el organismo va perdiendo su carácter de servicio público para convertirse en un chiringuito en el que no es de extrañar que sucedan cosas como las que muestran las grabaciones publicadas por los medios de comunicación.

Desde la sección sindical estatal de CGT-CAT queremos expresar nuestra indignación ante la situación a la que nos ha llevado la actual Directora General. Los trabajadores de este organismo no merecemos que la opinión pública pueda atribuirnos responsabilidad en semejantes escándalos y corruptelas, de la misma forma que la ciudadanía no debe tolerar que los servicios públicos se gestionen como si de un negocio privado se tratara. Llevamos mucho tiempo denunciando ante nuestros superiores lo que ocurre y sabemos que, dada la situación del gobierno actual, el puesto de la señora Seguí es temporal. Lo que esperamos es que alguien tome cartas en el asunto lo antes posible y se escuche la voz de los que garantizamos que la DGT pueda seguir siendo un servicio público.

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