«La campaña mediática de demonización de los “okupas” se basa en un burdo ejercicio de manipulación de la opinión pública
Desde la Asamblea Popular de Fuerteventura queremos denunciar la campaña mediática de demonización de los “okupas”. Consideramos que es una campaña que atenta contra el derecho del acceso a la vivienda y que se basa en un burdo ejercicio de manipulación de la opinión pública. Por ello queremos expresar lo siguiente:
1. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en toda España, como indica un estudio del Institut Cerdà. El estudio completo puede consultarse y leerse en este enlace https://www.icerda.org/es/mas-de-87-familias-ocupan-ilegalmente-viviendas-en/
2. Del total de viviendas ocupadas, sólo una de cada diez es identificada como “problemática”. Por lo tanto, hablar de “mafias que atentan contra la convivencia” es a todas luces exagerado y un ejercicio de manipulación, pues hablamos de un 0,03% sobre el total de viviendas ocupadas.
3. La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas. Según el estudio del Institut Cerdá “las viviendas ocupadas que son propiedad de particulares son un 0,02 % del total”, es decir, las casas ocupadas que no están en manos de la banca privada, sino que son propiedad de particulares, no llegan ni al 0,1% (consultar estos datos aquí https://verne.elpais.com/verne/2019/05/16/articulo/1558015569_606214.html . Pero la prensa y los partidos políticos de derechas nos dicen que hay miles, miles y miles de casas ocupadas de particulares y, precisamente por ello, te advierten de que debes tener cuidado al salir a comprar el pan, que igual te ocupan tu casa. Es delirante. Es una campaña manipuladora que no se basa en la realidad. Que apela a nuestros instintos, a nuestros miedos (como lo es el miedo a perder nuestra vivienda), para que rechacemos a los “okupas” de forma irracional y emotiva. Para que los odiemos.
4. En España en los últimos diez años (2010-2020) han sido desahuciadas más de 700.000 familias (y el 65% de estos desahucios han sido ejecutados por bancos rescatados con el dinero público de todos los españoles). Frente a este drama social tenemos 3,5 millones de viviendas vacías, la mayoría de ellas en manos de fondos buitre y bancos, es decir, en manos de empresas que prefieren tener las casas vacías buscando el momento oportuno para ponerlas en alquiler o venderlas, antes que cederlas al Estado como viviendas sociales. Estas empresas se mueven únicamente por la búsqueda del lucro.
5. La prensa nos vende la idea de que los “okupas” son aprovechados y parásitos que no quieren trabajar y que se aprovechan de las ayudas sociales (básicamente es el mismo mito que se dice de la inmigración). La realidad es que tres de cada cuatro personas que ocupan lo hacen porque no pueden pagar una vivienda. Es decir, que los famosos “okupas” se ven obligados a ocupar para no terminar viviendo en la calle, literalmente. Las razones son sencillas. Los precios del mercado están totalmente desvinculados de los ingresos de la mayoría de los españoles (tanto para alquilar, con precios a todas luces abusivos, como para comprar), y no hay otras opciones: la vivienda pública apenas llega al 2% del parque total, a años luz de la media europea, el 15%. Estos datos pueden consultarse aquí
https://obrasocialbcn.net/wp-content/uploads/2018/10/Informe_castellano_portada.pdf
6. Esta campaña mediática y política contra los “okupas” está orquestada por la banca y los fondos buitre. Su objetivo es fortalecer la especulación inmobiliaria. Cuando los bancos se convirtieron en los gigantes del sector inmobiliario, con montones de viviendas en sus manos tras desahuciar a las más de 700.000 familias que ya dijimos, necesitaban colocar esas viviendas de nuevo en el mercado. Pero se encontraron un problema. Los jóvenes no tenían capacidad de acceder a los créditos hipotecarios, y vivían esencialmente alquilando. ¿La solución? Trasladar la especulación con la vivienda al mundo del alquiler. Así, fondos buitre como Blackstone acapararon estas viviendas que tenía la banca y las destinaron al alquiler empleando sociedades que tenían privilegios fiscales (las Socimis). Más tarde, el gobierno sacó una legislación que quitaba derechos a los inquilinos y se facilitó la expulsión de las viviendas alquiladas y aumentaron los precios (estos también se dispararon como consecuencia del auge del alquiler vacacional).
7. Los beneficios inmobiliarios se han triplicado, recuperando ya los niveles de 2007, año del estallido hipotecario. Pero lo han hecho a costa de empobrecer a millones de hogares y disparar los desahucios, que han vuelto a las cifras de los peores años de crisis financiera. Con la diferencia de que ahora son, sobre todo, por impago de alquiler. Y de que la amenaza de desahucio ya no afecta solo a los más pobres: la burbuja del alquiler se come en España más sueldo que en ningún otro país de la OCDE.
8. Habiendo un 13% de casas ocupadas sobre el total de viviendas vacías, y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el la prensa y los partidos políticos de derechas hacer campaña mediática y política en torno a lo segundo? ¿Por qué se ceban con esa minoría de familias okupas sin alternativa, en lugar de abordar el problema de los fondos buitre o los 165 desahucios que se producen al día en España?, ¿por qué no nos cuentan que ya existe una ley para expulsiones exprés de los okupas exclusiva para viviendas de particulares? (consultar aquí: https://www.publico.es/sociedad/desahucios-funciona-ley-expres-echar-ocupas.html), ¿tendrá algo que ver que la banca y los fondos buitre buscan una ley de desahucio exprés para viviendas vacías que están en sus manos?.
9. El derecho a la propiedad privada está sumamente protegido en España. Es de hecho, un derecho fundamental. Pero no debemos olvidar que la función social de este derecho delimita su contenido. Esto quiere decir que no es un derecho absoluto, tiene límites. Debe tenerse en cuenta que el derecho a la propiedad privada puede entrar en conflicto con otros derechos, e incluso puede llegar a anularlos. Por ejemplo, que la banca tenga derecho a tener la propiedad de millones de viviendas (unos 3 millones de viviendas vacías en España están en manos de la banca privada y de fondos buitre como Blackstone) entra en conflicto con el derecho humano del acceso a la vivienda (reconocido por la O.N.U. desde 1948), pues la banca y las empresas inmobiliarias buscan hacer negocio y sacar beneficio de dichas viviendas que desea colocar en el mercado, por lo tanto, puede suceder que haya gente que se quede sin vivienda, y de hecho sucede. Según la definición de la O.N.U. de los derechos humanos éstos «ni se compran, ni se ganan, ni se heredan», sin embargo, en España el derecho del acceso a la vivienda tienes que comprarlo, y encima a través de entidades bancarias por medio de préstamos hipotecarios.
10. Si la vivienda estuviera garantizada, y este es el quid de la cuestión, no habrían okupas. Pero mucho más importante, no habrían familias ni personas sin hogar.