La Axencia Asturiana de Cooperación y el 6 de marzo en Colombia

COLOMBIA: DERECHOS HUMANOS, ¡YA!

POR LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL

CONTRA LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, DESAPARICIONES Y SECUESTROS&nbsp

Colombia lleva sufriendo un conflicto social, político y militar fruto de la grave situación de injusticia social que padece la mayoría de su población, desde hace más de 40 años. Una situación de permanente, sistemática y continua violación de los derechos humanos, donde la población civil continúa siendo la principal víctima de los abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados por todas las partes del conflicto, en su mayoría por los grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas de seguridad, y también por los grupos guerrilleros.

Más de 70.000 personas, la mayoría civiles, han muerto a consecuencia de las hostilidades. Se han descubierto más de 3.000 fosas comunes. El conflicto ha provocado 4´2 millones de personas desplazadas, más de 30.000 han sido víctimas de desapariciones forzadas desde el inicio del conflicto, mientras que más de 23.000 personas han sido secuestradas en los últimos 11 años.

El proceso de Justicia y Paz que regula la desmovilización de grupos armados impulsado por el Gobierno de Colombia sigue sin cumplir las normas internacionales de derechos humanos sobre verdad, justicia y reparación. Además, ha contribuido a la consolidación de la impunidad, sin que haya dado lugar a una verdadera desmovilización de los grupos paramilitares.

La tensión política, el incremento de la violencia, el desempleo y la ruina de pequeñas y medianas empresas nacionales, sólo ofrecen para Colombia un panorama de crisis económica, social y política, y un incremento de la violencia directa y de la violencia estructural.

El escándalo de los “falsos positivos”

A finales de octubre de 2008, se hizo público el escándalo de los homicidios de decenas de varones jóvenes de clases marginales, secuestrados y presentados falsamente por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. Miembros del ejército colombiano fueron acusados y condenados por asesinar civiles, generalmente campesinos o jóvenes de sectores populares, que luego uniformaban de guerrilleros con el objetivo de mostrarlos como bajas en la denominada “guerra contra el terrorismo”.

Esta estrategia conocida como “falsos positivos”, práctica favorecida por la política de recompensas del Gobierno, se reconoció oficialmente cuando 19 jóvenes desaparecidos en un barrio de Bogotá fueron encontrados en fosas comunes de zonas rurales a más de 500 kilómetros, en setiembre de 2008.

Los militares capturan y asesinan civiles, manipulan la escena de los crímenes, arman y uniforman los cadáveres, dan el parte de “positivo” y los presentan como guerrilleros dados de baja en combate. Disfrazados como guerrilleros han presentado muertos a jóvenes desempleados, discapacitados, sindicalistas, campesinos, indígenas, estudiantes, defensores de los derechos humanos,… A cambio los soldados y oficiales reciben ascensos, días libres, pagas extras y la garantía de la impunidad, pues la mayoría de los crímenes cometidos por militares son juzgados por otros militares, aunque con ello se viole leyes y tratados que prohíben estos juicios en casos graves de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.

El escándalo hizo que el Gobierno se viese obligado a expulsar a 27 miembros de las fuerzas de seguridad, algunos de ellos con rangos de generales y coroneles.

Estos últimos homicidios no son sino la punta de un gigantesco iceberg. Los “falsos positivos” que se reconocen en el Derecho Internacional como Ejecuciones Extrajudiciales hacen parte de la realidad colombiana desde hace más de veinte años. Grupos de derechos humanos colombianos e internacionales llevan años denunciando las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, donde esta práctica sigue siendo generalizada y sistemática.

Se han denunciado más de 1.400 casos de “falsos positivos” y ejecuciones extrajudiciales bajo la política de la llamada “seguridad democrática” implementada por el Gobierno colombiano desde el año 2002. Más de 1.400 personas han sido secuestradas, desaparecidas y asesinadas en condiciones de indefensión por miembros de la fuerza pública durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los militares y el Gobierno colombiano las llaman “falsos positivos”, según la ley son ejecuciones extrajudiciales y según las víctimas crímenes de estado.

Estamos ante una gravísima situación de terror institucionalizado, en la que los grupos de narcotraficantes y paramilitares utilizan los cuerpos de seguridad del estado para actuar en beneficio de mafias políticas, empresariales y multinacionales con el objetivo de robar tierras, lavar dinero y acabar con los derechos laborales.

Resulta inadmisible cualquier defensa de estos crímenes, ya sea por razones ideológicas, económicas o de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la autodefensa o de cualquier otro argumento.

Toda expresión o discurso con el que se pretendan justificar las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, aleja del camino de la paz y la democracia, máxime si es el Estado el que lo induce.

El Gobierno colombiano debe reconocer la existencia de víctimas de crímenes de Estado.

Debe respetar su derecho a organizarse y reconocer su legitimidad para hacerlo. Igualmente debe articular las garantías necesarias para ejercer la oposición política y la protesta social.

Debe garantizar a las víctimas su protección y los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación y las garantías de No Repetición. Deben identificarse plenamente los restos encontrados en las fosas comunes y ser devueltos a sus familiares. Deben restituirse las tierras a los desplazados y&nbsp la derogación de las medidas legales que profundizan la expoliación de los territorios y que benefician a las transnacionales. Deben desmontarse definitivamente los grupos paramilitares. Debe perseguir y castigar a los funcionarios públicos, partidos políticos y empresas transnacionales comprometidos en la “narcoparapolítica”, que son los autores intelectuales y beneficiarios directos de crímenes de lesa humanidad. Debe haber un reconocimiento público de los crímenes por parte de quienes los han cometido, permitido o auspiciado para que la sociedad colombiana en su conjunto se horrorice por el pasado criminal del poder económico y político y para que nunca más permita que se repita.

El Gobierno colombiano debe reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno y cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y garantizar a todas las víctimas la obtención de justicia y reparación. Además, debe aplicar plenamente y con prontitud las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A los grupos guerrilleros responsables de secuestros, toma de rehenes, tortura, violencia sexual contra mujeres y niñas, y el uso de niños y niñas soldado, les exigimos de forma inmediata el cese de toda acción que atente contra la población civil y el acatamiento y respeto, total e inmediato, de los derechos humanos y de los principios y normas del derecho internacional humanitario.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la ambigüedad de la Unión Europea ante el conflicto colombiano. Son necesarias acciones claras de apoyo a una salida política y negociada al conflicto armado.

Deben condicionarse las inversiones de las empresas de capital europeo al estricto cumplimiento y respeto de los derechos humanos en territorio colombiano. Debe privilegiarse la cooperación para la paz antes que para la guerra, por lo tanto deberían anularse los contratos de venta de armas y cooperación militar con Colombia hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, de forma que no haya riesgo que la ayuda prestada o el material militar sean utilizados en violaciones de los derechos humanos.

La firma de cualquier tratado de libre comercio con Colombia debería estar condicionado al respeto a los derechos humanos y a la superación real de la situación de empobrecimiento en la que vive la mayoría del pueblo colombiano.

Debería condicionarse la cooperación con Estado colombiano al desmonte real de los grupos paramilitares y a la no utilización de tácticas de guerra no convencional o a métodos proscritos en el derecho internacional humanitario.

La unión Europea debería comprometerse en la construcción real de condiciones para la paz con justicia social en Colombia, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y con la exigencia de la superación real de la impunidad en Colombia.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Todas las partes involucradas en el conflicto atacan deliberadamente a mujeres y niñas para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y facilitar así el control militar del territorio, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y poder apropiarse de las tierras abandonadas y para vengarse del enemigo. Se ataca también a mujeres en represalia por sus actividades como defensoras de los derechos humanos.

La violencia sexual o por motivos de género no es un fenómeno nuevo en Colombia; ha sido una constante en la historia del país y un rasgo definitorio del conflicto. La violación –utilizada como método de tortura y en ocasiones como una forma de «deshonrar al enemigo»– ha sido una característica habitual de éste.

En el contexto del conflicto, los abusos sexuales contra mujeres y niñas y la explotación sexual de éstas siguen siendo en gran medida un «problema silenciado» en comparación con otros abusos contra los derechos humanos.

Este hecho se debe en parte a que la violencia ejercida contra las mujeres sigue considerándose a menudo un asunto privado y un hecho normal. El miedo y la vergüenza provocados por los abusos sexuales han impedido también a muchas mujeres alzar su voz.

En Colombia, al igual que en otros estados, las mujeres y las niñas son víctimas de la violencia social y doméstica. Sin embargo, el conflicto agudiza estas formas de violencia y los estereotipos de género que las sustentan.

Entre los años 2002 y 2007, más de 1.500 mujeres murieron violentamente por causas de índole sociopolítica, y más de 200 fueron víctimas de desaparición forzada.

Sin embargo, en Colombia, al igual que en otros estados, las estadísticas oficiales sobre violencia sexual no reflejan la auténtica magnitud del problema. Por ejemplo, se considera que no se denuncian ni mucho menos todos los actos de violación.

Son pocos los responsables que comparecen ante la justicia, y el grado de impunidad de los delitos de violencia sexual es uno de los más altos.

Las mujeres son por lo general las personas más afectadas por el trauma del desplazamiento. Lo habitual es que muchas mujeres desplazadas hayan perdido recientemente a sus esposos como consecuencia del conflicto y hayan tenido que huir de sus casas en zonas rurales, llevándose a sus hijos e hijas y abandonando sus enseres y animales.

El tipo de refugio que encuentran en las ciudades y en los barrios marginales de los alrededores es generalmente precario. Las mujeres desplazadas corren un peligro mayor de sufrir actos de violencia sexual, como violaciones, o de tener que prostituirse porque sus redes de subsistencia y apoyo han quedado destruidas. Tanto cuando se desplazan como después de haberse asentado en un lugar, se encuentran con obstáculos que les impiden el acceso a bienes y servicios y con un ambiente en el que se las estigmatiza a menudo como presuntas simpatizantes de la guerrilla.

Paramilitares reclutan a chicas menores de edad con el fin de prostituirlas. Asimismo, grupos paramilitares han amenazado y matado a profesionales del sexo en muchas zonas del país en un intento de eliminar a personas que consideran socialmente indeseables.

Al mismo tiempo, grupos paramilitares, con la colaboración de bandas de delincuentes, han secuestrado y violado a mujeres y niñas en varias zonas de Colombia. Después las han obligado a trabajar como prostitutas, por lo que estos grupos son responsables de constantes actos de violación.

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