La Argentina que deja Néstor Kirchner, el “Restaurador”

“Con el matrimonio Kirchner se han logrado cosas que antes parecían imposibles”, dice sentado en la biblioteca de su casa Osvaldo Bayer, historiador y militante anarquista, en cuyo libro se inspiró la película La Patagonia Rebelde. “Gracias a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue posible juzgar a los criminales de la dictadura. También fue positiva la devolución del dinero de las jubilaciones privadas al Estado y muchas otras medidas que fueron dejadas de lado hasta ahora. Aunque no se logró todo lo que habría que haber hecho para democratizar el país; porque no hay verdadera democracia mientras haya villas miseria y niños con hambre. Por eso hay que seguir empujando”.

Cuando en 2003 Néstor Kirchner fue elegido presidente con el 22% de los votos, su nombre impronunciable apenas era conocido por una pequeña parte de los argentinos. El rechazo popular a los políticos tradicionales fue más importante que sus propuestas electorales o su pasado como gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde cumplió un papel importante en la privatización de la petrolera estatal YPF.

“Antes de ser presidente nunca le habían importado los derechos humanos y fue totalmente menemista en su concepción económica”, relata a DIAGONAL Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. “Entonces, ¿qué le llevó a cambiar de política?”, se pregunta este activista, detenido y torturado en la Escuela Mecánica de la Armada. “Lo que pasó”, se responde a sí mismo, “es que los vientos habían cambiado”.

La crisis del modelo económico neoliberal de los ‘90 no había tardado en llegar. Desde 1998 a 2002, el PIB había caído un 19% y la inversión un 60%, el desempleo afectaba al 24% de la población y la pobreza al 50%. Las marchas contra la impunidad, el nacimiento de los movimientos de piqueteros, de desocupados, de jubilados, las luchas laborales y, después del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, la incorporación a la protesta de los sectores medios con las asambleas barriales y los cacerolazos contra el sistema bancario “empezaron a cambiar el consenso social”, recuerda Fukman.

En las elecciones legislativas de 2001 el voto en blanco y el voto impugnado, el llamado ‘voto bronca’, ya se había convertido en la primera fuerza política. “Si las asambleas barriales se encontraban con un político lo escracheaban espontáneamente, no importaba de qué partido fuera. Y eso es lo que viene a cambiar el Gobierno de Kirchner”, dice Carina López, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), una plataforma de movimientos de trabajadores desocupados que se mantiene independiente del oficialismo.

Néstor Kirchner, sin una base social propia, “supo hacer una relectura correcta de cuáles eran las demandas sociales, una demarcación de cuál es el espacio que cedería a las demandas populares”, admite a DIAGONAL Franco Basualdo, también activista del FPDS. El objetivo era, según Basualdo, devolver la estabilidad, la legitimidad a las instituciones.

Al final del túnel

La salida de la crisis, según afirma el economista Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierdas, se produjo gracias a dos medidas que no tomó el kirchnerismo, sino dos administraciones provisionales anteriores: “Una fue el no pago de casi el 80% de la deuda externa durante 38 meses. Esto permitió al Estado salir de la crisis financiera y recomponerse. La otra fue una enorme devaluación, que pulverizó los salarios, pero mejoró las finanzas del Estado al devaluar también las deudas que tenía en pesos, mientras los ingresos se mantenían en dólares por las exportaciones, que rápidamente reaccionaron de forma favorable”.

Durante los años ‘90, el modelo económico, basado en el ajuste fiscal, las privatizaciones y la paridad entre el peso y el dólar, había favorecido el endeudamiento, la especulación y una fuerte alianza con los sectores financieros. “A partir de la devaluación de 2002”, explica Lucita, “se cambia el orden de alianzas”: el sector financiero y las empresas privatizadas ceden su lugar preponderante a los sectores industriales y agrarios. La reactivación industrial, el crecimiento de las exportaciones, sobre todo de la soja, y los efectos beneficiosos de “una economía mucho más productiva”, según Lucita, favoreció la mejora de las condiciones sociales, el descenso del paro a cifras inferiores al 10% y una recuperación de salarios al nivel de 2001.

Nestor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner a partir de 2007 aprovecharon la mejora de la economía para “desarrollar una política de subsidios”, explica Lucita, “no sólo con los sectores desocupados y marginales, sino también con las empresas de servicios públicos privatizados para que no aumentaran las tarifas”, además de lanzar medidas sociales como el aumento de las jubilaciones o un apoyo sostenido a la creación de cooperativas.

Sin embargo, la acción distributiva del Gobierno no ha limado las desigualdades. Tan grandes han sido las ganancias empresariales que “la distribución del ingreso sigue siendo prácticamente la misma que en 2002”, asegura Lucita. La dependencia de los altos precios internacionales de la soja, un cultivo altamente perjudicial para el medio ambiente y que ha desplazado a otras actividades destinadas a la alimentación como la ganadería, es una de las críticas más habituales al kirchnerismo.

“En 2002 todas las organizaciones estaban en la calle para conseguir reivindicaciones”, recuerda Carina López, del FPDS. “Con el kirchnerismo, el Gobierno da alimentos, planes, apoyo económico para emprendimientos productivos, hasta un lugar institucional a las organizaciones que se suman al proyecto. Pero al mismo tiempo mantiene una política muy dura de deslegitimar a los que se mantienen en las calles”.

Verónica Marzano, de Lesbianas y Feministas por el Derecho al Aborto señala el doble discurso oficialista en cuestiones de género. Por un lado, el Gobierno aprueba la ley de Matrimonio Homosexual y lanza la Asignación Universal por Hijo, un subsidio mensual que el Estado da a condición de que cada niño esté escolarizado y vacunado, algo que “impacta en primer lugar en las mujeres”. Por otro, recuerda Marzano, el aborto sigue penalizado, dejando a las mujeres en la indefensión total.

División del movimiento social

Esta situación inédita ha provocado divisiones internas en algunos de los movimientos sociales más fuertes, como es el caso de las fábricas y empresas recuperadas o del movimiento de trabajadores desocupados. En el ámbito de los derechos humanos, las divisiones entre organismos dedicados a pedir justicia por los crímenes de la dictadura y los grupos que pretendían mantener una posición crítica con el Gobierno por los abusos en el presente estaban servidas.

Estas pugnas internas se vieron alimentadas por la derecha y los grandes medios. “Se crea una polarización –cuenta Fukman–, de ‘estás conmigo o contra mí’. Y la izquierda no ha sabido dar alternativas”. Para Lucita el problema es que “se ha perdido capacidad de desarrollar políticas independientes. El kirchnerismo lo confronta todo y obliga a tomar posición, pero en los últimos debates no puedes quedarte al margen”. El economista pone como ejemplo la polémica en 2009 sobre el pago de la deuda externa: “La crítica de la derecha es que hay que pagarla con el presupuesto, no con reservas como propone el Gobierno. Para los trabajadores es mejor pagarla con reservas porque de la otra forma hay que hacer ajustes. El Gobierno planteó esto como algo de izquierdas, cuando lo progresista era no pagar la deuda”.


MARÍA DEL CARMEN VERDÚ, DE LA COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI)&nbsp “La política de DD HH ha creado una imagen inmune a la crítica”

Tras el asesinato del militante Mariano Ferreyra, DIAGONAL habla con Carmen Verdú, de Correpi, que representa a dos de los heridos en esta causa.

¿En qué pensaba Néstor Kirchner antes de morir? Jorge Altamira, histórico líder del troskista Partido Obrero, y Joaquín Morales Solá, analista del diario conservador La Nación, curiosamente coinciden en sus especulaciones sobre la muerte de Mariano Ferreyra. Este joven militante del Partido Obrero había sido asesinado una semana antes cuando apoyaba una protesta de los trabajadores precarios del ferrocarril. Su muerte a manos de un sicario contratado por la Unión Ferroviaria, un gremio de la CGT vinculada al Gobierno, había despertado una ola de solidaridad entre los movimientos de base. El escándalo amenazaba con avanzar hacia los responsables políticos al tiempo que aireaba una práctica convertida en habitual. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hace un balance sobre este caso y la situación de los derechos humanos en Argentina.

DIAGONAL: Ferreyra fue asesinado por un integrante de una patota sindical (grupo violento ligado a la burocracia de los sindicatos). ¿Cómo funciona este entramado?

Mª DEL CARMEN VERDÚ: Así como se terceriza –subcontrata– la producción para incrementar ganancia, nosotros hablamos de “tercerización de la represión”. El Estado utiliza estos mecanismos para lavarse las manos. Ya en 2004, cuando los Kirchner viajaron a Tucumán para un acto público, los desocupados de la zona se habían organizado para manifestarse contra el Gobierno. Quienes los reventaron a golpes fueron los grupos de militantes de Barrios de Pie, que eran también una organización de desocupados, en ese momento guardia del kirchnerismo. Ejemplos como ése hay a patadas. No puede sorprender que, frente a la movilización de los trabajadores ferroviarios tercerizados, lo que impida que corten la vía sea una patota organizada desde la Unión Ferroviaria y la empresa con reclutamiento de sicarios y con vínculos con la Policía.

En todo momento la Policía escolta a la patota y, cuando los patrulleros han quedado justo en el medio entre el grupo de movilizados y la patota, se abren y la dejan pasar. Cuando la patota ha regresado se cierran para garantizarles la huida.

D.: ¿Se trata de un caso aislado?

M. C. V.: En el periodo kirchnerista, con Ferreyra son ya siete los asesinados en movilizaciones. El primero fue en 2003 en Jujuy, en una movilización espontánea de un pueblo de diez mil habitantes, donde se movilizaron 3.000 frente a la comisaría por la muerte tras tortura de un detenido común la noche anterior. Al reprimir esa movilización fusilan a Luis Cuéllar, un chico de 19 años. En 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado con un disparo en la nuca en una movilización de los docentes en Neuquén. En 2008, Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo, murió como consecuencia de una paliza que recibió por la Policía durante un piquete organizado porque no se les pagaba su salario. En 2010 hubo tres muertes de personas que se manifestaban contra hechos previos de gatillo fácil: Vargas, Cárdenas y Carrasco. Y finalmente, ya en una represión directa contra una movilización por reclamos laborales, murió Mariano Ferreyra.

D.: Desde el exterior se percibe el Gobierno de los Kirchner como el de los derechos humanos.

M. C. V.: La llamada “política de derechos humanos” le ha permitido crear una imagen inmune a cualquier crítica que tenga que ver con cuestiones represivas. ¿Quién puede llamar represor a un Gobierno que habla permanentemente de la defensa de los derechos humanos, que reivindica las luchas de los ‘70 o asume el rol de querellante en las causas de las dictaduras? Esos hechos concretos consiguen avances, pero no tienen incidencia en la realidad represiva de todos los días.

Aparte, esa imagen ha servido para dividir los movimientos de derechos humanos existentes antes de 2003, porque muchos optaron por subirse al protoplasma del partido del Gobierno.

D.: ¿Cuál es la visión que contrapone Correpi?

M. C. V.: Hay un promedio de un muerto al día por gatillo fácil o por tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores. Hay más de 6.000 militantes o personas relacionadas con situaciones de protesta social que están bajo procesos penales. Tenemos un incremento permanente de leyes más represivas, exclusivamente en lo referente a la criminalización de la pobreza, desde luego no para los policías que cometen delitos.

Más del 66% de las personas que están en prisión técnicamente son inocentes, gozan de la presunción de no culpabilidad porque están procesadas, no condenadas. Como cualquier proceso dura cinco años, de cada diez personas que vayan a ser juzgadas, a seis, aunque se les condene, va a ser por penas menores de lo que ya cumplieron en pena preventiva.

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