Kosovo: expulsados de Base España

En una decisión sin precedentes, el primero de agosto de este año el Ejército expulsó a todo el contingente de la Guardia Civil que hacía labores de policía militar en las tropas destacadas en Kosovo. Unos días antes, el 26 de julio, cuatro agentes habían iniciado una pesquisa sobre un posible contrabando con los suministros que, desde España, se envían a la agrupación de algo más de seiscientos militares españoles desplegados en la antigua provincia serbia. Tras unos extraños incidentes, con registros irregulares a altas horas de la madrugada dirigidos por un comandante jurídico del Ejército, denuncias de alcoholismo y otros sucesos, los seis miembros del contingente del instituto armado recibieron la orden del coronel jefe de la agrupación, José Federico Fernández del Barrio, de regresar a España. Salieron custodiados militarmente y fueron embarcados en un vuelo comercial desde Skopie (Macedonia) sin más explicaciones ni aclaraciones por escrito. Las actuaciones del togado militar sobre estos hechos han quedado sobreseídas. La Agrupación Córdoba estuvo dos semanas sin policía militar, hasta que se desplazó una nueva unidad de la Guardia Civil a la zona. El Ministerio de Defensa no ha atendido las llamadas de esta revista para aclarar esta información.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron que los camiones TIR que llegaban desde España se desprecintaban en el exterior de la base por un suboficial y no se descargaban dentro, sino que acudían a unas naves en Dobrussa, a unos kilómetros de Istok –donde está Base España–, a dejar la mercancía, sin ningún control por parte de la policía fiscal, y ni siquiera de las tropas españolas. Unos días antes de ser expulsados de Kosovo, cuatro guardias acudieron a comprobar e investigar la nave donde descargaban los camiones de la UTE (Unión Temporal de Empresas) que suministra a las tropas españolas. interviú ha tenido acceso a material fotográfico y grabaciones que obtuvieron estos agentes.

Semanalmente las tropas españoles reciben al menos dos contenedores que viajan por barco hasta Grecia. Una vez allí, dos camiones transportan los suministros a Kosovo, trabajo para el que el Ministerio de Defensa ha contratado a la UTE que forman las empresas Tecnove y Ucalsa. Los suministros gozan de exención fiscal, dada la naturaleza del destino al que van, y su contenido no se comprueba por ninguna autoridad de aduanas en España. La legislación internacional establece que este control se haga en el destino. Sin embargo, para sorpresa de los agentes de la Guardia Civil, la mercancía se desembarcaba fuera de control y de instalaciones militares, en la nave de Dobrussa.

En su pesquisa, los agentes descubrieron que el kosovar propietario de esta nave regenta también el restaurante El Toro, en l misma puerta de Base España, cuya clientela son casi exclusivamente militares españoles. Al cargo de las naves, que estaban semivacías y sólo tenían productos españoles de los envíos para las tropas, estaba un kosovar. Desde allí unas furgonetas de reparto llevan los alimentos a Base España, donde la UTE se ha hecho cargo de los comedores.

En su diligencia ante el Togado Militar, a la que ha tenido acceso interviú, uno de estos agentes, especializado en Policía Judicial y adscrito a este departamento en Madrid, asegura que la averiguación de esta información y la insistencia en investigar otros delitos fue la causa final de que el contingente de guardias civiles fuera repatriado de manera drástica con sólo 49 días cumplidos de sus seis meses de misión. Esta no era la primera pesquisa de la Guardia Civil sobre anomalías de la contrata que gestiona la alimentación de las tropas españolas en esta misión de mantenimiento de la paz. El anterior relevo de policía militar ya advirtió al después expulsado de sus sospechas sobre irregularidades en la UTE.

Unión Castellana de Alimentación (UCALSA) y Tecnove son dos contratistas habituales de Defensa. Fueron, por ejemplo, los encargados de ofrecer el cáterin completo a las tropas destacadas en Irak durante aquella misión. Suministran los alimentos incluso a Afganistán, si bien en el caso del país asiático y en el de los Balcanes el cáterin es una contrata local. Diversas fuentes calculan que el monto de la operación de alimentación de las tropas en el extranjero puede rondar los 20 millones de euros al año.

Pero el desencadenante que acabó con los agentes metidos en un avión rumbo a España tuvo lugar la madrugada del 29 de julio. De acuerdo con fuentes del contingente, la tensión entre el grupo de guardias civiles y el Ejército era bastante alta pasadas varias semanas de misión, incluso entre los mismos guardias. El componente policial lo formaban un sargento y un cabo adscritos a los Grupos Rurales de Seguridad (GRS) –que hacían funciones de escolta personal del coronel jefe– y cuatro agentes de diferentes especialidades (policía judicial, fiscal, intervención de armas y tráfico). Según consta en las diligencias de los agentes, éstos presentaron un escrito ante el coronel Fernández del Barrio porque comprobaron que en las cantinas se estaba vendiendo alcohol de más de 15 grados, superior a lo permitido en instalaciones militares. Ante el escrito de los agentes, el coronel aseguró, según consta en diligencias, que “si se le echa hielo a la copa, la graduación baja y ya es legal”.

En las diligencias de otro de los agentes se hacen constar las dificultades para realizar controles de alcoholemia. Al parecer, el mando militar no quería que se hicieran al conductor y también al jefe del vehículo (que suele ser un mando), aunque la normativa militar especifica que ambos son responsables del vehículo. Los agentes mostraban también reservas en torno al tabaco que se vende en la tienda (PX en terminología militar) de la base, también en manos de un contratista local. Mientras el tabaco rubio en España cuesta en torno a tres euros, allí se vende a sólo uno. Los agentes estaban investigando la falsificación de este tabaco y pensaban enviar una muestra a España para su análisis. Se da la circunstancia de que la tienda PX del cuartel general austriaco en Pristina ha sido cerrada por contrabando.

Estos sucesos fueron el caldo de cultivo de lo que ocurrió el 29 de julio en Base España. En un confuso incidente entre un agente, el coronel jefe y el comandante asesor jurídico de la base, hubo referencias al consumo de alcohol de miembros del contingente. A partir de ese momento se inició una noche de cuchillos largos, con registros por habitaciones y seguimiento de guardias y suboficiales, todo ello a altas horas de la madrugada. Se descubrió que, fuera de las horas de servicio, había consumo más o menos relajado de bebidas de alta graduación en las zonas de vida de Base España.

Bajo la dirección del comandante jurídico del Ejército, se efectuaron varios registros, al parecer irregulares, en las dependencias de los guardias civiles. Tras aquella noche de revolución y trifulca entre guardias, militares e intentos de hacer pruebas de alcohol, el primero de agosto el coronel Fernández del Barrio comunicó por escrito que por orden del Mando de Operaciones se decidía la repatriación de toda la KUGUCI (Unidad de Guardia Civil en Kosovo) en vuelos civiles. Los agentes tuvieron que entregar armas, bienes y todo tipo de documentos, incluidos los clasificados. Como colofón, el coronel dice por escrito al que hasta ese momento había sido el sargento jefe de su escolta personal: “Se autorizan contactos directos con el jefe de la Agrupación Logística”.

Escoltados por soldados de la Agrupación Córdoba, los agentes de la Guardia Civil salieron de Base España 49 días después de iniciar su misión. Dos días después de registrar una nave sospechosa en Dubrossa. Hasta que llegó el relevo del contingente militar, la Agrupación tuvo 15 días de limbo sin ningún tipo de policía militar, ajena a la cadena de mando puramente castrense.

Alcohol y uniformes

La expulsión de los guardias vino precedida por un escándalo nocturno que ha visto y sobreseído el Togado Militar. Según fuentes de la asociación de suboficiales, el sargento de los guardias prepara una denuncia contra el coronel jefe, el comandante jurídico y algún compañero. La noche del 29 de julio, el jurídico, respaldado por su jefe y acompañado por algún guardia, registró dependencias y habitaciones del sargento intentando demostrar que éste –fuera de servicio– había bebido alcohol (lo que no es ilegal), objetivo que no logró. En el rifi rrafe, un guardia amenazó de muerte a su sargento. Éste, además de medidas disciplinarias y penales, podría pedir una compensación económica por los perjuicios sufridos.

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