Juzgada una ex concejala acusada de votar por dos pensionistas

Su abogado defensor calificó el proceso como el resultado de una «persecución política» y pidió la absolución.

En su declaración ante el tribunal la ex concejala negó que ella hubiese rellenado los impresos para ejercer el voto por correo por parte de dos pensionistas, Josefa Muñoz y José Cantillo, que vivían en los pisos tutelados por el Ayuntamiento de Monesterio. Como concejala de Bienestar Social ella era la responsable de esos pisos.

María Fernando Vasco también negó que ella tuviese conocimiento de la muerte de Josefa Muñoz, que falleció una semana antes de las elecciones del 25 de mayo de 2003. Negó igualmente que hubiese firmado los resguardos del voto, a pesar de que un informe caligráfico de la Guardia Civil dice que es su escritura.

Los empleados de Correos que testificaron afirmaron que no vieron a la concejala acudir a la oficina a entregar los votos.

Denuncia de IU

José Santiago Lavado, abogado defensor de Fernanda Vasco, insistió en que el caso se debía a una persecución política sobre María Fernanda Vasco. El letrado resaltó el hecho de que la denuncia partiera de la concejala de Izquierda Unida que asumió el cargo de María Fernanda tras las elecciones de 2003 y que la presentara cinco meses después de las elecciones. Esta concejala, Amparo Guerra, explicó al tribunal que presentó la denuncia después de encontrar los resguardos de los votos en el despacho que había ocupado Fernanda Vasco y una vez que tuvo conocimiento de que una de las pensionistas, Josefa Muñoz, había fallecido antes de la fecha de las elecciones.

En su informe final el fiscal Antonio Luengo centró la acusación en el hecho de que la concejala, que debía conocer la muerte de Josefa Muñoz antes de la fecha electoral, no pidiese que se anulara el voto, sino que lo entregase un día después del fallecimiento. «Creemos que Fernanda Vasco votó por Josefa Muñoz y ocultó a la mesa electoral que esa señora había fallecido», afirmó el fiscal.

José Santiago Lavado afirmó que la denuncia tenía el objetivo de lograr unos resultados políticos y acusó de mentir a la concejala que la presentó.

«Rellenar los certificados de voto no es ilegal -añadió el abogado-, no hay ninguna norma que lo impida». Santiago Lavado insistió en que María Fernanda Vasco no falsificó nada ni suplantó la voluntad de los pensionistas. «Esto no ha quedado probado. Es una persecución política y se ha utilizado el fiscal para ese fin».

José Santiago Lavado pidió un fallo absolutorio que restituya el honor de la ex concejala acusada. El juicio quedó visto para sentencia.

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