Juristas gitanos luchan para que el caso de Daniel Jiménez no quede impune

Jiménez murió bajo custodia policial el pasado 31 de mayo. La jueza que lleva el caso ha desestimado todas las diligencias presentadas y dado por finalizado el proceso. Un colectivo de letrados gitanos puja ahora para que se sepa qué pasó en las últimas horas de este hombre gitano en los calabozos de Algeciras.

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Daniel Jiménez, un hombre gitano residente en Algeciras fue detenido y llevado a la comisaría el 31 de mayo, pocas horas después estaba muerto. Su familia lleva desde entonces intentando saber qué pasó. La jueza no ha considerado necesario admitir a trámite ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados.

El padre de Daniel Jiménez habló con su hijo el mismo 31 de mayo. Le dijo que estaba bien y que pasaría al juzgado al día siguiente. Por la mañana, el hombre supo que su hijo había muerto, se había suicidado aquella madrugada. No les entregarían el cuerpo hasta cinco días después.

Mientras la familia iniciaba un proceso para esclarecer los hechos, en las redes sociales distintos colectivos gitanos daban visibilidad a este caso. La muerte de George Floyd como resultado de violencia policial estaba reciente y la denuncia de la violencia policial en el centro de debate. Muchos se preguntaban por qué la sociedad española ponía su mirada sobre lo ocurrido en EEUU y no sobre la realidad del pueblo gitano, concreta en casos como este. Recordaban también la impunidad con la que se responde a estos hechos. Una impunidad que la familia, de la mano de Juristas Gitanos, quiere evitar después de que la jueza archivara el caso tras denegar las principales peticiones de diligencias.

En la comisaría de Algeciras han fallecido dos personas en menos de cinco meses y de la misma forma, denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

“Estamos hablando de diligencias como la toma de declaraciones de los policías que estaban en el momento del suceso a cargo de la custodia de Daniel. Identificación de otros detenidos en ese momento en el calabozo y, por supuesto, lo más importante: las grabaciones en los calabozos de ese día”, repasa el abogado Israel Cortés que estima que es de suma gravedad que se haya negado esta información. Gravedad a la que se suma la fórmula elegida por la jueza para desestimar las diligencias: “Lo hace a través de una providencia que es un tipo de resolución que está pensada para meros trámites y que no requiere siquiera de justificación. Algo así se debe justificar por auto y, además, fundamentándose, porque si no generas una indefensión que es absolutamente inadmisible”. Para Cortés, las implicaciones de este proceder son relevantes: se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Anuncia que también han recurrido esa providencia.

Esta resolución por providencia es una anomalía más de las que padece el caso, como la no entrega del cuerpo durante días y el hecho de que es la segunda muerte de un interno en iguales circunstancias. “Lo que me parece mas grave todavía es que ni siquiera se nos ha admitido a trámite la personación.” Un hecho que Cortés atribuye en cierta medida al parón generalizado derivado de la pandemia, pero que limita sus posibilidades de participar en el proceso.

Las grabaciones en vídeo no han sido remitidas al abogado de la familia, y podrían borrarse automáticamente a los 30 días de su grabación

“No solamente hemos pedido las prácticas de diligencia, sino también el aseguramiento de esos vídeos teniendo en cuenta que en treinta días esto se puede perder”. Las grabaciones permitirían ver qué pasó, pero “el tiempo corre en nuestra contra, lamenta el abogado. Cortés habla en plural, pues no está solo en este recurso. Pertenece a un colectivo de Juristas Gitanos. El caso Jiménez es su primera experiencia común.

Abogados gitanos

“Que haya un colectivo de abogados gitanos es una buena noticia, era necesario”, explica Iñaki Vázquez, director de la Plataforma Khetane, una entidad que reúne a colectivos gitanos por todo el estado. Vázquez cuenta que, en general, hasta el momento para el trato con la justicia se optaba a menudo por recurrir a abogados y abogadas gitanas o gente con sensibilidad hacia este tema. El hecho de que se haya articulado una red, piensa, facilitará esta labor de coordinación ante las dificultades de acceso a la justicia que padece el pueblo romaní.

“Si los gitanos y gitanas no acceden a la Justicia, es un tema estructural. Si tuviéramos que reducirlo a una frase, se trata de un tema de desconfianza en una parte del poder del estado que normalmente es culpabilizadora de los gitanos”. Vázquez lo compara hasta un cierto punto con lo que pueda pasar con la violencias machistas, y las reticencias de aquellas mujeres que al padecer violencias machista, sienten además “que no se las cree y encima se las culpabiliza”.

Si realmente Daniel Jiménez se suicidó bajo custodia policial, “tendremos que ver si en ese cometido de custodia se han cumplido todas las exigencias para evitar que eso sucediese”, apunta el abogado

Cortés cuenta que en el caso de Jiménez “la familia está rota. Ahora mismo lo que quieren es saber lo que ha sucedido, buscan descansar. Asegurarnos de que se han cumplido todas las garantías con Daniel, ni más ni menos”.  El abogado considera necesario traer luz al asunto, tanto si se corresponde con  lo que dice la versión policial como si no. En el primer caso, apunta, si realmente Daniel Jiménez se suicidó bajo custodia policial, “tendremos que ver si en ese cometido de custodia se han cumplido todas las exigencias para evitar que eso sucediese”. Ver, en definitiva si hay responsabilidades y que se depuren, porque es evidente que no es normal que nadie muera de manera violenta en una comisaría”.

Y menos normal es, que como denunciaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) el pasado martes 23, que esto suceda por dos veces en menos de cinco meses. La organización registraba una una queja ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) en la solicitaba que se realizase una visita a la Comisaría Local Algeciras con el fin de examinar las condiciones de detención y custodia, pues, a la muerte de Daniel Jiménez, se le suma la de Imad Eraffali hace menos de seis meses. Desde la delegación del Campo de Gibraltar, comunicaban en nota de prensa, se manifestaba preocupación “dado que las dos personas han muerto de la misma forma, por ahorcamiento con las tiras de una manta”.

En APDHA cuestionan que los protocolos de actuación policial durante la detención y custodia sean adecuados para evitar estos casos, así como, en términos de vigilancia, recuerdan que “la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad obliga a disponer de sistema de videovigilancia y videograbación de todas las dependencias en las que, por la razón que sea, permanezcan las personas detenidas conforme a los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio del Interior tras distintas recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo”.

El delegado de Algeciras, Andrés de la Peña, se reafirma en su extrañeza ya no solo ante el hecho de que se hayan dado dos casos de suicidio sino ante las circunstancias, casi idénticas y que en ambas el juez a cargo no haya visto nada extraño

El delegado de Algeciras, Andrés de la Peña, se reafirma en su extrañeza ya no solo ante el hecho de que se hayan dado dos casos de suicidio sino ante las circunstancias, casi idénticas y que en ambas circuntanscias el juez a cargo no haya visto nada extraño. Cuenta que en el caso de Eraffali, el joven marroquñi, que aparentemente había ido a la ciudad a ver a su novia, fue detenido por una cuestión de papeles. 72 horas después de entrar en los calabozos estaba muerto.

Cuenta que si el primer caso les pareció extraño pero entendieron que quizás entraba en lo pausible, la cuarentena, la posibilidad de que el chico se quitara la vida ante la angustia de una eventual expulsión, “en el segundo hecho dijimos, aquí pasa algo. En este caso además, al principio algunos medios dijeron que el chico ya había intentado suicidarse. De ser así, lo mínimo es tener un protocolo listo para que esta persona con estos indicios no lo volviera a intentar”.

Además de difundir diversas versiones de los hechos “rumorología” en los términos del letrado Israel Cortés, fueron varias la versiones de los motivos por los cuales la policía habría detenido a Jiménez, siendo finalmente una cuestión de violencia de género la determinante. Para este abogado, sin embargo, de lo que se acusase a Jiménez y la causa en torno a su muerte son dos cuestiones totalmente distintas.

Vázquez lo resume así: “Cuando hay un incidente racista se articula todo un sistema de culpabilización de la víctima porque algo habrá hecho, o de alguna manera incorrecta se habría comportado. Y lo que hace el movimiento, Black Lives Matter es decir, no me importa una leche lo que hiciera, este asesinato tiene un componente racista que hay que eliminar de la sociedad, hay que acabar con él”, argumenta desde una mirada más amplia en la que la culpabilización de la víctima “de alguna manera justifica la reacción recibida”.

Por ello, tanto Vázquez como Cortés consideran un gran paso la creación de este grupo de abogados y abogadas gitanos, sensibles al antigitanismo y al racismo institucional y control policial que forma parte de la realidad cotidiana del pueblo gitano. “Al final el derecho no es más que una expresión de la propia sociedad en la que vivimos”, argumenta Cortés. “Nosotros lo que no quisiéramos que suceda nunca es que la muerte de nadie y en este caso particular de un gitano se cierre con un archivo de mero trámite”.

Para Cortés, a pesar de lo doloroso del caso el hecho de que se haya creado este “brazo jurídico propio” es muy emocionante, pues “es evidente que la vía jurídica, la vía legal esa una herramienta indispensable que hoy por primera vez estamos utilizando de manera colegiada como gitanos.

El grupo, un proyecto con varios meses de recorrido que sin embargo empezó a articularse durante la pandemia a raíz de encuentros online cuenta hoy con personas en todo el territorio: “No tenemos todos una relación directa o no la hemos tenido hasta la fecha, pero yo creo que compensamos esa falta de cohesión ahora mismo con la sensación de que estamos haciendo historia de alguna manera y sabiendo además que toda esta experiencia la vamos a combinar a futuro porque desgraciadamente vamos a tener que lidiar en más de una ocasión en situaciones así”. Para facilitar su labor el grupo ofrecerá en los próximos días asesoría jurídica virtual.

Fuente: El Salto

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