«Juicio a los presos políticos catalanes: Un termómetro de la calidad democrática en el Reino de España». Entrevista

Este juicio puede servir para juzgar al actual régimen monárquico, incapaz de dar respuesta a las exigencias democráticas del pueblo catalán. Y juzgas también a los tribunales de este régimen, unos tribunales que han montado este juicio con el único objetivo de venganza para condenar a los procesados. Podrá suceder que los acusados sean quienes pongan al desnudo a sus jueces y al actual régimen político. Miguel Salas entrevistó para Sin Permiso a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. SP

  1. A pocos días de inicio del juicio ¿con qué ánimos lo afrontan tus defendidos y en general los procesados?

Todos los acusados llevan ya mucho tiempo deseando poder explicarse ante el Tribunal Supremo e iniciar las sesiones de juicio. La prisión provisional es una situación muy angustiosa porque implica el encarcelamiento (algunos de los presos llevan así más de un año) antes de cualquier juicio y por tanto sin declaración de culpabilidad. Son inocentes en prisión. Tienen por tanto muchas ganas de empezar el juicio y están todos los acusados con mucha energía y determinación para afrontarlo.

  1. Habéis denunciado numerosas irregularidades previas ¿cuáles son las más significativas?

Las más importantes tienen que ver con la existencia de investigaciones de la Guardia Civil, capitaneadas por mandos claramente hostiles a la causa política del independentismo, por las que se ha investigado a todo un movimiento político, no por lo que supuestamente hubiera hecho sino por quién son. En esas investigaciones secretas se ha hecho acopio de pruebas que finalmente se llevan al Tribunal Supremo sin que los acusados hayan podido intervenir en los procedimientos donde se han originado.

  1. ¿Tiene alguna base real o jurídica la acusación de sedición y rebelión?

No la tiene y no sólo lo decimos las defensas sino que hay manifiestos de decenas de profesores y catedráticos de derecho penal que así lo denuncian. Incluso el propio redactor del delito hubo de efectuar declaraciones públicas para denunciar la irracionalidad de entender que en Catalunya se había producido una rebelión. Cuando dicho delito se tipificó en el año 1995 la discusión parlamentaria dejó muy claro que no se podía configurar el delito de rebelión de forma que posibilitara su abuso contra la disidencia política, por lo que solamente una insurrección violenta y armada constituye rebelión.

Cuanto al delito de sedición, que se vincula con el “alzamiento” para impedir el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de autoridad, tiene igualmente muy poca relación con las manifestaciones sucedidas en Catalunya, pero lo más importante que debemos defender es que una interpretación del Código Penal que incluyera el referéndum o la concentración del 20-S dentro del delito de sedición abriría la puerta a la criminalización de cualquier tipo de protesta social, manifestación, reunión o huelga, actuaciones que como sabemos implican necesariamente la causación de trastornos que la sociedad democrática debe tolerar para que dichos derechos no sean eliminados.

  1. Entonces ¿cómo afrontáis el juicio?

Lo afrontamos con la máxima determinación y energía con el convencimiento de estar defendiendo una causa justa. Mis mandantes son políticos encarcelados antes de juicio por cumplir con el mandato popular y por dejar votar a la población. Votar nunca puede ser delito.

  1. Son evidentes las implicaciones políticas del juicio ¿cómo afrontareis las cuestiones políticas y las jurídicas?

El juicio tenemos que afrontarlo mediante una estrategia combinada técnica y política. En primer lugar, debemos explicar qué sucedió realmente en Catalunya para evitar que el relato sesgado de la fiscalía pueda prosperar. En segundo lugar, demostraremos que los hechos que se enjuician no constituyen ningún delito. Y finalmente deberemos efectuar una denuncia o “ataque” al proceso para demostrar de qué forma se han vulnerado derechos fundamentales y se ha instrumentalizado el proceso judicial para acallar a la disidencia política.

  1. Dada la importancia del juicio, probablemente habrá todo tipo de presiones ¿cómo crees que puede afectar al desarrollo del juicio y a la sentencia?

El grado de politización de la justicia y de judicialización de la política es bochornoso. No sé qué sucederá con el juicio al “procés” pero espero que sirva para reflexionar sobre cómo deben solucionarse los conflictos políticos en una sociedad avanzada.

  1. El Tribunal Supremo está muy cuestionado al igual que toda la preparación previa del juez Llarena ¿en qué medida eso puede condicionar el proceso?

El cuestionamiento de la regularidad del proceso y de la imparcialidad e independencia del Tribunal Supremo será un argumento de las defensas. Su recorrido es incierto, pero cabe pensar que cristalizará en mayor medida en un futuro recurso ante la jurisdicción internacional en el caso de que tengamos que recurrir la Sentencia allí.

  1. Se han anunciado protestas contra el juicio y para exigir la libertad de los presos y las presas ¿eso puede ayudar a la defensa?

Personalmente creo que los abogados no podemos condicionar las reacciones que se produzcan fuera del juicio. Habrá dos tipos de presiones, seguramente, la de la opinión pública que es libre de opinar y manifestarse sobre cualquier hecho trascedente y por supuesto sobre un juicio de esta índole; y después existirán las presiones interesadas desde el poder o los medios de comunicación que pretenderán condicionar el juicio para conseguir una condena ejemplar. Estas últimas presiones, incompatibles con la presunción de inocencia según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las denunciaremos aquí y donde sea.

  1. No hay duda de la importancia de este juicio, en primer lugar para los procesados, pero también para la vida política de España y de Catalunya ¿qué repercusiones puede tener?

El presente juicio será el termómetro de la calidad democrática de España. La respuesta jurídica que se de al derecho a la protesta y a difundir ideas políticas independentistas, será la respuesta que después se exportará con relación a cualquier manifestación de oposición o disidencia política o de ejercicio de derechos civiles, sobre todo con relación al derecho a la contestación o protesta política. Los derechos civiles y políticos futuros dependerán de lo que ahora diga el Tribunal Supremo.

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