Jueces y fiscales progresistas contra la reducción a seis meses de la instrucción en los casos de corrupción

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La asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han criticado duramente  la propuesta de limitar a seis meses las investigaciones por casos de fraude y corrupción que plantea el Gobierno del PP en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en breve llegará a debate parlamentario.

La ley, elaborada por el titular de Justicia, Rafael Catalá, prevé un límite a las investigaciones judiciales de seis meses, sólo prorrogables a instancias de fiscal.

El sector progresista de la judicatura y algunos magistrados conservadores pero que instruyen macrocausas de corrupción, alertan de que «precipitar estas investigaciones supone abrir una puerta a la impunidad». Desde la asociación Jueces para la Democracia se recuerda que «los casos de corrupción política o financiera son extremadamente complejos. A veces, una comisión rogatoria tarda meses o años en llegar a manos del magistrado que la ha solicitado».

Además, para garantizar el principio de garantía de defensa, los abogados tienen derecho a «interponer los recursos que pone a su alcance la ley y ese proceso no se puede pervertir ni acortar porque desnaturaliza el propio sentido del Estado de derecho».

Algunos magistrados opinan que este aspecto de la reforma de la ley de enjuiciamiento es «una trampa revestida de garantías».

En la Audiencia Nacional (que agrupa los principales macrosumarios de corrupción), la situación es casi de colapso técnico. Cada magistrado lleva a la vez centenares de expedientes de una gran complejidad. Lo mismo sucede en la Fiscalía Anticorrupción, que reclama más medios y más apoyo técnico para soportar una carga tan ingente de trabajo como la que tiene. «Si encima hemos de acortar los trámites de investigación a seis meses, los corruptos van a ser los más y mejor beneficiados porque no tendremos tiempo de acreditar la base probatoria suficiente para procesarlos«, ha dicho a este medio una portavoz de la fiscalía.

A la complejidad procesal de los asuntos de corrupción política o financiera se ha de añadir, pues, lo enrevesada y burocrática de la maquinaria procesal. Parece palmario, en definitiva, que seis meses de investigación dan para muy poco.

Prensa

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