IU desaloja en Sevilla a vecinos que han liderado luchas contra la especulación inmobiliaria

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Los vecinos de San Bernardo 52, un símbolo a nivel local de lucha contra la especulación y el acoso inmobiliario, corren el riesgo de ser desalojados en los próximos meses por la administración local regida por IU y PSOE. Estos vecinos saltaron a la luz pública cuando en 2005 ocuparon un bloque de viviendas de VPO que llevaban varios años terminadas y sin salir a concurso. El grupo, de 16 personas, formando 10 núcleos familiares, estaba formado por inquilinos de avanzada edad y escasos recursos, que llevaban toda su vida o gran parte de la misma viviendo en el barrio de San Bernardo.

Con esta acción los vecinos pretendían evitar su desplazamiento fuera del barrio. Un pequeño arrabal histórico y popular, que en la década de los noventa había sufrido una fuerte revalorización. Las operaciones de reforma interior de la administración y la construcción de lujo en su entorno le habían otorgado una nueva centralidad que atrajo a promotores y especuladores inmobiliarios. Estos se dedicaron a comprar edificios de inquilinos, para derribarlos o rehabilitarlos y construir nuevas viviendas para las clases privilegiadas de la ciudad que empezaban a concebir el barrio como un espacio atractivo para establecer su residencia. La consecuencia para los vecinos tradicionales, una población envejecida y empobrecida, fue una orgia de desalojos, declaraciones de ruina y derribos que fue eliminando poco a poco a la población humilde que había caracterizado hasta entonces el barrio.

Los vecinos ocupas, con una media de 65 años de edad, sobrevivían en viviendas plagadas de puntales, edificios donde la propiedad confiaba que su deterioro permitiera la declaración en ruina y la expulsión de los inquilinos. Su acción tenía por objetivo fundamental frenar su desplazamiento fuera del barrio, siguiendo el camino que ya habían andando muchos vecinos hacia la periferia urbana.

Las ocupaciones de 2005 fueron el colofón a un intenso periodo de luchas contra la especulación en la ciudad. Un movimiento de base, crítico y activo que se organizaba en espacios como la Plataforma para salvar el Pumarejo o la Liga de Inquilinos de Sevilla. El impacto social de los frecuentes desalojos, que se habían multiplicado entre la década de los noventa y principios de la presente década, sumado al fuerte activismo de base, fueron el contexto en el que la administración dispuso algunas herramientas para combatir las expresiones más dolosas de la especulación inmobiliaria, caso de la Oficina Técnica de Asistencia al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA). Uno de los resultados de la acción de San Bernardo fue el que la administración decidiese adquirir la totalidad de las viviendas y dedicarlas a un futuro parque de viviendas de emergencia social.

IU, recién llegada a la corporación local, tuvo un papel primordial en la OTAINSA, así como en la creación de la reserva del parque de viviendas de la empresa municipal de suelo para casos de emergencia social, que ha sido utilizado desde entonces por dicha oficina. Iniciativas que son a todas luces muy positivas. Sin embargo, la política desarrollada desde entonces por OTAINSA e IU no puede quedar exenta de crítica.

El 80% de los casos que trata OTAINSA corresponden a sectores muy determinados, fundamentalmente los sectores tradicionalmente obreros del centro histórico y sus arrabales, que han sufrido procesos especulativos intensos y donde la población tradicional ha sido sistemáticamente expulsada. Frente a esto, IU y OTAINSA se han limitado a ofrecer solución a los casos particulares más dolosos, fundamentalmente ancianos, sin intervenir en ningún momento sobre el proceso de sustitución de población que se ha producido en estos sectores. OTAINSA se ha convertido en un órgano que desarrolla políticas meramente asistenciales y de caridad.

Por el contrario, con la lucha de San Bernardo 52, se plantean las cuestiones de fondo que se pretenden eludir. La existencia de este tipo de procesos, las injusticias que conllevan y el derecho de los vecinos a vivir en su propio barrio sin verse desplazados por la dinámicas del mercado de la vivienda. Reivindicamos el derecho al arraigo de los vecinos.

Se necesitan más viviendas de realojo y más viviendas sociales. IU y OTAINSA están en su derecho y deberían presionar para que el 5% del parque de viviendas de ENVISESA se dedicaran a viviendas de emergencia social, como se prometió en su momento, así como buscar ampliar el parque de viviendas público. Haciendo que una oficina de apoyo al inquilino desaloje a varias familias humildes, alguna de ellas en la pobreza extrema, para que entren otras aún más pobres, es una política miope, que criminaliza a las víctimas y que se niega a buscar alternativas.

Si bien IU defiende un uso de la OTAINSA y del parque de vivienda social ajustado a una estrecha y miope normativa, su uso ha sido enormemente errático y oportunista. El parque de viviendas de emergencia social ha sido utilizado de forma oportunista en varias ocasiones recientes, tanto como los criterios de la OTAINSA. Por ejemplo, se han destinado, con mediación de IU, a ofrecer viviendas con opción a compra para los vecinos con más recursos de la Cross Pirotecnia, una promoción de viviendas públicas en alquiler con un límite de cinco años en un principio. El uso del parque de viviendas y la intervención de OTAINSA ha sido igualmente populista en el caso de los desalojos de calle Guadalcanal, en el barrio de Begoña. Estos y otros casos demuestra la poca credibilidad de los argumentos utilizados por IU.

En el caso de San Bernardo 52, fue la propia ocupación ilegal del mismo y la lucha de los vecinos que ahora IU quiere desalojar, la que permitió que pasara a formar parte del parque de viviendas de realojo del que dispone del Ayuntamiento. A los últimos vecinos de San Bernardo, machacados por la administración y por la especulación inmobiliaria, es a los que van a desalojar en las próximas semanas. A los vecinos que han denunciado la especulación y que han luchado por su barrio es a los que IU va a desalojar.

Por esto, los vecinos y quienes les apoyan consideran a IU principal responsable de los desalojos y de cualquier consecuencias que estos puedan conllevar.