Investidura de Pedro Sánchez, gobierno PSOE-UP y el futuro político
La mañana del 7 de enero el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue investido como presidente del gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados por mayoría simple con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
Para el líder del PSOE llegar hasta aquí no ha sido un camino nada fácil. Ha tenido que llegar a un acuerdo con Unidas-Podemos para formar gobierno y conseguir otro acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya para que no votase en contra.
Pedro Sánchez llegó a esta investidura después de pasar por las elecciones generales del 10 de noviembre del pasado año 2019. El PSOE ya había sido el partido más votado en las elecciones generales del 28 de abril donde obtuvo 123 escaños y 7,4 millones de votos, el 28% de los votantes. No obstante, Pedro Sánchez no quiso llegar a un acuerdo con UP, que tenía 42 escaños, y convocó unas nuevas elecciones generales pidiendo una mayoría suficiente para gobernar para no tener que depender, en sus palabras, ni de UP ni de los independentistas catalanes.
Las elecciones generales del 10 de noviembre no sólo no le dieron al PSOE de Pedro Sánchez la mayoría que pedía sino que perdió 3 escaños y le hizo perder 7 a su socio UP. Además, trajeron cambios significativos en relación con las del 28 de abril. La extrema derecha, los fascistas postmodernos de VOX, pasaron de 24 a 52 escaños, consiguiendo 3,6 millones de votos y el 15% de los votantes, lo que supuso para ellos un incremento del 47% de votos. Así, VOX pasó de ser la quinta fuerza parlamentaria a nivel estatal a ser la tercera. La derecha, el PP de Pablo Casado, obtuvo también un incremento notable de votos ya que pasó de 66 a 89 diputados en la Cámara Baja y consolidó su segundo puesto.
El gran derrotado el 10N fue Cs de Albert Rivera ya que perdió nada más y nada menos que 47 diputados, quedándose tan sólo con 10 escaños. Pasó de ser la tercera fuerza parlamentaria a la sexta. Tal catástrofe política llevó a que Albert Rivera presentara su dimisión como presidente y diputado de Cs. Él quería, según decía, liderar la oposición pero su papel de monaguillo de VOX y del PP, con quienes competía en lenguaje reaccionario (que cambió parcialmente en la campaña del 10N por los pronósticos negativos que le daban a Cs todas las encuestas) llevó a su partido a la irrelevancia política y a él al ostracismo.
El 10N supuso que el nacionalismo de las naciones periféricas se consolidase en el Congreso de los Diputados. Los independentistas catalanes mantuvieron su posición aunque ERC pasó de 15 a 13 diputados, JxCat incrementó un escaño, quedándose con un total de 8, y entraron por primera vez en la Cámara Baja los anticapitalistas de la CUP, con 2 escaños. En el nacionalismo vasco, el PNV mantuvo los 6 escaños -poco le faltó para conseguir 7, los tuvo hasta el último recuento- y EHBildu pasó de 4 a 5 diputados. El nacionalismo gallego volvió a entrar en el Congreso de los Diputados a través de 1 diputado del BNG. Para entender mejor la importancia del nacionalismo periférico en la política del Estado español anotemos que tiene 2,4 millones de votantes y que tanto la derecha conservadora como la extrema derecha son políticamente irrelevantes en el País Vasco y Catalunya. En Galiza el PP y el PSOE empataron a diputados, 10, y VOX estuvo muy cerca de los 119.597 votos que consiguió el BNG –en las próximas elecciones autonómicas el PP podría perder la mayoría absoluta, lo que de producirse tendría repercusiones para el PP a nivel estatal.
Teruel Existe, una plataforma social que lucha contra lo que se ha dado en llamar la “España vaciada”, entró en el Congreso con 1 diputado y también entró un partido político que se creó expresamente para las elecciones del 10N, Más País, una escisión de Podemos liderada por Íñigo Errejón, que obtuvo 2 escaños. Esta plataforma y este partido tienen más importancia de lo que pueden dar a entender sus escasos diputados porque sus votos fueron imprescindibles para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y porque volverán a ser imprescindibles en la suma para sacar adelante los próximos presupuestos del Estado.
Los debates del pleno del Congreso de los Diputados para la investidura del candidato a presidente Pedro Sánchez de los días 4 y 5 de enero visualizaron el radical enfrentamiento del PP, VOX y Cs con la coalición de gobierno PSOE-UP. Desde sus bancadas emitieron todo tipo de improperios y en un tono claramente amenazador. Se autoproclamaron los genuinos defensores de la Constitución y del rey –dieron reiterados vivas a España y al monarca- y a Pedro Sánchez lo calificaron de “traidor a España”, de venderse a los independentistas vascos y a los “etarras” de EHBildu, entre otras muchas lindezas. Afirmaron que si Pedro Sánchez salía elegido presidente se “rompería España” y habría un gobierno de “populistas y comunistas” (Alberto Garzón, quien ya sonaba como ministro de Consumo, además de ser de IU es militante del PCE, como él mismo recordó desde la tribuna).
Pero no sólo la extrema derecha y la derecha clamaron contra el apocalíptico gobierno PSOE-UP sino que también la cúpula de la Iglesia española participó en los debates. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, llamó en una carta abierta a todas las diócesis a que “en todas las Iglesias se ore por España” ante los tiempos de incertidumbre que vivimos en “una cultura despojada de la fe”. Así, recomienda encarecidamente buscar a Dios –damos por hecho que en las bancadas de socialistas, podemistas y nacionalistas periféricos. La Conferencia Episcopal Española insistió en la necesidad de “orar por España” y “estar muy alerta”.
Este proceder político de la extrema derecha, de la derecha y de la Iglesia nos informa que la España reaccionaria no está muerta, si bien es socialmente minoritaria está viva y es depositaria de mucho poder económico –la base de todo poder. Esta parte de “España” no sólo es reaccionaria sino políticamente idiota ya que el gobierno del PSOE-UP es el único gobierno hoy que puede legitimar el Régimen del 78. El diputado del PNV Aitor Esteban hizo una reflexión política muy certera desde el atril del Congreso de los Diputados al indicarle a la bancada reaccionaria y conservadora que si le querían hacer algún favor a la Corona que no hablasen de ella ya que si la mayoría social asociaba a la monarquía con ellos Felipe VI tendría un gran problema político.
La actitud cerril de la extrema derecha, de la derecha y de la Iglesia sólo se puede entender por la propia dinámica de la denominada Transición española, es decir, del paso de la “democracia orgánica” de Franco a la “Monarquía parlamentaria” de su heredero Juan Carlos I. Los gobiernos de la Transición, los de Adolfo Suárez y Felipe González, no acometieron una limpieza de los aparatos represivos de la “democracia orgánica” que heredaron de Franco e impidieron que se conociera a nivel popular la historia de asesinatos en masa y de represión sistemática del régimen franquista. Esto tuvo el efecto, entre otros, que la chulería facha no sólo no remitiera un ápice sino que perdure hasta hoy en día, como se demostró el 4 y 5 de enero en el Congreso de los Diputados.
Las fracciones políticas de la derecha no pueden comprender que la única forma de estabilizar el Régimen del 78 es que gobierne su izquierda, el PSOE y UP. Pero el gobierno PSOE-UP sólo puede darle estabilidad política si salen adelante una serie de reformas básicas como el incremento del salario mínimo interprofesional –que, a buen seguro, ya le dio al PSOE millones de votos entre la clase trabajadora-, retirar la contrarreforma laboral del PP, poner la subida de las pensiones en la dinámica del aumento del índice de precios al consumo, incrementar la fiscalidad a las rentas más altas, defender a ultranza las leyes contra la violencia de género, reconocer la obviedad del cambio climático y torear la crisis territorial.
Todas estas medidas no lesionan al Régimen del 78. Todo lo contrario, lo fortalecen. Estas medidas no tocarían en nada los intereses de la gran burguesía española ni los salarios y prebendas de sus políticos pero sí legitimarían el régimen existente, la “monarquía parlamentaria”. Es decir, si el gobierno de coalición PSOE-UP implementa ese tipo de medidas reforzará a los ojos de la mayoría social el Régimen del 78. Por el contrario, un gobierno estatal PP-VOX-Cs llevaría más pronto que tarde a una contundente contestación social.
¿Qué futuro político nos espera? El pronóstico no es fácil porque depende de muchos factores. No obstante, cuanto más tiempo dure el gobierno de coalición PSOE-UP más posibilidades hay de que el Régimen del 78 entre en un tiempo de legitimidad social. Si bien la extrema derecha y la derecha están bien organizadas y el PSOE-UP están en el gobierno la izquierda social a nivel estatal está organizativamente huérfana. Y aquí podría entrar en juego la CUP.
La CUP es una organización anticapitalista. No voy a entrar en su línea política en Catalunya, en el apoyo que le da al independentismo burgués y pequeño-burgués. Quiero centrarme en señalar el gran papel a nivel estatal que podría jugar la CUP. Como es sabido, a lo largo y ancho del Estado español hay miles y miles de activistas de los movimientos sociales y del movimiento feminista y varias organizaciones pequeñas de la extrema izquierda. La CUP podría canalizar políticamente todo esto si lanza la propuesta de crear una organización o plataforma o frente anticapitalista a nivel estatal. La CUP tiene 2 escaños en el Congreso de los Diputados gracias a sus 244.754 votos en Catalunya. Si patrocinase una plataforma anticapitalista a nivel estatal su fuerza se vería reforzada exponencialmente. Lideraría a una izquierda social que podría llegar a tener una gran dimensión lo que le permitiría apretar por izquierda al gobierno PSOE-UP, llegar a pactos con el BNG y EHBildu y presentar en sociedad, a nivel de masas, un programa alternativo de sociedad y una República de trabajadoras y trabajadores. Hoy la CUP no sólo es una esperanza en Catalunya, lo es para toda la izquierda social existente en el Estado español.
Madrid, 10, enero, 2020