Informe: Residencias, mala praxis y fondos de inversión

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A modo de contexto del presente Informe, nos encontramos que desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se han convertido en uno de los principales focos del coronavirus, su personal se vio sobrepasado, sin recursos para la atención médica en los centros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes en estos centros, pero la investigación judicial fue derivada a las fiscalías de cada región.

La Fiscalía General del Estado mantiene 194 diligencias civiles y otras 240 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. En la última semana -hasta el 22 de junio- se han puesto en marcha 21 nuevas investigaciones (ocho en la Comunidad de Madrid, seis en Catalunya, dos en Extremadura y una en Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra) por la situación creada en las residencias de adultos mayores.

La Comunidad de Madrid es la que acumula más diligencias (105, a 22 de junio, y una querella presentada por un grupo de familiares en un juzgado de Madrid ha sido elevada al Tribunal Supremo al estar denunciada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso), seguida a muy larga distancia de Catalunya (43), Castilla-La Mancha (23), Castilla y León (21) y Galicia (14). Regiones como Asturias, Cantabria, Baleares y Murcia no tienen investigaciones en curso. Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en las diferentes comunidades tienen como origen denuncias hechas por partidos políticos, particulares y asociaciones.

También, un grupo de abogados de toda España, en nombre de 3.000 familiares de fallecidos con coronavirus, han presentado una querella contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.

Entre Madrid y Catalunya suman más de 10.000 fallecidos en residencias de adultos mayores. Desde que comenzó la pandemia, las 710 residencias Comunidad de Madrid suman 5.987 fallecidos con coronavirus o sintomatología. Del total, 1.253 muertes corresponden a casos confirmados mediante PCR y 4.734 a casos con síntomas compatibles, según el informe distribuido.

Mientras que los fallecidos por coronavirus en residencias de Catalunya -desde el 15 de marzo- se elevan a 4.097, lo que supone el 72,2 % del total en la Nación catalana, según el registro de las funerarias regionales. El Departamento de Salud ha informado de que hasta ahora son 14.964 las personas diagnosticadas de coronavirus en geriátricos.

 

La Generalitat retira cautelarmente la gestión de dos geriátricos de Barcelona a Eulen

Ante este panorama, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Catalunya, tardíamente, ha decidido retirar la gestión a Eulen de las residencias de ancianos Bertran Orihuela y Mossèn Vidal y Aunòs, ambas en Barcelona. Ambos centros tienen expedientes sancionadores abiertos por diversas irregularidades detectadas durante la emergencia sanitaria, tanto en su gestión como en la atención a usuarios.

Es la primera medida de estas características que toma el Departamento, después de intervenir y abrir expedientes a más de una decena de centros. Ahora que la situación se considera «estabilizada» en los dos geriátricos, Asuntos Sociales podría haber devuelto la gestión a Eulen pero ha preferido mantenerla apartada.

Fuentes del Departamento han asegurado que se está estudiando si mientras no se resuelva el expediente la gestión sigue bajo control de las entidades que la han asumido desde la intervención. La Fundación Vella Terra en el caso de la residencia Mossèn Vidal y Aunòs y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en el caso de la Bertran Orihuela.

Ambas residencias fueron intervenidas por la Generalitat al detectar irregularidades en el funcionamiento y organización del servicio y se sustituyó temporalmente Eulen por otra empresa gestora. Ahora que la situación está controlada en ambos centros, el Departamento ha decidido suspender cautelarmente la gestión de Eulen hasta que no se resuelva definitivamente los expedientes.

En el caso de la residencia Bertran Orihuela, el 26 de abril el Departamento ya la intervino para «reconducir» la situación. El Servicio de Inspección abrió expediente sancionador a la empresa el 3 de junio por una presunta infracción grave y por cinco presuntas infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con multa de 4.000 euros por la grave y con multa de 7.900 euros por cada una de las muy graves, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un período de 4 años para cada una de las infracciones.

En cuanto a la Residencia Mossèn Vidal y Aunòs, donde el Departamento señala que las irregularidades llevaron al centro a una situación «de afectación generalizada» por la Covid-19, la intervención y el cambio temporal de entidad gestora fue el 7 de mayo. El 3 de junio se abrió expediente sancionador a Eulen por una presunta infracción muy grave, que puede ser sancionada con multa de 7.000 euros, además de suspensión total de la prestación de servicios por un período de 4 años.

 

La residencia Bertran y Orihuela como paradigma

La residencia Bertran y Orihuela, en la Barceloneta, tiene un pasado reciente convulso, cambiando de gestor en cuatro ocasiones -y pasando, por tanto, por cinco manos- en poco más de cuatro años, hasta ser ahora uno de los once geriátricos intervenidos por la Generalitat a raíz de la crisis del coronavirus y los 26 muertos que ha provocado el centro. Evidencia la problemática que supone en la actualidad el funcionamiento de estos centros, hasta el punto de que el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales ya había cambiado a finales de 2019 las bases para elegir los gestores, con una fórmula en la que la variable del precio ya no tiene ningún peso.

Y es que, a pesar de que la Bertran y Orihuela es de titularidad pública, la gestión es privada. La Generalitat sólo gestiona directamente 17 residencias y, en sus otras 70, lo tiene delegado en empresas privadas. En ocasiones, los once grandes grupos y fondos de inversión que controlan buena parte del sector privado y que también gestionan nuevo geriátricos municipales y nuevo del Gobierno, con la consecuente remuneración. La Bertran y Orihuela, como la también intervenida Mossèn Vidal y Aunós, estaba hasta ahora en manos de Eulen, una de las grandes multiservicios del Estado que, de hecho, no dispone de ninguna residencia en propiedad en Catalunya.

Sin embargo, la Bertran y Orihuela ya había salido a la luz pública por una fuerte polémica en junio de 2017, a raíz de un informe de la Síndica de Greuges de Barcelona que recogía numerosas quejas de familias y entidades en relación a las condiciones de los sus usuarios y de cuatro residencias más de la ciudad gestionadas por la UTE Ingesan-Asproseat, vinculada a la constructora OHL.

Las quejas iban desde el mal estado de las instalaciones, falta de personal o mala alimentación o limpieza hasta casos como una usuaria que tardó cinco horas en poder entrar en el edificio porque «no tenían conectado el timbre» u otra que pasó cuatro días durmiendo en un hospital por un error en darle las pastillas .

A raíz de este informe y otras inspecciones previas, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales suspendió el contrato con la UTE para las cinco residencias y la adjudicataria renunció definitivamente. Sin embargo, esta afirmó que la responsabilidad no era suya, sino que el problema era realmente que las prestaciones demasiado bajas en relación a las necesidades del centro y que los pliegos del contrato no se correspondían con la situación actual del sector.

¿Cómo se había hecho aquella adjudicación? A través de un proceso abierto para contratar empresas gestoras para las cinco residencias en las que el peso de la propuesta económica valía 41 de los 100 puntos totales. El resto de los elementos a valorar eran el plan de gestión (16,5 puntos), los recursos humanos (14,5), el plan de atención individual (13), la participación de usuarios y familiares y la comunicación (5) y la oferta de servicios adicionales (10). De las 17 ofertas recibidas y valoradas, la adjudicación se había hecho en febrero de 2016 a la UTE Ingesan-Asproseat por un precio de 1,9 millones anuales, inferior a los 2,1 millones de licitación. Sin embargo, a pesar de ser de las propuestas más baratas, el precio no fue determinante, ya que variaba poco respeto todo lo demás.

Pocos meses después de que saliera a la luz el escándalo y la suspensión de la adjudicación y mientras se estaba gestando la nueva licitación, tuvo lugar el 1-O y el 155 posterior, lo que ralentizó mucho los trámites para el cambio de gestor. Hasta julio de 2018 no se cedió, temporalmente y hasta la resolución del nuevo concurso, el control de la Bertran y Orihuela en la empresa La Ola, una de las grandes sociedades que controla numerosas residencias privadas y gestión de públicas. Ha sido quien había gestionado esta residencia hasta que en 2016 terminó se le terminó la concesión y la UTE Ingesan-Asproseat gana el nuevo concurso, en el que, además, La Ola, propiedad de la presidenta de la patronal catalana del sector, Cinta Pascual, había quedado como la segunda mejor puntuada.

Pero, ¿cómo se planteó el nuevo pliego para la adjudicación de la gestión de las cinco residencias, incluyendo la Bertran y Orihuela? En cuanto a los elementos a valorar, prácticamente no varió nada respecto del procedimiento de 2016. De hecho, las puntuaciones eran las mismas que las citadas más arriba, aunque la propuesta económica pasaba a valer 34 puntos en lugar de 41 y los servicios adicionales caían de 10 a 7. Los 10 puntos de diferencia iban destinados a valorar las mejoras salariales de los trabajadores en relación al convenio de aplicación. El presupuesto de licitación de la Bertran y Orihuela, además, crecía hasta los 2,6 millones anuales.

La adjudicación se la llevó en febrero de 2019 la multiservicios Eulen, quien había presentado la oferta más barata, aunque, una vez más, este tampoco fue un elemento decisivo, ya que las diferencias entre todas las empresas que pugnaron fueron mínimas a nivel de precios. Eulen, de hecho, ya había asumido temporalmente la gestión de dos de las residencias intervenidas en 2017 y, en una de ellas, la Mossèn Vidal y Aunós, alargó su control a través de este concurso.

Al cabo de poco más de un año, sin embargo, los escándalos volvieron de la mano de la gestión de la crisis del coronavirus. Los familiares de los usuarios de la Bertran y Orihuela amenazaron a principios de abril de denunciar a la residencia, ya que acusaban a la dirección del centro de no informarles de cómo estaban los residentes y de querer cobrar 100 euros para hacer los test. El número de contagios y muertes en el centro iba en aumento, así como el traslado de ancianos en otras residencias u hospitales.

Finalmente, la Generalitat intervino el geriátrico el 27 de abril por el trato deficiente respecto a sus usuarios por parte de la dirección, una vez se habían producido 26 fallecimientos. La gestión la asumió las Hermanas Hospitalarias-Psicoclínica de la Merced, encargadas también de la residencia Paralelo, donde se habían destinado casi la mitad de los usuarios de la Bertran y Orihuela. El cambio de manos del geriátrico no había mejorado la praxis respecto a sus residentes.

La Generalitat ha intervenido, a raíz de las competencias extraordinarias del estado de alarma, 11 residencias durante la crisis del coronavirus. De éstas, 8 son privadas, 1 es público-municipal y 2 son titularidad del ejecutivo catalán. Estas últimas son precisamente la Bertran y Orihuela y la Mossèn Vidal y Aunós, ambas de Barcelona, gestionadas por Eulen y protagonistas de la polémica del 2017 cuando se encontraban en manos de la UTE Ingesan-Asproseat. Llueve sobre mojado.

¿Qué ha extraído la administración de la experiencia, más allá de lo necesario para repensar el sector a mediano y largo plazo? «Esto demuestra la importancia que las residencias estén gestionadas por gestoras solventes, con capacidad de poner direcciones expertas y personal formado», afirman desde el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, ya que «las residencias de ancianos no son negocios donde la fuerza de trabajo se intercambiable», sino que es imprescindible «la vocación y el conocimiento del oficio, así como la capacidad de dirigir servicios en situaciones complejas».

Se trata, insisten, de «intangibles que pueden vincularse a un proyecto técnico solvente, y que en ningún caso tienen que ver con una competencia entre licitadores en base al precio». Por ello, afirman que «el objetivo del Departamento es consolidar un nuevo modelo de gestión delegado hacia un concierto que elimine la competencia en precio e incluya criterios sociales, de buen trato, de atención centrada en la persona, de calidad en el trabajo, de calidad asistencial y arraigo territorial y de orientación comunitaria».

Antes de la llegada de la supuesta «pandemia» y que emergieran más las deficiencias del sector en un momento tan complejo, el cambio de modelo ya estaba en marcha. En diciembre del año pasado, ya se había publicado la primera licitación de gestión de residencias públicas en un nuevo formato. Por primera vez, la adjudicación no se haría a través de un contrato, sino a través de una concertación donde, además, el precio ya viene marcado y, por tanto, la competencia de proyectos se hace en base a otras variables.

Las empresas escogidas se encargarán de la gestión durante cuatro años, prorrogables hasta diez. Para optar a ello, hay que ofrecer ratios determinadas de profesionales de diferentes ámbitos (gericultores, psicosociales, sanitarios …), una calidad asistencial, experiencia y solvencia mínimas y un protocolo de información constante a la administración, así como el incumplimiento de posterior de estos estándares puede suponer la suspensión o retirada de concesión. Esto ya ocurría anteriormente.

A partir de aquí, sin embargo, la puntuación para adjudicar la gestión varía exclusivamente en función de aspectos del proyecto como el protocolo de entrada, el trabajo interdisciplinar, la participación de usuarios y familiares en la alimentación del centro y en las actividades, salidas o fiestas, el arraigo en el entorno social, la formación de los trabajadores, el trabajo con empresas del sector social, un eventual plan de gestión eficiente de los residuos y la energía, el consumo de productos de agricultura ecológica o comercio justo, la reinversión de los beneficios en la misma residencia o incluso la acreditación conforme el salario más alto no supera en nueve veces el del más bajo.

Ahora bien, llegados a este punto, ¿por qué no se plantea la Generalitat la gestión directa de estos centros, tal como ya ocurre en 17 de sus residencias? Desde el Departamento alegan que la normativa actual «presenta una barrera vinculada al crecimiento del personal funcionario». A diferencia de lo que ocurre con los médicos, los maestros, los bomberos o los policías, la Generalitat no puede incrementar el personal ni hacer nuevas promociones de trabajadores públicos en el ámbito de la dependencia, sino que tan sólo puede reponer personal amortizando plazas o con jubilaciones. Esto, afirman, obliga a concesionar la gestión de servicios como las residencias.

De hecho, la estrategia seguida actualmente por el Departamento para aumentar el peso del sector público en este ámbito –muy minoritario, actualmente– va de la mano de los ayuntamientos interesados. Tal y como ya ha ocurrido en varios municipios, el procedimiento pasa por que el consistorio pone el terreno y paga la construcción del edificio y posteriormente la Generalidad concerta todas las plazas para garantizar su sostenibilidad, las condiciones y control de un servicio público, aunque con gestión delegada a un privado.

 

Los fondos de inversión entran en los geriátricos catalanes

La crisis de 2008 tuvo consecuencias que aún perduran en la economía de Catalunya y del reino de España. Una de ellas es la transformación del negocio de las residencias para personas mayores, ahora bajo el foco debido a la crisis del coronavirus. Hasta entonces, las cajas -conjuntamente con algunas constructoras y aseguradores- controlaban o financiaban buena parte de los geriátricos. Su desaparición o absorción por parte de grandes bancos, sin embargo, supuso una ida y venida de compraventas que ha desembocado en un escenario con tendencias claras: grandes grupos de inversión han apostado por la compra de residencias y para hacer grandes geriátricos. Los colegas del medio catalán, Nació Digital, en su primer reportaje de la serie «Mayores SA» han puesto el foco en la realidad y los problemas del sector y de los usuarios. Allí, dan a conocer en detalle los 11 grupos controlantes del 15% de las 57.383 plazas residenciales catalanas asistidas y que ingresaron -entre todos- al menos 45.000.000 de euros de la Generalitat en 2019, a través de conciertos certificados.

El 85% restante pertenecen aún a pequeñas empresas, entidades del tercer sector o a distintas administraciones públicas (el 15% según los datos del Gobierno. En cuanto a titularidad de los 1.073 geriátricos contabilizados en el país, y al margen de su modelo de gestión, el Idescat publicó que en 2018 poco más de 10.000 abuelos vivían en residencias de titularidad pública, 14.000 en centros de la iniciativa social y 35.000 en geriátricos propiedad de empresas. En los últimos dos meses más de 3.200 ancianos han muerto por la Covid-19 en las residencias y hay más de 34.000 casos sospechosos entre trabajadores y usuarios.

Entre el 2015 y en 2017 se registró en España una actividad inversora de 2.000 millones de euros en el mercado residencial, según el informe de la consultora CBRE, una de las más prestigiosas a nivel global para los inversores inmobiliarios. De hecho, existen consultorías especializadas en analizar y recomendar operaciones financieras exclusivamente en el negocio de las residencias, como Angomed.

Todo ello en un contexto en el que más del 80% de las plazas residenciales en Catalunya son de gestión privada, según el último informe Envejecimiento en Red, publicado en octubre de 2019 por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, dependiente del Ministerio de Ciencia e innovación. Sólo Cantabria y Valencia tienen un porcentaje más alto de plazas privadas en el conjunto de España.

La Generalitat sitúa en un 85% el peso de la iniciativa privada pero etiqueta como «iniciativa social» un 20% del total, en los casos de participación pública o entidades del tercer sector. Desde la patronal Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) puntualizan que el 56% de las plazas privadas reciben algún tipo de financiación pública y, según el Gobierno, este porcentaje se eleva hasta el 74,6% de. «En estas, las empresas no deciden quién entra ni cuando se paga», resalta la presidenta del ACRA, Cinta Pascual.

En cuanto a los fondos de inversión, el liderazgo es del grupo DomusVi, que gestiona 10 residencias y 1.562 plazas en Catalunya. Nuevo son de su propiedad y gestiona una del Ayuntamiento de Barcelona. Del total de plazas que controla, el 56,7% reciben financiación pública, según la memoria del grupo de 2018. Una de sus residencias es la de Ca n’Amell de Premià de Mar, que la Generalitat ha tenido que intervenir durante la epidemia de coronavirus. El porcentaje de contagiados en el centro se ha acercado al 90%.

En 2015 el fondo francés Pai Panters compró la empresa Geriatros, y en 2017 hizo lo mismo con Sarquavitae. Las dos operaciones provocaron la fusión de las dos compañías haciendo nacer DomusVi, que Pai Partners vendió al fondo de inversión de capital riesgo Intermediate Capital Group (ICG), con sede en Londres, y a Sagesse retraite Santé, la empresa de seguros privados de salud en manos de Yves Journel, una de las principales fortunas de Francia.

«Estamos en el  boom, aún no se ha construido todo lo que se puede», aseguraba Juan de Dios Punzano, director de la consultoría especializada Angomed, en el año 2019

«Nuestra estrategia es hacer crecer nuestras actividades especializadas para ofrecer un valor mayor accionista». Así define ICG su actividad en su página web. Dicho de otro modo, invierte en negocios con la aspiración de maximizar los beneficios y poder venderlos a un precio más elevado. El fondo tiene muy diversificada su actividad y, entre otras empresas, controla Konecta Activos Inmobiliarios, que se dedica al alquiler de inmuebles.

Los vínculos entre el negocio geriátrico y el inmobiliario son una constante. Por ejemplo, esta dinámica se repite en el caso de Orpe, con matriz francesa pero con el fondo buitre canadiense CCP Investment Board (CCPIB) como máximo accionista. El negocio principal de CCPIB son los planes de pensiones privados, pero a finales de 2018 entró con fuerza en el negocio inmobiliario español. Fue entonces cuando compró al BBVA su cartera de activos tóxicos por valor de 1.500 millones de euros.

La venta de activos tóxicos fue una práctica habitual tras la crisis de 2008. Los bancos se deshacían de pisos con cargas de deuda de hipoteca, que pasaban a manos de fondo buitres, con el objetivo de rehabilitar las fincas y venderlas a un precio más alto. Hubiera o no vecinos que vivieran. Orpe tiene cuatro residencias y hasta 503 plazas en Catalunya, pero los vínculos con intereses inmobiliarios también están presentes en compañías con más volumen de negocio. Es el caso de Santa Lucía, que controla en Catalunya 757 plazas en cinco residencias bajo la marca Ballesol, de la que tiene un 75% del accionariado.

El presidente del consejo de administración de Santa Lucía es Carlos Javier Álvarez Navarro, una de las principales fortunas de España y vinculado a Ciboure SL, Betriu Capital SA y Urcuit SA, las tres del ámbito inmobiliario. La última es una Sicav, un tipo de sociedad financiera que sólo paga un 1% en impuestos de sus beneficios. Además, a través de su aseguradora, Santa Lucía tiene el 5% de las acciones de Lar España, una inversora inmobiliaria que goza de una forma jurídica de Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (Socimi). La ley estatal que regula las Socimi se aprobó en 2009 durante el gobierno del PSOE y se modificó en 2012 ya con el PP en la Moncloa. Desde entonces, las sociedades están exentas de pagar el impuesto de sociedades.

 

Residencias, Decathlon y Alcampo

DomusVi comparte el liderazgo de los grandes inversores en el ámbito de residencias en Catalunya con Sanitas, que controla 11 geriátricos -siete en Barcelona, uno en Cornellà de Llobregat y tres más en Girona, Lleida y Tarragona- y acumula 1.582 plazas, según datos de la empresa. El presidente no ejecutivo del grupo Sanitas es José Ramón Álvarez-Rendueles, alto cargo del Ministerio de Hacienda durante el franquismo y ex gobernador del Banco de España.

El grupo está controlado por el fondo de inversión Bupa Investment Overseas, con sede en Londres. Un fondo que asegura no tener ánimo de lucro para que reinvierte todos los ingresos en su estructura, pero que ha estado bajo la lupa de la Comisión Europea por la sospecha de que podía eludir el pago de impuestos en el Reino Unido a través de filiales en territorios de baja tributación. En 2019 el ex presidente de Sanitas, Marcial Gómez, fue condenado por fraude a Hacienda por no haber declarado la totalidad de las ganancias obtenidas en vender la compañía a Bupa en 1988.

Las inversiones de Bupa se centran en la sanidad privada, mientras que los otros inversores que gestionan residencias en Catalunya están mucho más diversificados. Es el caso de amaba, parte del grupo Maisons de Famille, que a su vez forma parte de Creadev. En su página web, Creadev se define como una sociedad de inversión de servicios esenciales, entre los que la salud y la alimentación en Europa, los Estados, Unidos, China y África. El fondo es propiedad de la familia francesa Mulliez, la decimoctava más rica del mundo según Bloomberg, con una fortuna de 33.000 millones de euros. Entre otros negocios, los Mulliez controlan Decathlon, Leroy Merlin y Auchan (Alcampo en España). Nació Digital ya ha dado conocer las quejas de los familiares con ancianos en una residencia del grupo, a raíz de la epidemia de coronavirus.

El Grupo STS, que tiene seis geriátricos y controla 688 plazas, está financiado por un fondo que opera desde un paraíso fiscal

Quien también diversifica sus inversiones es Vitalia que dispone de cuatro residencias repartidas entre Barcelona, Baix Llobregat y el Maresme que suman 726 plazas. El geriátrico de la compañía en Leganés ha registrado casi un centenar de muertos durante la epidemia. La compañía está controlada por el fondo de inversión CVC, con sede en Luxemburgo, un país que no está considerado un paraíso fiscal por la UE pero donde la tributación de las multinacionales es mínima.

En su página web, resumen su estrategia de la siguiente manera: «Compramos compañías de acuerdo con sus equipos de gestión y las ayudamos a desarrollar sus planes de desarrollo y en crear valor a medio plazo». En España, el fondo de inversión ya tiene participaciones de Naturgy, Cortefiel o la universidad privada Alfonso X de Madrid.

Quien sí opera desde un paraíso fiscal es el Grupo STS, que tiene seis geriátricos y controla 688 plazas. Está controlado por la marca francesa Colisée, que a su vez tiene como máximo accionista el fondo de inversión IK Investment Partners. Su filial IK VIII Fund financió la compra del Grupo STS en 2017. La sede de este fondo es en Jersey, considerado un paraíso fiscal por la OCDE.

 

De CiU a Mutuam

Por detrás de DomusVi y Sanitas se sitúa muy cerca una empresa de liderazgo catalán, La Ola, que a diferencia de las otras dos no centra sólo sus esfuerzos en el área metropolitana de Barcelona. Desde la primera residencia en San Carlos de la Rápita se ha extendido por todo el país y ahora controla 17 centros en el Montsià, Barcelonès, Baix Ebre, Terra Alta, Garrigues, Berguedà, Bages, Vallès Occidental y el Baix Camp. En total, gestiona 1.243 plazas en Catalunya. De las 18 residencias, seis son de su propiedad, en gestiona tres propiedad de la Generalitat y ocho de entes locales.

La Ola es una sociedad Limitada liderada por Cinta Pascual, que ejerce las funciones de directora general. Pascual, además, es presidenta de la patronal catalana de residencias ACRA y de la española CEAPA, que forma parte de la CEOE. Su influencia no se reduce sólo al ámbito residencial, ya que es vicepresidenta de la agrupación de patronales catalanas Fomento del Trabajo. Aparte del negocio residencial, Pascual también está al frente de la cadena de hornos Tradicionària. Pascual califica de «fenómeno europeo» la entrada de fondos de inversión en el mercado residencial. «Nosotros pedimos que no se tenga en cuenta de quién es la titularidad pero que se garantice la calidad del servicio. Ahora hay medidas, pero hay que dibujar un nuevo modelo», pide.

El Grupo Mutuam, que gestiona 11 residencias y 857 plazas, está liderado por dos representantes con pasado en la Generalitat

Otro de los grupos con protagonismo en el ámbito residencial que está controlado desde Catalunya es Mutuam, que gestiona 11 residencias con 857 plazas. De los 11 geriátricos, tiene cinco en propiedad y gestiona seis de la Generalidad. Sólo en 2018 Mutuam invirtió en el sector residencial 581.000 euros, según la auditoría realizada por la consultoría Kreston. Al frente de Mutuam encontramos dos ex altos cargos de la Generalitat. Su director general, Francesc Brosa, trabajó 23 años en el CatSalut -órgano del que dependen contratos y convenios con residencias- ocupando diversos cargos directivos hasta 2011 y convirtiéndose su después subdirector durante el gobierno de CiU, hasta 2016, con Boi Ruiz como consejero.

El presidente de Mutuam, Josep Arqués, fue el hombre de confianza de Felip Puig en el último gobierno de Jordi Pujol, ejerciendo de secretario general a los departamentos de Medio Ambiente y Política Territorial, ambos comandados por Puig. Antes, ya había sido director general de Salud con Xavier Trias. Fue justamente entonces, en 1992, cuando Mutuam adquirió su nombre actual y se especializó en la atención geriátrica.

 

Florentino Pérez prepara el aterrizaje

Uno de los grupos con más facturación en el ámbito residencial en España, Caser, se mantiene en un segundo plano en Catalunya, donde sólo dispone de dos residencias, en Oliana y Lleida, con un total de 207 plazas. Su accionariado está repartido entre Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Cuevas Seguros, Bankia, Ibercaja, Caixabank, Banco Sabadell y el BBVA, entre otros. La otra aseguradora con presencia en las residencias catalanas es FIATC. Que controla a tres: una en Sant Cugat, otra en Mollet y la tercera en Cornellà, a través de su participación mayoritaria en Inverfiatc. Joan Castells, ex vicepresidente de Fomento del Trabajo, está al frente del grupo empresarial.

Otro gigante del negocio de las residencias en territorio español, Clece, aún no ha aterrizado en Catalunya y la crisis del coronavirus ha frustrado la apertura de su primer centro en Cerdanyola del Vallès, con 76 plazas. Las residencias de Clece operan bajo el paraguas de Clece SA, que como todo el grupo está en manos de ACS, el accionista principal es Florentino Pérez, presidente también del Real Madrid y uno de los empresarios más influyentes de España.

La crisis del coronavirus ha marcado un antes y un después en las residencias catalanas. De hecho, la Fiscalía ya actúa en más de un centenar de residencias en Catalunya por la gestión que han hecho de la epidemia. «Buscar culpables de una enfermedad no es razonable», defiende la presidenta de la patronal ACRA, Cinta Pascual. Mientras los fondos de inversión continúan a la espera de hacer negocio con los geriátricos.

El Gobierno afirma tras embarrancar en la gestión del coronavirus que prepara un decreto para eliminar el precio como un elemento a valorar a la hora de adjudicar plazas públicas

En este sentido, el secretario del Departamento de Asuntos Sociales, Francisco Iglesias, que en la crisis del coronavirus ha perdido las competencias en beneficio del departamento de Salud para hacer más eficiente la respuesta sanitaria, asegura a Nació Digital que el Gobierno prepara un decreto para eliminar el precio como un elemento a valorar a la hora de adjudicar la gestión de plazas públicas. «El criterio será el proyecto técnico y la calidad asistencial. Lo tendrán difícil para especular», afirma. Las residencias puramente privadas seguirán teniendo libertad para marcar sus precios. «Hay operadores que renuncian a gestionar plazas públicas para que el mercado privado es más rentable», concluye.

 

Los ingresos de los 11 grupos:

Domus VI: 376,9 millones de euros de facturación en 2018, según datos del grupo. Catalunya fue la comunidad de España donde más invirtió en 2018, con 110,8 millones de euros. El grupo está controlado por el fondo Intermediate Capital Group (ICG) y Sagesse retraite Santé. Domus VI ingresó en 2019 9,3 millones de euros a través de los conciertos con la Generalitat para gestionar plazas residenciales.

Orpe: La compañía cerró 2019 con una facturación de 198,4 millones de euros, según prensa especializada. El máximo accionista de la compañía es el fondo canadiense CCP Investment Board.

Ballesol (Santa Lucía): En su memoria de 2018 el grupo Santa Lucía informa de una facturación de 142,9 millones de euros de Ballesol, un 7,6% más que el año anterior. El 75% de su accionariado está en manos de Santa lucía. Ballesol recibió el 2019 482.790 euros de la Generalitat para la gestión de plazas concertadas

Amaba: La propia empresa informó en 2018 de una facturación de 152,8 millones de euros y unos beneficios antes de impuestos de 29,5 millones de euros. La familia francesa Mulliez, que también controla Decathlon, Leroy Merlin y Auchan -Alcampo en España-, lleva las riendas del grupo. Amaba recibió en 2019 3,5 millones de euros a través de conciertos con la Generalitat.

Sanitas: Los últimos ingresos publicados por el grupo son de 2017, cuando por primera vez superó los 2.000 millones de euros, llegando a los 2.097. El grupo está controlado por el fondo de inversión Bupa Investment Overseas. Sanitas ingresó en 2019 8,3 millones de euros en concepto de conciertos con la Generalitat.

La Ola: La prensa especializada cifró en 27 millones de euros los ingresos de la compañía en 2017. La directora general de La Ola es Cinta Pascual, presidenta de la patronal ACRA. La Ola ingresó en 2019 6,7 millones de euros a través de conciertos con la Generalitat.

Mutuam: Según la auditoría realizada por la consultoría Kreston, el resultado consolidado de Mutuam en 2018 fue de 708.000 euros. Según la auditoría, en el capítulo «otros ingresos» de las cuentas, la compañía registraba un importe de 50,8 millones de euros correspondientes mayoritariamente a conciertos con el servicio Catalán de la Salud y la Dirección General de Prestaciones Sociales por servicios de asistencia sanitaria, asistencia sanitaria complementaria y servicios sociales para las personas mayores, así como la gestión de geriátricos. El grupo está liderado por dos representantes con pasado en la Generalitat. Mutuam ingresó en 2019 1,2 millones de euros para conciertos con la Generalitat.

Vitalia: En su página web, Vitalia informa de una facturación anual de 200 millones de euros. La compañía está controlada por el fondo de inversión CVC. Vitalia ingresó 8,9 millones de euros de la Generalitat en 2019 en concepto de conciertos.

Caser: El beneficio neto del grupo Caser en 2019 fue de 72,1 millones de euros. Su accionariado está repartido entre Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, cuevas Seguros, Bankia, Ibercaja, Caixabank, Banco Sabadell y el BBVA, entre otros. Caser ingresó en 2019 1,5 millones de euros por el concierto con la Generalitat de plazas residenciales.

STS Grupo (Colisée): El grupo facturó 13,78 millones de euros en 2017 y obtuvo un beneficio de 1,4 millones, según prensa especializada. El máximo accionista de Colisée el fondo de inversión IK Investment Partners. Colisée ingresó 3,9 millones de euros en 2019 a través de conciertos con la Generalitat.

FIATC: Los últimos datos publicados por la empresa fueron los 7,2 millones de euros de beneficios del 2017. Joan Castells, ex vicepresidente de Fomento del Trabajo y ex directivo del Barça, está al frente del grupo empresarial. FIATC ingresó en 2019 un millón de euros a través de conciertos con la Generalitat.

Fuentes: Nació Digital/RTVE/Portal Jurídico Cat/

 

REDCOM

 

 

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