Infancia Libre estudia emprender acciones legales por el informe de la Policía que acusaba a la asociación de “trama criminal”

La expresidenta de Infancia Libre asegura que pedirán responsabilidades por el informe policial después de que la Fiscalía haya decidido archivar la causa.

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La expresidenta de Infancia Libre asegura que emprenderá acciones legales por el informe de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional de los Juzgados de Plaza de Castilla que acusaba a esta asociación, que tenía por objeto visibilizar los abusos sexuales contra menores, de constituir una trama criminal para interponer denuncias falsas.

“Se ha demostrado que es mentira, que miente en todo lo que ha dicho”, explica a El Salto la expresidenta de la asociación, María Sevilla. Sevilla explica que el decreto de archivo de la causa que la Fiscalía Provincial de Madrid dio a conocer el pasado viernes respalda lo que la asociación mantuvo desde el principio: “Nos tacharon de terroristas y ha quedado probado que es mentira, nos tacharon de hacer denuncias falsas y la Fiscalía ya ha dicho que no existen denuncias falsas”, explica.

“Nos tacharon de hacer denuncias falsas y la Fiscalía ya ha dicho que no existen denuncias falsas”, explica la expresidenta de Infancia Libre

Sobre su caso particular, por el cual Sevilla responderá un un juicio que está señalado para el mes de mayo, Sevilla recalca que las últimas decisiones judiciales establecen que ella no constituye un peligro para sus hijo: “Han dicho que iba a matar a mis hijos, que se los encontraron en una situación lamentable, y es falso”, dice. Además, Sevilla indica que en su procedimiento particular, el fiscal se basa en el mismo informe de la Policía sobre el que la Fiscalía se ha pronunciado para archivar la causa, por lo que “no sé cuánto tardaremos pero también demostraremos que todo lo que dicen en el atestado es mentira, explica esta madre.

Como explicó el abogado de María Sevilla a este medio, tras el archivo de la causa en la Fiscalía, las madres seguirán los procedimientos que cada una tiene abiertos de manera individual. En ese sentido, explica el abogado Vicente Tovar, Sevilla tendrá que defender ahora que actuó en defensa de su hijo cuando decidió ocultarse con y hasta su detención el 1 de abril. Sevilla está acusada de un delito de sustracción de menores por incumplir una sentencia de 2017 que otorgaba la custodia al padre de su hijo.

Tovar, que representa también a la exvicepresidenta de la asociación, Rocío de la Osa, explica que las acciones podrían ser de dos tipos. Por un lado, cabría la posibilidad de interponer una denuncia penal contra alguno de los agentes de Policía que participó en la investigación. Por otra parte, en el caso de Rocío de la Osa —que recuperó la custodia de su hija en diciembre después de que un juzgado le retirara en junio la patria potestad bajo sospecha de delito de sustracción de menores y amenazas— Tovar cree que podría existir negligencia por parte de la Policía y del juez, lo que abre la puerta a exigir responsabilidad patrimonial a la administración. “Tenemos que estudiar el asunto despacio”, admite Tovar.

Tres madres han sido detenidas por quebrantar el régimen de visitas de sus hijos o por la imposibilidad de entregarles las notificaciones al desconocer su paradero. Los medios han tejido una “trama criminal” de “brujas”.

“Mi niño no ha mentido, yo no he mentido y el niño ahora mismo está con su presunto abusador, con el que el mismos niño ha denunciado”, recalca Sevilla. “Por ser valiente, por contar lo que le había pasado, el castigo ha sido separarlo de la persona que le protegía y entregarlo a su presunto agresor” mantiene.

La asociación Infancia Libre se creó para denunciar la falta de mecanismos para proteger a los niños que denunciar abusos sexuales, a quienes con frecuencia no se da credibilidad. “A los niños no se les escucha, no se les cree, y esto es gravísimo”, dice Sevilla. “Si mi hijo fuera mayor de edad no estaríamos en esta tesitura”. Sevilla mantiene que su hijo no quiere estar con su padre, “pero como es un niño parece que no tiene derechos”.

Fuente: El Salto

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