Impunidad policial, silencio sepulcral

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Por Josep Garganté
El pasado 14 de abril la Alcaldesa y máxima responsable política de seguridad y prevención del Ayuntamiento de Barcelona afirmó a los medios de comunicación que la Guardia Urbana «ha actuado como debía actuar» e insistió además que la Guardia urbana «cuenta, como siempre con el apoyo de este Ayuntamiento».

Hacía referencia a los hechos ocurridos el 23 de marzo y que comenzaron aproximadamente así: «Venga, una, dos, tres ya por ellos» llamó un agente de la Guardia Urbana de paisano y con este rasgo de salida comenzó la persecución de una quincena de jóvenes que habían plantado la manta a la salida del metro de Drassanes.

En la corredera hubo caídas, empujones y un vendedor ambulante terminó herido según él mismo por un empujón de un agente de la Guardia Urbana en las escaleras del Metro.

De allí fue llevado a hombros por un compañero suyo hasta el CUAP Perecamps y allí, sin que nadie fuera detenido, pero si con fuerte presencia policial, fue atendido por un médico ante la presencia de agentes de la Guardia Urbana.

No sólo lo dice el paciente, lo dice el informe de alta y nos lo confirmó a un compañero del colectivo de Tras la Manta y a mí mismo el médico el día de los hechos.

En este punto debemos detenernos para recordar que:

Primero, el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña actualizó en junio de 2015 la Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria, en la que, entre los derechos que recoge, figura el de «preservar la privacidad y la intimidad» mientras la persona es atendida por un profesional médico y también el de «decidir quién puede estar presente durante los actos sanitarios». En concreto, detalla que «la persona tiene derecho a ser informada de la posible presencia de profesionales no directamente relacionados con el acto asistencial (investigadores, estudiantes u otros profesionales) y puede aceptar, o no, esta presencia».

Segundo, el Protocolo de Estambul afirma que no debe haber ningún agente policial durante la visita al médico.

Tercero, en la presentación del Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura 2015 el Síndic alertó que «los reconocimientos médicos de las personas privadas de libertad a menudo se hacen en presencia de la policía o de otros funcionarios de custodia «, y remarca que» en el caso de centros de atención de urgencias y áreas de custodia esta práctica es sistemática «. El Síndic recuerda que esto contraviene a «las directrices internacionales», que indican que «los reconocimientos médicos se realizarán en privado, sin personal de custodia presente en el área médica ni a las zonas de alcance visual y auditivo».

Continuamos …

La conversación entre el médico y nosotros dos donde le reclamábamos por petición del herido volver a ver al médico a solas, sin presencia policial, fue grabada, dicen que por casualidad, por un agente de la Guardia Urbana.

El mismo paciente y otra persona presentaron una queja al CUAP Perecamps dado que no se le permitió modificar al paciente el informe sobre cómo se había realizado el daño en la pierna.

Los tres agentes que realizaron la grabación de la conversación trasladaron el vídeo a sus superiores y de ahí se acabó derivando un informe policial donde se utilizaron hasta 16 agentes de la Guardia Urbana y donde se tomó declaración a varios trabajadores y trabajadoras del CUAP Perecamps.

Como resultado de estas actuaciones y grabaciones policiales se generó mediáticamente el Caso Garganté y diferentes grupos municipales exigieron mi dimisión y realizaron una Comisión extraordinaria de Presidencia para reprobar me. Siempre es interesante recordar que dijeron entonces Gobierno y oposición.

Marcado el juicio por el pasado 1 de diciembre el médico del CUAP Perecamps afirmó: «Yo no he presentado ninguna denuncia» ante el juez de la Sala 221 de la Ciudad de la Justicia.

En este punto hay que parar de nuevo para plantear que nos podríamos encontrar ante un caso de falsedad en documento oficial dado que el médico no era consciente de haber denunciado.

Por tanto, en este sentido se abren, como mínimo, dos hipótesis: que un agente de la Guardia Urbana marcara la casilla de denuncia, por tanto, suplantara la voluntad del médico o que un agente de la Guardia Urbana incentivara que el médico marcara la casilla de denuncia sin que éste supiera que estaba marcando.

Sea como sea, nos encontramos ante dos posibles hechos muy graves que afectan al cuerpo de la Guardia Urbana (la falta de confidencialidad médico-paciente y la falsedad en documento oficial) y que desde nuestro grupo municipal entendimos que deberían ser tratados debidamente.

Por eso mismo presentamos el pasado miércoles 14 de diciembre una proposición en la Comisión de Presidencia instando a la máxima responsable política de seguridad y prevención, Ada Colau, para que propusiera una Comisión de investigación en el Consejo Plenario del Ayuntamiento que hiciera un seguimiento

Impunitat policial, silenci sepulcral

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