Iberdrola quiere construir un almacén de residuos en la central nuclear con más incidencias del Estado
En marzo de 1973, en pleno auge y proliferación de las centrales nucleares en España, en las postrimerías del franquismo que planteaba la energía atómica como solución a los graves problemas energéticos, se empezó a gestar el proyecto de Cofrentes. La zona escogida, muy cerca de la localidad, del volcán de Cofrentes y del margen derecho del río Júcar, es un espacio inscrito en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de ser un lugar con una alta peligrosidad por inundaciones. Sin embargo, después de diez años de obras, en octubre de 1984 entraría en servicio la central nuclear de Cofrentes.
Después de décadas de sucesivas prórrogas del Permiso de Explotación Provisional de la nuclear, el año 2011 caducaba la última licencia, y coincidía con el fatídico accidente en Fukushima. Pero, pese a la férrea oposición de la plataforma ecologista Cerramos Cofrentes -que terminó con diecisiete activistas encausades- y la entonces reciente fuga radiactiva, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió ampliar su vida diez años más, hasta el 2021.
Hoy en día, el estado de envejecimiento de la central se presenta como un problema estructural de difícil solución. Según las voces ecologistas, la única opción viable es el cierre, desmantelamiento y tratamiento de los residuos provocados durante los 32 años de funcionamiento de la nuclear. Todo ello, alertan, antes de que se produzca cualquier accidente grave o irreversible. Y es que, tan sólo en los últimos quince años, la central nuclear de Cofrentes ha sido la que más accidentes, o, según la terminología de la industria nuclear, sucesos , ha sufrido de todo el Estado, con más de 200 registros y decenas de paradas no programadas.
Cerramos Cofrentes vuelve a la acción
Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, a propuesta del Gobierno, iba por el camino de convertirse en el futuro cementerio nuclear del Estado pero como se trata de una zona de geología inestable, el proyecto se detuvo. Posteriormente a esta decisión, el pasado mes de octubre, la empresa Iberdrola, propietaria de la nuclear de Cofrentes, inició los trámites para levantar un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en los terrenos de la central de Cofrentes, a través de una solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El depósito pretende albergar los residuos nucleares que ya no caben en las piscinas de agua de dentro de la nuclear. Estas piscinas son una instalación imprescindible para evitar la contaminación radiactiva del aire y los accidentes nucleares graves, ya que su estructura aísla las radiaciones que provocan los materiales radiactivos gastados.
A raíz de la decisión, en enero, numerosas organizaciones ecologistas y algunos sindicatos del País Valenciano volvieron a poner en marcha la plataforma Cerramos Cofrentes. El objetivo ahora es detener la construcción del MTI ya que, explican, estos almacenes están sirviendo a las propietarias de las nucleares para alargar la vida de las centrales del Estado más allá de los 40 años de vida útil, medida de seguridad establecida cuando se crearon. Pep de la Rubia, coordinador de Ecologistas en Acción del País Valenciano, comenta que «la normativa determina que deben prever con antelación el espacio en las piscinas, ya que se trata de un material muy peligroso que no puede albergarse en cualquier lugar «, pero» no sabemos muy bien si es verdad que no tienen suficiente espacio en las piscinas para llegar hasta el año 2019 o hasta el 2021, cuando se le agotaría el permiso de explotación «.
Después de sacar el proyecto a exposición pública, diversos colectivos ecologistas aportaron un listado de observaciones sobre el proyecto de Iberdrola, dirigidas al Ministerio español. De entre todas, subrayan la incongruencia que supone aprovechar los frutos de la energía nuclear respecto la peligrosa herencia que deja para generaciones futuras, con residuos -como el uranio o el plutoni-, que pueden tardar cientos de miles de años a desintegrarse. También alertan de que Iberdrola pagaría sólo hasta 1.200 millones de euros en caso de accidente nuclear máximo, aunque las pérdidas podrían ser cien mil veces superiores; la falta de un estudio de impacto ambiental sobre la zona donde se debe construir el MTI; y el estado envejecido y caduco de las instalaciones de la central, «con miles de dispositivos y materiales sometidos a condiciones de extrema presión, temperatura y radiactividad» que aumentan cada día la probabilidad de sufrir un fallo grave que ocasione un accidente máximo.
El riesgo de una nueva Fukushima
Las piscinas de la nuclear de Cofrentes se abastecen y refrigeran gracias al agua del río Júcar, una fuente de aparente seguridad que puede girarse en contra en cualquier momento. La hipótesis ya se demostró en 1982, durante las obras de construcción de la central, cuando las lluvias torrenciales que desbordaron el río y provocaron la pantanos de Tous – la gran inundación y la rotura de la presa de blandos- , también inundó por completo todas las instalaciones del recinto y mataron a nueve trabajadores. Por suerte para la seguridad nuclear, la construcción iba con retraso y la central todavía no estaba activa.
La historia se podría volver a repetir. Por esta razón, y con motivo del sexto aniversario del accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, el pasado 11 de marzo, un grupo de activistas de Marfull-Acció Ecologista Agró y de la plataforma Cerramos Cofrentes se desplazaron hasta en la presa del embalse de Contreras para realizar una acción directa no violenta. En las pancartas desplegadas a lo largo de la infraestructura hidráulica se podía leer que si la toma llegara a romperse, Cofrentes pasaría a ser una nueva Fukushima. Además, desde Marfull aseguraron que se trata de un riesgo doble porque también podría producirse un accidente al otro embalse, el de Alarcón.
Asimismo, la central se encuentra ubicada en una zona inundable según el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana). «En las alegaciones que presentamos contra el MTI expusimos que, en el estudio que aporta Iberdrola para hacer el almacén, se afirma que la base del almacén se queda a cuatro centímetros por encima del peligro de inundación, como si esto fuese a salvaguardar una zona que es propensa a sufrir los efectos de la gota fría «, relata de la Rubia indignado.» Esto demuestra que los pesa más, si el beneficio o la seguridad nuclear «, concluye.
Del mismo modo, el río Júcar, el más largo de los que atraviesan la Comunidad Valenciana, es una importante fuente para la economía y el sustento de las habitantes de la Ribera, así como para la población de la Huerta y de la misma capital. Por tanto, en caso de una fuga de material radiactivo o de un accidente similar, tanto la gente que convive con el río, como el sector primario con el que subsisten miles de familias, se verían gravemente afectados y habría pocas posibilidades de solucionar una contaminación de estas características.
El negocio de las nucleares
En toda España se consumen en promedio un total de 40 o 42 giga-vatios (GW) de luz al día. Sin embargo, en la producción diaria hay un exceso de oferta con más de 100 GW y, por tanto, el uso y justificación de la energía nuclear por parte de Iberdrola no responde a una demanda de energía eléctrica real . Al igual que con la eólica o los extensos campos de placas solares, también bajo su propiedad o como principal accionista, según de la Rubia «Iberdrola y el resto de grandes corporaciones como Endesa dominan y manejan el mercado para su interés y, además, reciben subvención del Estado «. Hay que añadir que estas empresas cobran más caro el kilovatio de lo que les ha costado producirlo: hasta siete u ocho veces más, unas cifras que sitúan el precio de la energía eléctrica como el tercero más caro de Europa.
Asimismo, las plantas de ciclo combinado del País Valencià, situadas en Castellón y en el Puerto de Sagunto, a menudo tienen que detener su producción por el exceso de energía eléctrica que se produce en la nuclear de Cofrentes -activa las 24 horas del día-, sobre todo de noche, ya que el consumo de energía eléctrica es más elevado durante el día. Por otra parte, las cifras demuestran que la energía que se produce en ambas plantas podría sustituir la nuclear, «pero las plantas de ciclo combinado no se crearon para sustituir otras fuentes como las nucleares, es decir, no se hicieron a cambio de cerrar Cofrentes por peligrosidad, sino que son otro negocio más de estas empresas «, destaca de la Rubia.
Todo esto hace que la exigencia de los ecologistas para cerrar Cofrentes se diluya en una serie de intereses que ni siquiera responden a una demanda energética real. «La nuclear está completamente amortizada, por lo que todo lo que da son beneficios ya Iberdrola le interesa tener negocios tan rentables», expone de la Rubia. Además, según las ecologistas, el beneficio que saca la empresa, cada día, de la central nuclear de Cofrentes es de un millón de euros. «Esto es mucho dinero y se aferrarán con uñas y dientes al discurso que las nucleares son seguras para mantener este negocio», sentencia el activista.
El Consejo de Seguridad Nuclear, en tela de juicio
La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) presentó, el pasado mes de octubre y ante la Secretaría de las Cortes Generales del Congreso, un informe sobre la actual situación que se está viviendo dentro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El grupo de profesionales expusieron en un documento de siete hojas lo que entienden como «un grave deterioro de la función reguladora de este organismo», debido, sobre todo, a las actuaciones de los gestores que entraron en la cúpula directiva del año 2013. el ASTECSN denuncia la deriva que ha cogido el CSN, marcada por «la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, para no perjudicar intereses espurios, y las presiones sobre los técnicos evaluadores».
Asimismo advierten de las consecuencias «impredecibles y alejadas de la función reguladora, tanto en el ambiente de trabajo como en la propia seguridad nuclear y protección radiológica», finalidades para las que fue creado el organismo, y señala que el actual directiva del CSN pretende una desregulación nuclear para evitar que se hagan tantas inspecciones de seguridad. En la presidencia del CSN hay Fernando Martí Scharfhausen, conocido por ser un miembro declarado del Opus Dei, por haber sido durante muchos años en Repsol, haber sido vicepresidente en el Consejo Nacional de la Energía (CNE) y ocupado el cargo de secretario de Estado de la Energía durante los primeros años de gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Posteriormente, sería designado presidente del Consejo de Seguridad Nuclear por seis años, cargo que mantiene hasta la actualidad.
«El CSN está entorpeciendo las tareas de los técnicos y profesionales de las nucleares y está cayendo en una deriva muy peligrosa para la seguridad y la salud de todas nosotras», remarca de la Rubia. «Parece que más que ser un consejo de seguridad nuclear, que vela por el medio ambiente y para la vida de las personas, es un consejo para asegurar el beneficio de las empresas que gestionan las centrales nucleares», advierte. La Asociación Profesional también puso el grito en el cielo porque el CSN está relajando las inspecciones, dejando que sean las propias centrales las que, si ven errores, informen, siempre y cuando lo vean conveniente. De este modo, el CSN pretende rebajar la gravedad de cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir en una central para que, pase lo que pase, el nivel de gravedad sea 0 o 1 y no tenga una repercusión negativa sobre la percepción de las nucleares en el imaginario social. Además, denuncian las nuevas reglamentaciones que está haciendo el Consejo que describen como absolutamente laxas e imprudentes, así como totalmente decantadas hacia los intereses del Partido Popular y del lobby nuclear.
El interés principal para reabrir la central de Santa María de Garoña (Burgos) es precisamente demostrar que la vida de las nucleares españolas puede ir más allá de los 40 años de vida para los que fueron diseñadas, ya que la mayoría de centrales que quedan activas están a punto de cumplirlos, como las de Extremadura, Ascó y Cofrentes. Cuando se reclama la reapertura de Garoña obvia que se trata de la central más antigua de España, cerrada tras el accidente de Fukushima por el mal estado, el envejecimiento y la degradación que sufren sus instalaciones, , debido a la propia actividad nuclear.
Lavar la imagen a la energía nuclear
El accidente nuclear de Fukushima fue el punto de inflexión para el futuro y la imagen de la energía nuclear, ya que el grave incidente rompió con la trampa que se estaba gestando en torno a la nuclear como energía de futuro . Los accidentes de Chernobyl y Three Mile Island marcaron grandes precedentes, pero el accidente en la ciudad japonesa ha sido el que más ha conmocionado a la sociedad contemporánea por la proximidad temporal. A raíz de los hechos, se aplicaron una serie de medidas prohibitivas en muchos países de todo el mundo.
En el caso de España, la consultora de comunicación Llorente & Cuenca, encargada de la comunicación de multinacionales como Repsol en muchos países del mundo, realizó un informe que describía la situación internacional tras la catástrofe de Fukushima para el sector empresarial nuclear. El documento hacía referencia a un «tsunami informativo» para hablar de la ola informativa que, según la consultora, había «arrasado el debate mundial sobre la energía nuclear» y «había afectado las decisiones comunicativas de autoridades, empresas del sector y grupos sociales «. Además, diagnosticaba «el alcance internacional y el efecto emocional» que provocó la catástrofe con «efectos notables sobre la percepción desfavorable de la energía nuclear», de alguna manera, intentando hacer ver que la razón por la cual la sociedad tenía la mala percepción era la labor informativa de los medios.
Del mismo modo, la consultora daba ciertas claves para redirigir la situación y presentaba el escenario post-Fukushima como «una crisis de modelo o una enorme oportunidad» para que la industria nuclear se mostrara comprometida con la sociedad y pudiera «consolidar su futuro «para su supervivencia. Incluso, animaba la industria nuclear a tomar decisiones de comunicación estratégicas, tales como reajustar la narrativa sobre la legitimidad de su negocio frente a una situación donde las emociones, el miedo, la presión las activistas y la necesidad de los políticos de responder a las demandas sociales podrían fijarse un escenario de pesadilla para el futuro de su negocio.
En esta línea, el director general de la central de Cofrentes, Tomás Lozano, recientemente defendió que su instalación contribuye a la lucha contra el cambio climático porque no emite gases de ningún tipo. Sin embargo, «en Cofrentes oculta que hacen con los residuos, a quien le compran el uranio, si su plutonio después sirve para hacer armas nucleares, si hay intereses de la OTAN …», destaca de la Rubia , que se pregunta «si Cofrentes cumple con el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares.