Publicado en: 10 octubre, 2015

Humberto de la Calle, negociador o “marchandise” de la justicia y la paz en Colombia?

Por Sara Leukos

El polivalente y escurridizo Humberto de la Calle, en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), se consagró como ministro de gobierno en el año de 1990 -1991. Su imagen se pudo ver en la Asamblea nacional constituyente de 1991.

 

      En memoria a (de) María Esther Cayapu, comunista, líder y enfermera. Habitante del  municipio de Trujillo quien  fue detenida por agentes al servicio de narco-paramilitares, torturada  y desmembrada. Su  cuerpo tirado al rio Cauca, nunca fue  encontrado.

EL polivalente y escurridizo   Humberto de  la Calle, en el gobierno de Cesar Gaviria  (1990-1994), se consagró como ministro de gobierno  en el año de  1990 -1991. Su imagen se pudo ver en la Asamblea nacional constituyente de  1991.  Mientras esto ocurría, se perpetraba una de las  tantas  masacres en los municipios de  Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994 en  el departamento del Valle del Cauca. Esta instalación del terror se realizaba   en medio de los alborozos políticos de la constituyente de 1991, hallándose  en su momento, un hecho álgido, inaceptable: escuadrones de  la muerte compuestos por grupos de narcotraficantes  del norte del valle, agentes de policía, batallones y agentes militares. Todos reunidos para  asesinar y  desaparecer como en las peores eliminaciones del siglo XX.  Se extendía la supresión más allá del siglo XX y aún ahora. Un fuerte cordón histórico de instrumentalización  política: mientras se  habla de democracia, se asesina.  Es un ejemplo raro,  caótico lo  que ocurre en  Colombia.

Es extraño y porque no decirlo,  vulgar, inoficioso y de mal  gusto político: asesinar  para triunfar. Un exabrupto. Un crimen político de la peor calaña.

Humberto de la Calle, siempre destacado por estar en ligeras orillas, con su vozarrón de media luna, de un lado y otro para destacar los intereses de quien lo protege. Cabe recordar, su  vicepresidencia en el gobierno de Ernesto  Samper (1994-1998),   durante los primeros dos años, al parecer su trabajo político lo convoca indignado a renunciar a su cargo por el llamado  proceso 8000 mil ante el ex-presidente Samper, bajo  una ética de cuerda. En su paso, se le olvida que se extendió la más execrable masacre en el Valle del Cauca en el municipio de Trujillo. Según él,  podría argumentar que dicho temita no era de su competencia,   pero nunca se sabrá que  aureola se imprimió en su ministerio, decretos de  seguridad nacional privada, ya gestadas desde el ex-presidente Cesar Gaviria.

Es sabido que renunció, según él   por una cuestión ética, la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña electoral de Samper, pero no por el grupo de narcos-paramilitares que hicieron de las suyas, a su antojo y amaño deteniendo, asesinando, descuartizando y desapareciendo a numerosos labriegos del municipio  en el Valle del Cauca.

La  masacre  de Trujillo,  ocurrida durante su ministerio pasa sin vergüenza por el estado y bajo su periodo vicepresidencial. Después de una marcha de campesinos, esta se inicia  de manera  sistemática, paulatinamente bajo jornadas entre un mes  y otro. En un giro sistemático, se  asesinaron entre hombres y mujeres a más de 380  ciudadanos por parte de narco-paramilitares en el municipio de Trujillo.  Muchos de ellos torturados, desaparecidos,  descuartizados y tirados al río Cauca. El cielo lloró  y con ello las nubes grises envolvieron un clima sobrecogido, de miedo para los trujillenses tanto  en la gran montaña, como en el casco urbano. En aquel cielo pintado, aparece la vereda La Sonora, lugar  expedito del gran circuito  geo-referenciado, para la realización de la masacre de Trujillo,  consagrando una vez más una historia local, de horror  ante  la memoria de Colombia. Los muertos  comenzarían hablar mucho tiempo después…

Esta prolongación de violencia, no entró en la ética del representante plenipotenciario,  por parte del gobierno actual para los  diálogos en la mesa en la Habana. Nunca se sintió ético y moralmente  en  secuencia, para  renunciar ante el hecho –para-criminalizador  en dicho periodo por la masacre de Trujillo. Nunca estaría  dentro de su juicio moral, renunciar por  los asesinatos de los campesinos, sino que más bien,  se escurrió en el tiempo  acorde con sus intereses internos y mediáticos que obligaría su ética de afanador, más bien virado sobre  el temita del proceso 8000 mil abierto al ex­-Presidente Ernesto  Samper.  Seguro su curso  político lo  continuó sin mella, donde las huestes le  atiborraron  su mente para pasar hacer el asesor jurídico en la reforma a la Constitución que llevó a la primera reelección del canalla y baladrón de Álvaro  Uribe Vélez. Todo un montaje y acción de instrumentalización política.

Hoy el lenguaje del sr. Humberto de Calle es el mismo, sus declaraciones fuera de tono, sobre lo acordado en materia de justicia en la mesa de la Habana, es poco acertada en el actual dialogo de paz.  Tanto con Cesar Gaviria, Ernesto Samper como  con Álvaro Uribe, este  representante en la Habana ha transitado sinuosamente, en toda la estela del circuito político, bajo los  decretos de seguridad nacional del estado, colocando un  sello  para-criminalizador.  Ello  no vino solito.  Todo tiene su cuota económica, política, administrativa y jurídica donde, se les esperan  a muchos para que respondan en el banquillo por los crímenes cometidos y sus delitos políticos.

Así el curso de la justicia,  toma otros matices, aún a sabiendas como se ha pasado por la apertura de las negociaciones de paz en 1991 con la  coordinadora guerrillera y, hoy con otra salida.

Hoy el sr. Humberto de la Calle,  esto lo hace  muy visible, como se mueve de una orilla otra con suma facilidad. Conociendo cómo las instituciones de estado, transitan de un retazo a otro, como en un rompecabezas político delineado. Su vocabulario emplazatorio a la justicia, debe salir a la luz en materia de compromiso del estado,  bajo el marco de una  no-impunidad. Esto convoca a que respete a cada una de las partes en la mesa de la Habana  los temas tratados. La sociedad civil merece respeto sobre  el acuerdo sobre justicia,  firmado por las FARC-EP y el gobierno de Santos. Caben muchos interrogantes sobre los alcances que el gobierno quiere en materia de  justicia e impunidad para sus políticos, empresarios y militares que deben hacer parte del llamado tribunal especial. El banquillo de los  acusados espera y la sociedad requiere claridad sobre  la justicia  abordada en el acuerdo de paz.

Empezando por  desbrozar la impunidad del Estado, que bajo un proceso de paz,  ya amarró leyes para ejercer  decretos punitivos ante la lucha por el  derecho a la libre expresión y los convirtió a través del Código  penal en  leyes represoras,  de corte  punitivo. El estado en la imposición, bajo su instrumentalización del poder vierte una violencia como fin implícito y  ahora  transita tranquilamente desde sus huestes a una violencia jurídica para  terminar lo iniciado.

Al  plenipotenciario del presidente Santos ante la mesa de la Habana,   señor Humberto de la calle, que no se le olvide  como  la justicia acordada debe por lo menos, llegar a una acción restaurativa para darle salida a la  impunidad estatal. Esa que justo, esperan los colombianos, porque la paz no es mercancía de la palabra, ni corte de culebrero. Allí todos harán resistencia popular, sobre nuevas formas y  subjetividades  políticas e históricas. No todo está perdido. Hay que  abonar el camino, no con aires triunfalistas, sino detenerse en una o todas las partes para ser creativos políticamente, mientras se aguarda el tiempo.

-->
COLABORA CON KAOS