Hong Kong: la clase obrera entra en escena
Por Alejandro Iturbe
La HKCTU es la segunda central de Hong Kong en cantidad de afiliados. El programa de la huelga contenía cinco puntos:
“a) Retiro permanente del proyecto de “ley de extradición” [presentado por la gobernadora Carrie Lam al Concejo Legislativo); b) Retiro de la caracterización de “motín” de las protestas del 12 de junio pasado; c) Liberación sin cargos de los manifestantes detenidos; d) Investigación independiente de la violencia policial y el abuso de poder, y e) Implementación plena del sufragio universal (para la elección del Jefe de Gobierno y el Concejo Legislativo]” [1].
La huelga tuvo un fuerte impacto en el sector de transporte, especialmente en el sistema metroviario (esencial para el normal funcionamiento del territorio), en los ómnibus y en las compañías aéreas. También se extendió a los medios de comunicación y al fuerte sector financiero, tanto por la adhesión de algunos sectores de trabajadores como por las grandes dificultades para llegar a las empresas.
Fue precedida por cuatro días de manifestaciones, iniciadas el viernes anterior con una movilización de trabajadores estatales. El propio lunes 5/8, la huelga fue reforzada por bloqueos de estaciones del metro y de cruces claves de calles, realizados por grupos de activistas que se movían de modo permanente para evitar la represión policial. La ciudad se transformó en un verdadero caos, llena de “coágulos de tráfico” [2].
Esta huelga es un nuevo paso en un proceso de lucha por demandas democráticas que lleva adelante el pueblo de Hong Kong contra el régimen chino de Beijing, que se inició en junio pasado en rechazo de la “ley de extradición” propuesta por la gobernadora Carrie Lam y que, desde entonces, no se ha frenado [3].
La gobernadora respondió nuevamente con una fuerte represión policial: más de 420 manifestantes han sido detenidos y la policía reivindicó haber disparado más de 1.000 cartuchos de gases lacrimógenos contra lo que denominó “tácticas de guerrilla urbana” de los manifestantes [4].
La gobernadora Carrie Lam está cada vez más débil: los manifestantes exigen su renuncia, y su apoyo entre la población ha caído por debajo de 20% [5]. Ante la huelga, en una conferencia de prensa se limitó a reiterar su posición previa: no va renunciar y aunque mantiene la suspensión del proyecto de “ley de extradición” no lo retira. Al mismo tiempo, acusó a los manifestantes por la situación y justificó la represión policial: “algunos elementos radicales han cambiado la naturaleza de las protestas” [6].