Honduras. “Yo, Juan Orlando Hernández…”: Diez años de golpe de Estado

Diez años después del golpe de Estado que estremeció la vida institucional y de todos los seres humanos hondureños, y que repercutió en el continente en general como el primer golpe de Estado exitoso en el siglo veintiuno, continuamos en estado de inconstitucionalidad. De ser un territorio por el que cruzaba la droga que del sur se conducía hacia territorio estadounidense, pasamos diez años después a ser calificados por el medio de comunicación norteamericano FoxNetwork como “la capital hemisférica de la cocaína” y por wikipedia como un típico ejemplo mundial de “narco Estado”.

“Formalidades” diplomáticas

La gente formal, liderada por el cuerpo diplomático acreditado en Honduras, no solo se sorprenderá con esta afirmación, sino que la calificará de demagógica y antojadiza. Y pondrán por delante datos que a ellos les basta para decir que no solo se dio al traste con el golpe de Estado, sino que el país avanzó a un nuevo escenario democrático. Y ese dato es el de tener gobiernos legítimamente elegidos en las urnas electorales puesto que en diez años se han celebrado tres comicios electorales, con participación de partidos políticos con candidatos que han aceptado las reglas del juego conducidas por el Tribunal Supremo Electoral. Esta autoridad suprema en asuntos electorales ha sancionado los resultados electorales y ha declarado legal y oficialmente como autoridades públicas a quienes han sido elegidos en sus cargos por el voto de los electores hondureños.

Sin embargo, existen datos sólidos que cuestionan los argumentos de la gente formal. Hubo un proceso electoral en noviembre de 2009 del que salió electo el señor Porfirio Lobo Sosa, en unas elecciones calificadas oficialmente como las más concurridas en la historia electoral hondureña. El marco en el cual se celebraron aquellas elecciones fue de estado de sitio y con expresiones de protesta contra las elecciones y el golpe de Estado que fueron severamente reprimidas por los cuerpos armados, tanto de la policía como primordialmente por el ejército. De acuerdo a observadores nacionales e internacionales independientes, la asistencia a las urnas a lo largo de las horas que duró la contienda electoral fue raquítica y solo alcanzó niveles de asistencia notoria cuando los candidatos a la presidencia y reconocidos candidatos a diputados o expresidentes se acercaron a depositar su voto en las urnas.

Comienza el “blanqueo”

Se cuenta con informaciones acreditadas con testimonios recogidos en el terreno que, en comunidades y municipios deprimidos, como ocurrió en zonas del departamento de Lempira, fronterizo con El Salvador, activistas del Partido Nacional pagaron entre mil y dos mil lempiras a centenares de personas que previamente habían decidido no votar, para que cambiaran de opinión y fueran a ejercer el sufragio. De igual manera, se supo de activistas de varios partidos políticos que se repartieron entre ellos votos para depositar en las urnas electorales, con papeletas que fueron llenadas por los mismos delegados a las mesas electorales, con el fin de inflar el número de votos en las urnas bajo su custodia. En el argot popular se conoció al presidente Lobo con el membrete de “Pepe Inflado”. Se trató de elecciones celebradas en un ambiente represivo y militarizado, cuyos “abultados” resultados sirvieron solo para otorgar legitimidad electoral al gobierno que le daría continuidad al golpe de Estado.

Acuerdos de Cartagena

Blanquear la ruptura constitucional fue la labor que realizó el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en sus cuatro años al frente del Ejecutivo. Este servicio a las élites empresariales y la burocracia partidaria tuvo su momento decisivo en la firma de los Acuerdos de Cartagena en mayo de 2011 entre el presidente Lobo y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, teniendo como mediadores y testigos a los presidentes de Venezuela, en ese momento Hugo Chávez, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En esos Acuerdos se garantizó el reintegro de Honduras a la OEA, un retorno seguro al país del expresidente Zelaya, la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la conversión del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en partido político con derecho a participar en elecciones en igualdad de condiciones con otros partidos y la decisión de convocar eventualmente a una Asamblea Nacional Constituyente.

De esta manera, los Acuerdos de Cartagena dieron legítimo reconocimiento a la resistencia popular, ya no sólo como oposición política amplia y social, sino como partido político, el que luego habría de constituirse como Libertad y Refundación (LIBRE). Hubo reconocimiento del gobierno de Pepe Lobo hacia la resistencia como oposición legal, al tiempo que hubo reconocimiento de Manuel Zelaya Rosales hacia Pepe Lobo como gobierno legítimo. Y ambos acordaron dirimir la crisis generada por el golpe de Estado en el escenario electoral. La comunidad internacional liderada por Estados Unidos, seguida por la Unión Europea y los organismos multilaterales, OEA y ONU, se dieron entonces por satisfechos porque se estaba cumpliendo el compromiso del respeto a los derechos humanos como condición para reconocer el gobierno de Pepe Lobo, junto con el retorno de Manuel Zelaya y la oficialización de la resistencia como oposición legal.

Los Acuerdos de Cartagena se convirtieron, sin duda, en el factor decisivo no solo para dar legitimidad interna al golpe de Estado, sino también para que el cuerpo diplomático diera por bien pagada su labor de empujar a las partes a un retorno pacífico, dialogado y negociado al orden constitucional. Sin embargo, los que cometieron el delito de romper el orden legal, no solo no fueron enjuiciados, sino que además se convirtieron, tras la firma de los Acuerdos de Cartagena, en conductores del proyecto de “estabilidad” política y del proceso electoral que habría de culminar en las elecciones del último domingo de noviembre de 2013.

Comisión de la Verdad y Seguimiento

Justo un mes después de la firma de los Acuerdos de Cartagena, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) –creada en mayo de 2010, a los cien días de que Pepe Lobo jurara como presidente de la República–, presentó oficialmente su informe bajo el título “Para que los hechos no se repitan”, con una visión, datos y recomendaciones sobre los hechos ocurridos antes y durante el golpe de Estado. La creación de la CVR provocó rechazo y repudio en la oposición, tanto en la aglutinada en el FNRP como en la agrupada en los organismos defensores de derechos humanos.

Esta oposición conformó su propia “Comisión de Verdad”, y bajo el auspicio y financiamiento de diversos organismos internacionales, mayoritariamente europeos, los integrantes de esta instancia paralela a la creada por el Estado, se comprometieron a elaborar un informe con datos precisos sobre lo que ocurrió durante y después del golpe de Estado y que desmintiera el informe que daría la CVR; al tiempo que señalaría la responsabilidad de los golpistas en los asesinatos y violaciones a los derechos humanos.

Para sorpresa de muchos escépticos, el informe de la CVR partió de calificar lo ocurrido el 28 de junio de 2009 como un “golpe de Estado al Ejecutivo”, con lo cual estableció una ruptura conceptual con la historia oficial, que hasta entonces identificaba el derrocamiento y expulsión del país del presidente Zelaya Rosales con una “crisis institucional” que luego devino en “sucesión presidencial”. Esta última formulación se convirtió en la más repetida por los diversos sectores nacionales e internacionales alineados con la extrema derecha, a la que se unían voces piadosas que salían –como por arte de encanto– convertidas en sonrisas devotas de las más acreditadas autoridades de las jerarquías de las iglesias hondureñas.

Es cierto que la CVR no se atrevió a calificar todo el hecho como un golpe de Estado, lo que deja en precario la formulación, puesto que un golpe de Estado al Ejecutivo es una ruptura constitucional que afecta todo el orden institucional. Así ocurrió cuando se calificó como golpe de Estado la decisión del Ejecutivo de cesar en sus funciones, en 2012, a la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; como de igual manera se calificó el fraude electoral cometido por los tres poderes del Estado en las elecciones del último domingo de noviembre de 2017, al dar por ganador a Juan Orlando Hernández no obstante que los resultados electorales no lo favorecieron, y –sobre todo– porque este fue reelecto violentando la Constitución de la República que prohíbe la reelección presidencial. Lo ocurrido hace diez años no es un golpe parcial al Ejecutivo, como lo calificó la CVR. No existen golpes parciales. Hay golpes de Estado y punto. Sin embargo, esta calificación fue la primera que oficialmente se distanció de la “sucesión presidencial”, ese adefesio jurídico con que la versión oficial llamó al golpe de Estado.

La calificación de lo ocurrido el 28 de junio de 2009, como “Golpe de Estado al Ejecutivo”, no fue la principal sorpresa salida del informe de la CVR. Su análisis de los acontecimientos desnudó a los actores políticos, funcionarios del Estado, a los militares y policías y a cierto sector del alto empresariado hondureño; y lo hizo con mucho profesionalismo y un alto grado de objetividad. Pero lo que más sorprendió, en positivo, fueron las 84 recomendaciones y las 4 sugerencias presentadas en el informe final que su coordinador, el guatemalteco Eduardo Stein, entregó al presidente Pepe Lobo.

Unas recomendaciones que, de haberse implementado, hubiesen significado una auténtica reversión de los dinamismos puestos en marcha con el golpe de Estado. Dos años después de aquel mayo de 2011, en que se hizo entrega oficial del informe, la comisión de seguimiento coordinada por el historiador Rolando Sierra reconocía que apenas 13 de las recomendaciones se estaban tomando en cuenta. Al cumplirse diez años del golpe de Estado, todo el informe de la CVR ha quedado en el más absoluto olvido, y como un adorno propio de un museo de los acontecimientos que ocurrieron en un remoto pasado, conocido como golpe de Estado.

Fiasco de la “Comisión de Verdad”

De la creación alterna de la llamada “Comisión de Verdad”, solo se sabe que por las oficinas de organismos de derechos humanos circularon decenas de consultores calificados, contratados para un informe que nunca se vertebró; y, una vez que se presentó, muy lejos del profesionalismo con respecto al informe de la CVR, en su primera etapa, desapareció como por arte de magia no gubernamental. Si el informe de la CVR se llamó “Para que los hechos no se repitan nunca más”, y dejó un legajo de recomendaciones a las que nunca ninguna estructura oficial tomó en cuenta, el informe de la “Comisión de Verdad” no dijo nada serio sobre los hechos y en la práctica dicho informe quedó para que sus contenidos no se conocieran “nunca más”.

La reducción del informe de la CVR con sus 84 recomendaciones y sus 4 sugerencias, a un archivo olvidado y empolvado, se debió ante todo a la ausencia de voluntad política por parte de quienes han tenido capturado el Estado hondureño, y que se han constituido en los genuinos beneficiarios del golpe de Estado. Y en menor medida –pero no por ello sin importancia–, a la decisión de la oposición política y de los organismos defensores de derechos humanos de ignorar el informe.

Por esa ingrata y paralizante soberbia que suele corroer al ser humano cuando tiene alguna cuota de poder, por pequeña que esta sea, los dirigentes de la oposición y de los organismos defensores de derechos humanos no podían reconocer o dar credibilidad a un informe como el de la CVR, y menos aún exigir el cumplimiento de las 84 recomendaciones, elaborado por una instancia a la que previamente habían calificado como instrumento al servicio del blanqueo del golpe de Estado. Por eso sus recomendaciones quedaron en el más absoluto de los olvidos.


Porfirio Lobo Sosa se esmeró en cumplir con su tarea de “blanquear” el golpe de Estado, y a partir de los Acuerdos de Cartagena y el Informe de la CVR, la relación del Estado hondureño con la comunidad internacional volvió a su normalidad.


Porfirio Lobo Sosa se esmeró en cumplir con su tarea de “blanquear” el golpe de Estado, y a partir de los Acuerdos de Cartagena y el Informe de la CVR, la relación del Estado hondureño con la comunidad internacional volvió a su normalidad. Comenzó su proceso de olvido. Sin embargo, una vez que el país volvió al cauce de su normal desconocimiento internacional, arreció del 2011 al 2013 la disputa por parte de los diversos carteles de la droga por el control de los principales hilos de la institucionalidad del Estado hondureño, con una alianza todavía más estrecha con los líderes de las pandillas por el control territorial del “menudeo”. Esto significó el aumento de la violencia y la criminalidad, al grado que en esos años Honduras alcanzó la escalofriante cifra de 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, que colocó al país como el más violento del planeta.

Todos los caminos conducen a Juan Orlando Hernández

Mientras Pepe Lobo se preocupaba por recuperar la credibilidad del Estado, cumpliendo con las presiones de la comunidad internacional, en el Congreso Nacional se movían bajo la mesa los dinamismos que darían auténtica continuidad –en los años subsiguientes– a la ruptura constitucional. Todos los poderes políticos, incluyendo el de la Embajada de Estados Unidos, se deslizaban hacia la presidencia del Congreso Nacional depositada en el señor Juan Orlando Hernández Alvarado.

Si se tuviera que resumir diez años de golpe de Estado en ganancias personales, sin duda sería en la figura de este personaje que incursionó en la política siendo todavía un jovenzuelo en tiempos de Rafael Leonardo Callejas. Nadie ha ganado más en concentración de poder, en ventajas económicas y en manejo de los asuntos públicos que Juan Orlando Hernández Alvarado. Graduado de abogado luego de haber egresado como cadete del Liceo Militar del Norte, desde muy temprano se le vio en la cercanía de los hombres con poder del Partido Nacional.

La década de los noventa fue el tiempo de acumulación de condiciones para convertirse en el personaje que logró hacerse del mayor poder que ningún político ha logrado en la historia hondureña reciente. Luego de fugaces salidas a España y Estados Unidos para realizar estudios de posgrado, se hizo cercano de Rafael Callejas, de quien habría de aprender la malicia en el manejo de los recursos del Estado para distribuirlos entre sus allegados y para la acumulación personal y familiar. De ser secretario de gente de poder en su partido, pasó a ocupar el primer curul en el Congreso Nacional en el período de 1998 a 2002.

El gran ganador

Nunca dejó de trepar en la escala política, primero de su partido y de ahí hasta alcanzar la Presidencia de la República. Fue jefe de bancada de 2005 a 2009 y secretario general del Partido Nacional de 2006 a 2010. En esas posiciones de poder de decisión en su partido estaba cuando ocurrió el golpe de Estado. Mientras ocurrían los acontecimientos, Juan Orlando Hernández no solo participaba activamente en la consumación del golpe de Estado, sino que como alto dirigente de su partido se puso a seguir muy de cerca los pasos y decisiones de Porfirio Lobo Sosa hasta convertirse en su auténtico delfín, primero del candidato a la presidencia, entre julio y noviembre de 2009; y, con mayor razón, una vez que Porfirio Lobo Sosa asumió la Presidencia de la República. Pepe Lobo apadrinó a Juan Orlando Hernández de tal manera que una vez que asumió la presidencia del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa no tenía ninguna otra alternativa que ungir a su delfín como candidato oficial del Partido Nacional para la siguiente elección presidencial.

Conviene insistir: el mayor ganador en los diez años de golpe de Estado se llama Juan Orlando Hernández. No se podría entender su meteórica carrera hacia arriba, con sus cinco décadas de vida, sin haber ocurrido el evento llamado golpe de Estado. Una persona ambiciosa de poder y de dinero, y con su inteligencia pragmática a cuestas, como Juan Orlando Hernández, convirtió los destrozos institucionales y la ruptura de todos los tejidos sociales en medios para llegar a ser el prohombre que es a la vez un político nacido para la demagogia. Y, en las circunstancias de anomia y vacío político en las que se encontró la institucionalidad hondureña, esa demagogia se convirtió en populismo.

En un país con tan bajo nivel de escolaridad, todo mundo espera que surja alguien que con su mano hacia arriba y promesas baratas se convierta en mesías y salvador de las masas miserables. En un ambiente de desigualdades y violencias, es fácil pasar del populismo a la imposición de un orden autoritario; y, de la fuerza, pasar al control de la institucionalidad del Estado para hacer que se apruebe una legislación a la altura del “ordeno y mando”. Diez años le han bastado a Juan Orlando Hernández para convertirse en estricto dictador del Estado de un país que se encuentra en harapos institucionales. Y así se convirtió en constructor de una institucionalidad a la medida de sus ambiciones personales.

Los “políticamente obedientes y no deliberantes”

La minuciosa construcción de una estructura autoritaria y dictatorial conducida personalmente por Juan Orlando Hernández no podía dejar de lado el diseño de sus anillos de confianza y de adulación, conformados por hombres y mujeres con un nivel suficiente de profesionalismo y una tendencia a la medianía en desarrollo intelectual, pero con suficiente capacidad para responder a los requerimientos exigidos por la voz de quien ordena y manda, saber defender los intereses de quien es el jefe y saber obedecer a carta cabal. Estos anillos de confianza y adulación, Juan Orlando Hernández los ha sabido diseñar con paciencia oriental, y los ha formado tan a su gusto que diez años después nadie dudaría en calificarlos como maestros en adulación y expertos en ser “políticamente obedientes y no deliberantes”.

Después de haber pasado por los pasillos del Congreso y de Casa presidencial como mandadero –aunque ya con corbata– de los políticos con poder, Juan Orlando Hernández nunca podría mantenerse en esos pasillos sin otra posición que no sea la de ver a todos los demás de arriba hacia abajo, que solo se puede mantener en los mismos concentrando más poder en torno suyo, como un emperador que después de haber salido de las tierras rurales del departamento de Lempira no podría volver a ellas sino para recibir la pleitesía de toda la gente.

Una vez puestos bajo su control todos los hilos del poder, y teniendo garantía de la pleitesía, adulación y obediencia de todos los anillos de las estructuras del poder del Estado, Juan Orlando Hernández se ha encargado de diseñar las estructuras que lo protejan de las protestas y de toda oposición que él no controle. Para ello, siendo Presidente del Congreso Nacional, creó dos poderosos cuerpos armados: los TIGRES (Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Estos cuerpos armados, en los hechos, los ideó en función de la obediencia a las órdenes emanadas de Casa Presidencial, uno de ellos para realizar misiones de protección a empresas desde un servicio territorial y el otro para responder a las órdenes del presidente ante las “amenazas” provenientes de protestas y reclamos sociales.

Del poder Legislativo al poder Ejecutivo

Sin ser tan perceptible al comienzo, pero con evidente notoriedad con el paso del tiempo, el poder real del Estado se fue deslizando paulatina pero firmemente del Ejecutivo al Legislativo, de manera que ya para el año 2012 el poder efectivo residía en la presidencia del Congreso Nacional, y a Porfirio Lobo Sosa no le quedó más remedio que sancionar lo que Juan Orlando Hernández ya había decidido en el Congreso Nacional. Una vez que se abrieron las puertas para la elección presidencial, a mediados de 2012, Juan Orlando Hernández se encargó de ir traspasando progresivamente los instrumentos de mayor decisión del Congreso Nacional a la Casa Presidencial. Así, cuando alcanza el triunfo en noviembre de 2013, gran parte del poder del Estado ya había sido traspasado legalmente del Congreso Nacional a la Casa Presidencial.


…»ya para el año 2012 el poder efectivo residía en la presidencia del Congreso Nacional, y a Porfirio Lobo Sosa no le quedó más remedio que sancionar lo que Juan Orlando Hernández ya había decidido»…


Un factor decisivo del golpe de Estado ha sido la concentración de decisiones en una estrecha alianza entre la burocracia política mayormente centrada en el sector más afín a la extrema derecha del Partido Nacional, un sector muy reducido de la élite empresarial y las transnacionales, mayoritariamente de los Estados Unidos. Al debilitarse en extremo la institucionalidad del Estado, el vacío que deja lo llena inevitablemente el personaje llamado Juan Orlando Hernández y estos sectores que se benefician del colapso institucional, sustituyéndolo.

Radicalizar el modelo de desarrollo extractivista y romper la división de poderes

Es así como se radicaliza un modelo de desarrollo basado en las inversiones en la industria extractiva, el impulso a cualquier costo de las inicialmente llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), a las que luego de haber sido calificadas como inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se les devolvió la vida y la legalidad bajo el nombre de Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE), no sin antes haber destituido a cuatro de los cinco magistrados que habían declarado la inconstitucionalidad de estas.

Todo esto ocurrió en 2012 siendo Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional, donde ya fungía como auténtico soberano del país, muy por encima de Pepe Lobo. Para atar todos los cabos, el presidente del Congreso Nacional tomó la decisión de doblegar a los diputados para que una vez electos los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se eligiera como Fiscal General del Estado al único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no había votado a favor de declarar inconstitucional las llamadas universalmente “Ciudades Modelo”, el abogado Óscar Chinchilla, estricto miembro de uno de los anillos de profesionales “políticamente obedientes y no deliberantes”.

Previendo condiciones para el momento de ser Presidente de la República, Juan Orlando Hernández retomó el artículo 287 de la Constitución de la República que crea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), para convertirlo en un instrumento al servicio del titular del Ejecutivo para su propia defensa y su propia seguridad. Con base en una Ley Especial establecida en el Decreto 239-2011, el CNDS es una instancia en la que participan los tres poderes del Estado más el Fiscal General, el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa, todos subordinados al Presidente de la República. Es el superpoder existente en Honduras. Todas las decisiones fundamentales sobre la vida y los derechos de la ciudadanía las acaba tomando el ciudadano presidente dentro de esta instancia, llevándose de encuentro la independencia de los poderes del Estado establecida por la Constitución de la República.

“Yo, Juan Orlando Hernández”

Juan Orlando Hernández juró como Presidente de la República el 27 de enero de 2014, en un ambiente de cuestionamiento a los resultados electorales a los cuales el partido LIBRE calificó de fraudulentos, y exigía que quien asumiera la titularidad del poder Ejecutivo debía ser doña Xiomara Castro de Zelaya, la candidata por la que apostó Manuel Zelaya Rosales, su esposo. Igual cuestionamiento elevó Salvador Nasralla, el comentarista deportivo, presentador y animador de televisión y promotor de concursos de belleza, quien decidió incursionar en la política electoral lanzando su candidatura a la Presidencia de la República luego de haber fundado el Partido Anticorrupción (PAC). Salvador Nasralla se convirtió en un fenómeno político porque tan pronto como lanzó su campaña política contó con la simpatía y la adhesión de centenares de miles de jóvenes provenientes del sector urbano universitario, y de quienes lo seguían desde décadas atrás por sus programas deportivos y por ser el narrador más experimentado en la historia del deporte hondureño. Según Nasralla, sus datos le indicaron que por encima de Juan Orlando Hernández y de la candidata de LIBRE, él fue el verdadero ganador en la contienda del último domingo de noviembre de 2013.


Juan Orlando Hernández tomó posesión con el indiscutible grito de emperador: “De la mano de Dios, yo Juan Orlando Hernández soy el presidente de Honduras”.


No hubo pataleo que estremeciera ni un ápice el veredicto del Tribunal Supremo Electoral. Juan Orlando Hernández tomó posesión con el indiscutible grito de emperador: “De la mano de Dios, yo Juan Orlando Hernández soy el presidente de Honduras”. Fue entonces que se escuchó decir de los expertos en teoría política y de los politólogos: este hombre viene para quedarse, y entonces recordaron las posturas y discursos de Hitler y de alguno que otro dictador europeo o latinoamericano. Al momento de su triunfante grito, la inmensa mayoría de las prerrogativas que él mismo creó las había deslizado de la presidencia del Congreso Nacional a la Casa Presidencial.

Primer revés aleccionador

Una de sus primeras decisiones fue enviar al Congreso Nacional, presidido por Mauricio Oliva, miembro del primer anillo de profesionales “políticamente obedientes y no deliberantes”, la iniciativa para que la Policía Militar del Orden Público adquiriera rango constitucional. Fue su primer revés, y con él Juan Orlando Hernández se preparó pacientemente para organizar de tal manera sus siguientes iniciativas para que nada ni nadie se las pudiera boicotear. Así ocurrió con el tema de las ciudades modelo, la elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la elección del Fiscal General del Estado, la elección del Procurador General de la República y la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso lo logró con una magistral combinación de articulación de sus amistades personales, la lealtad partidaria, la amenaza o chantaje político y personal y el soborno millonario para cumplir con aquello que un día dijo el poeta Roberto Sosa “Y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”.

“Y todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”.

poeta Roberto Sosa

Cuentan, por ejemplo, que para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2016, en donde ya se tenía anticipada la presidencia para el abogado Rolando Argueta, amigo personal y de parranda de Juan Orlando Hernández, desde Casa Presidencial hubo movimiento de dinero para la compra del voto de cada uno de los diputados, iniciando con tres millones de lempiras, y de acuerdo a testigos directos e implicados en ese ambiente, la suma alcanzó hasta doce millones de lempiras. Todo orientado a asegurar que el voto favoreciera la decisión que ya había tomado Juan Orlando Hernández para conformar la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con sus propios intereses, tanto financieros como políticos, en su inmediato presente y su siguiente futuro político.

Cachiros e Indignados

Poco tiempo después de haber recibido lo que sería su único revés político claro, con el rechazo legislativo a elevar a rango constitucional su Policía Militar del Orden Público, habrían de surgir las primeras manifestaciones vinculadas con el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS). Ya desde finales de la administración de Pepe Lobo se había denunciado que las arcas del Seguro Social estaban siendo despilfarradas bajo la coordinación de su director, el doctor Mario Zelaya. Pero fue ya en la administración del autoproclamado “Yo, Juan Orlando Hernández”, que se destapó el asunto no solo como despilfarro, sino como auténtico saqueo. Simultáneamente se difundieron noticias sobre el interés que tenía el entonces presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, en que se desmantelara la banda de narcotraficantes hondureños identificada como “Los Cachiros”.

A finales de 2014, tanto el saqueo del Seguro Social como el cartel de los Cachiros aparecían vinculados con altos dirigentes del Partido Nacional. En algún momento, se difundió incluso una fotografía en la que aparecían Juan Orlando Hernández y Ricardo Álvarez, ambos precandidatos a la Presidencia de la República por el Partido Nacional, confrontados entre sí, sentados en un ambiente de camaradería fumando el puro de la paz en una de las haciendas de los Cachiros en una zona del departamento de Colón.

A comienzos de 2015 se destaparon ambos casos. El saqueo al Seguro Social alcanzaba la cifra de al menos 350 millones de dólares, mientras los Cachiros decidían entregarse a la justicia estadounidense dejando tras de sí un reguero de sangre y un sinnúmero de delaciones. A la entrega de los hermanos Rivera Maradiaga –universalmente conocidos como los Cachiros– siguieron las capturas de los hermanos Valle Valle en el occidente del país, y muchos otros líderes del narcotráfico que de inmediato fueron extraditados. De igual manera, la justicia de Estados Unidos requirió en esos mismos meses a miembros prominentes de la acaudalada familia Rosenthal, a quienes se les acusó de usar un bien de su propiedad –el Banco Continental– para el lavado de dinero de los Cachiros.

La casa se limpia desde afuera

Se estaba implementando así la estrategia del gobierno de Estados Unidos, de poner orden en los corredores del tráfico de la droga a través de la limpieza del territorio de aquellos líderes-forajidos que habían adquirido un poder tan descomunal que operaban incluso con el control de instituciones de la policía y el ejército, y con capacidad para incursionar en los procesos electorales a través del financiamiento de las campañas proselitistas de muchos de los candidatos a cargos de elección popular desde alcaldes municipales, pasando por diputados y llegando al más alto nivel al pagar campañas de candidatos a la Presidencia de la República.

La estrategia de control de los corredores del tráfico de droga conllevó, además de la limpieza, la conformación de instancias operadoras de justicia directamente entrenadas y dirigidas por unidades del gobierno de Estados Unidos, una campaña sistemática de prevención de violencia, la implementación de programas pilotos de apoyo a prácticas exitosas de justicia en zonas territoriales de alto riesgo, y la depuración de la Policía Nacional. Esta última línea de trabajo contó con el argumento del liderazgo de la entonces rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, indignada tras el asesinato de su hijo junto a un amigo en octubre de 2011 en un operativo directamente realizado por comandos de la Policía Nacional. Desde ese momento se supo que hechos de esa naturaleza no solo no eran aislados, sino que formaban parte del accionar de estructuras de la policía que vinculadas con el crimen organizado se dedicaban a actividades delictivas y criminales dirigidas por oficiales de la entidad policial.


Julieta Castellanos, indignada tras el asesinato de su hijo junto a un amigo en octubre de 2011 en un operativo directamente realizado por comandos de la Policía Nacional.

“Fuera JOH” y diseño del plan de reelección

Mientras ocurría el proceso liderado e implementado por el gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, las denuncias sobre el escándalo del saqueo del Seguro Social fue adquiriendo para abril y mayo de 2015 dimensiones de protesta social, que comenzando con unas decenas de jóvenes no ligadas a grupos políticos, alcanzaron la convocatoria de miles de personas indignadas que con el símbolo de una antorcha en mano exigían juicio y cárcel para los saqueadores del Seguro Social. Fue en estas movilizaciones –que además se extendieron a las principales ciudades y que a mediados de 2015 movilizaban a miles de ciudadanos–, en las que surgió el grito del “Fuera JOH”, que pronto se convirtió en la consigna política que abrazaron todos los opositores políticos organizados y también los sin partidos.

Este grito político se consolidó cuando investigadores y analistas confirmaron que un importante porcentaje de los fondos saqueados al Seguro Social se destinaron a financiar la campaña de Juan Orlando Hernández entre 2012 y 2013. Entonces llegó el momento en que bastaba que una multitud se congregara en un estadio, para presenciar un partido de fútbol o asistir a un concierto musical, para que el “Fuera JOH” se dejara escuchar masivamente como eco de la protesta social y política.

Según observadores y analistas independientes, las movilizaciones de las antorchas habrían contado sino con el respaldo al menos con la simpatía de la Embajada de Estados Unidos. Las mismas habrían servido como factor de presión para lograr la dócil colaboración del presidente Juan Orlando Hernández con la estrategia de lucha contra el narcotráfico encabezada por Estados Unidos. En ese ambiente es donde habría de surgir la oportunidad de Juan Orlando Hernández para sentar las bases de su plan de reelección presidencial, diseñado desde los años en que fungió como presidente del Congreso Nacional. Esta oportunidad la propició el movimiento de las antorchas y la lucha contra el narcotráfico.

Diálogo que relanza proyecto reeleccionista: se apagan las antorchas

“Yo, Juan Orlando Hernández” puso en el segundo semestre de 2015 a “dialogar” a todo mundo, hasta capitalizar a su favor toda la lucha de las antorchas. Dio vía libre para la captura y el enjuiciamiento de directivos del Seguro Social, comenzando por la captura y encarcelamiento de su director, Mario Zelaya; y, se comprometió a proseguir los enjuiciamientos bajo la consigna “caiga quien caiga”. Ante la demanda de los indignados de que se instalara en Honduras una instancia internacional de lucha contra la corrupción al modo como se instaló la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo el auspicio de la ONU, Juan Orlando Hernández logró que de su diálogo saliera una invitación a la OEA, para que esta liderara una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Y logró entonces el reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos, que le daría las condiciones para relanzar su personalidad de cara a dar rienda suelta a su campaña reeleccionista, que habría de cuajar con firmeza en 2016. La crisis de 2015, con sus antorchas y la captura y extradición de algunos de sus cercanos amigos, catapultaría a Juan Orlando Hernández para convencer a su propio partido, al sector aliado de la élite empresarial, al sector oficialista de la llamada sociedad civil y la Embajada estadounidense para recibir el aval que lo conduciría a su campaña reeleccionista.

En efecto, una vez aprobada, firmada y conformada la MACCIH, las antorchas se apagaron para volver en otro tiempo. La Embajada de Estados Unidos se dedicó desde entonces a presionar para que la MACCIH –instalada a comienzos de 2016 al igual que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)–, cumpliera con su función de apoyar las investigaciones que condujeran al Ministerio Público a expedir requerimientos fiscales contra funcionarios acusados en casos de corrupción. Simultáneamente, el gobierno de Juan Orlando Hernández se congratulaba con el cuerpo diplomático acreditado en Honduras al crear el Ministerio de Derechos Humanos, el mismo que ya había sido creado por Pepe Lobo, pero que Juan Orlando Hernández había suprimido al asumir el Ejecutivo; así como con la creación del Mecanismo Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. En el primer trimestre de 2016, la mesa de la reelección estaba servida.

Se allana legalmente el camino

Incluso se había superado el escollo legal. Logró que la Sala de lo Constitucional en pleno fallara en abril de 2015 a favor de la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República que establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido Presidente de la República o Designado Presidencial”. El mismo artículo deja en firme que quienes violen esta disposición o proponga una reforma, serán cesados de sus cargos y quedarán inhabilitados por diez años para ejercer cualquier función pública. Esta decisión de la máxima instancia de justicia falló a favor de dos solicitudes presentadas por 16 diputados nacionalistas y por el expresidente Rafael Leonardo Callejas. De igual manera, el conspicuo político, abogado y diputado Oswaldo Ramos Soto había presentado la moción en el Congreso Nacional para que se estableciera como un derecho humano la aspiración de todo ciudadano a ser reelecto.


Juan Orlando Hernández lanzó oficialmente, a finales de 2016, su decisión de participar en el proceso electoral con el fin de reelegirse para un segundo período como Presidente de la República.


Una vez allanado el camino, Juan Orlando Hernández lanzó oficialmente, a finales de 2016, su decisión de participar en el proceso electoral con el fin de reelegirse para un segundo período como Presidente de la República. En lugar de que los partidos de oposición cerraran el paso a esta decisión inconstitucional, y que desistieran de participar en un proceso que conducía irremediablemente a un fraude electoral, los dirigentes de los partidos políticos no se detuvieron y continuaron organizando sus estructuras; y los candidatos arreciaron sus campañas de cara al proceso electoral que culminaría el último domingo de noviembre de 2017.

La oposición electoral y su servicio a la reelección

Bajo el liderazgo de Manuel Zelaya Rosales se dieron los pasos para conformar una alianza opositora integrada por el partido LIBRE, el PAC de Nasralla y el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD). Ante los crecientes y sustentados rumores de que Zelaya Rosales propondría a Salvador Nasralla como candidato presidencial de la Alianza Opositora, Juan Orlando Hernández instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para invalidar la pertenencia de dicho candidato al PAC, una maniobra que buscaba restarle fuerza a una alianza que con la popular candidatura de Nasralla, tuviera que redoblar esfuerzos para garantizar el triunfo sin arriesgarse excesivamente ante la comunidad internacional. De esa manera, Juan Orlando Hernández logró que por una parte el TSE lo inscribiera a él como candidato del Partido Nacional, al tiempo que dejó a Nasralla sin partido.

Sin embargo, Zelaya Rosales ratificó a Nasralla como candidato de la Alianza Opositora. Y así, a inicios de 2017 ya estaban establecidos los dispositivos para una contienda electoral con un control de todos los hilos desde el poder del Estado. Se trató de un proceso electoral en donde el tradicional Partido Liberal dejaba de ser una opción, dejando sólo a dos contendientes con posibilidades reales de triunfo. No obstante, se advertía a todas luces que Juan Orlando Hernández participaba en las elecciones sobre la base de que nadie, bajo ninguna circunstancia,impediría su reelección.

Hubo llamados de diversos sectores sociales para que la Alianza Opositora se retirara de una contienda llamada no solo a fracasar, sino que además legitimaría el fraude y la inconstitucionalidad de la reelección presidencial. La Alianza Opositora argumentó que retirarse de las elecciones sería entregar en bandeja el triunfo a Juan Orlando Hernández; de igual manera, era tanto el descrédito del presidente de la República y tan alta la popularidad de la Alianza Opositora y su candidato Salvador Nasralla, que por mucho que intentase el fraude no habría manera de esconder los votos. Asimismo, se argumentó que la Alianza Opositora crearía un sistema de defensa del voto que impediría cualquier maniobra fraudulenta. Lo que nunca se dijo es que para muchos de los políticos hondureños participar en un proceso electoral acaba siendo una inversión.

Las elecciones inútiles

En ese ambiente se celebraron las elecciones el último domingo de noviembre de 2017. Y ocurrió lo previsto. En contra de los números, de las denuncias, del informe de la OEA, de las movilizaciones y el rechazo de una mayoría de la sociedad, el TSE declaró ganador a Juan Orlando Hernández. Y en medio de una feroz represión, con decenas de muertes, centenares de detenidos y un ambiente de miedo, el 27 de enero de 2018, sin ningún mandatario extranjero presente en la ceremonia, Juan Orlando Hernández tomó posesión para un segundo mandato; y, aunque fue muy moderado en sus palabras, no dejó de lanzar su grito predilecto: “Yo, Juan Orlando Hernández…”. Y de inmediato prosiguió con su política de “pacificación” de la oposición a costa de represión viva y directa, y prosiguió en su respaldo a la inversión en la industria extractiva y a profundizar la privatización de los bienes públicos.


NayibBukele de El Salvador, se negó a invitarlo a su toma de posesión por calificarlo como un presidente que llegó a la más alta magistratura de la nación por la vía del fraude.


El segundo mandato de Juan Orlando Hernández ha supuesto un costo político muy alto, especialmente porque el reconocimiento internacional que recibió es tan frágil que incluso el presidente electo en el país vecino, NayibBukele de El Salvador, se negó a invitarlo a su toma de posesión por calificarlo como un presidente que llegó a la más alta magistratura de la nación por la vía del fraude. Más que por los votos, por todos es sabido que el segundo mandato de JOH es el resultado de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reconocerlo.

Condiciones para el reconocimiento de la reelección

De acuerdo a fuentes de suma credibilidad, cinco fueron las condiciones que habría puesto el Departamento de Estado para reconocer a Juan Orlando Hernández como presidente reelecto. Una, respeto a los derechos humanos y a sus defensores, investigando y enjuiciando a los responsables de las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos en la crisis generada por los resultados electorales; dos, apoyo a la lucha contra la corrupción liderada por la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC); tres, apoyo a la política del gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico; cuatro, poner en marcha un proceso que conduzca a la eliminación de la Policía Militar del Orden Público, por considerar que en ella residen factores que representan un peligro para el autoritarismo del presidente y amenaza a los derechos humanos de la ciudadanía, especialmente de la que protesta; y cinco, llamar a los diversos sectores de la sociedad a un diálogo nacional para alcanzar legitimidad y afrontar los conflictos surgidos de la crisis política.

Juan Orlando Hernández ha mantenido la formalidad de responder a las cinco condiciones, sin estar interesado en el éxito de las acciones emprendidas, sino sólo en quedar bien con su socio del Norte para afianzarse en su posición de cara a proseguir con su proyecto personal de control del Estado. De entre las cinco condiciones, la más publicitada fue –como en el año 2015—el diálogo, en esta ocasión bajo la iniciativa del representante residente de la ONU y el aval de diversos sectores de la sociedad, de manera especial por la jerarquía de la Iglesia Católica. “Diálogo político” le llamaron, y en el mismo participaron representantes de los partidos políticos de oposición, menos de LIBRE. Aunque fue ampliamente difundido, los resultados de este diálogo quedaron en los hechos en nada específico, porque las recomendaciones se trasladaron al Congreso Nacional en donde se archivaron. De todos modos, esta nueva edición logró la distracción suficiente como para que Juan Orlando Hernández hiciera creer al cuerpo diplomático que estaba interesado en un diálogo como factor que resolvería la crisis surgida tras los polémicos resultados electorales.

Almagro y JOH: pacto de impunidad

El apoyo a la MACCIH y la UFECIC se ha centrado en casos relacionados con funcionarios del gobierno de Pepe Lobo, incluyendo su esposa; sin tocar a uno solo que tenga que ver directamente con su administración a partir de enero de 2014. El Propio Pepe Lobo acusa a quien fue su ungido de haberlo traicionado, al tiempo que ha crecido su voz demandando que se judicialicen casos de corrupción a gran escala de funcionarios en las administraciones de Juan Orlando Hernández, basados en denuncias documentadas que incluyen al clan familiar más estrecho, como su esposa, su suegra y sus más cercanos colaboradores. Se deja entrever que esta decisión –de entregar únicamente a funcionarios corruptos de la administración de Lobo Sosa– respondería a un pacto, más tácito que explícito, pero no por ello menos efectivo, entre Juan Orlando Hernández y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Este pacto tendría como base el interés de Almagro en proteger y dar cobijo a sus más cercanos amigos y amigas a través de su contratación en la MACCIH, a cambio de dar legitimidad a una presidencia nacida de unos resultados electorales cuestionados frontalmente por el mismo Almagro; a la vez que se dejaría por fuera los casos de corrupción vinculados estrictamente a Juan Orlando Hernández. Sea lo que fuere, a nadie le queda duda de que los muy sonados casos de corrupción que han salido a luz pública, la UFECIC los mantiene archivados y el vocero o los voceros de la MACCIH, nunca los han abordado. La renuncia-despido de Juan Jiménez Mayor como primer vocero que tuvo la MACCIH, tendría su causa en las denuncias que éste hizo públicas en relación con la corrupción que había detrás de las contrataciones que la OEA hacía del personal de la MACCIH, y porque comenzó a mover los archivos de corrupción que vinculaban a la esposa de Juan Orlando Hernández.

Tercer revés

Luego de aquel primer revés que sufrió Juan Orlando Hernández cuando los diputados le dieron la espalda a su pretensión de elevar a rango constitucional la Policía Militar del Orden Público, el tercer revés, casi devastador, lo recibió con la entrega-captura de su hermano Tony Hernández a las autoridades de la justicia estadounidense en noviembre de 2018. En un ambiente de creciente inestabilidad y de amplio repudio a sus prácticas imperiales, antojadizas y arbitrarias, y en el marco del cuestionamiento que el gobierno de Estados Unidos desató contra el gobierno de Juan Orlando Hernández por su responsabilidad en la amenaza que significa el fenómeno masivo de la migración, conocido como las caravanas de migrantes hondureños hacia territorio estadounidense, la noticia de la entrega-captura del hermano del mandatario, bajo la acusación de ser uno de los narcotraficantes de mayor escala en Centroamérica en los últimos diez años, se pudo creer que ese habría de ser el detonante que llevaría a la renuncia o derrocamiento del enclenque gobierno de Juan Orlando Hernández.


…»por mucho que lo quiera evadir o encajar, el golpe a su hermano narcotraficante no lo ha podido desviar»…


Siendo un severo revés para su prestigio y fama, nada detuvo a Juan Orlando Hernández en su programa personal de seguir manteniendo el control de los hilos de decisión en las estructuras del Estado. Sin embargo, por mucho que lo quiera evadir o encajar, el golpe a su hermano narcotraficante no lo ha podido desviar, sino que ahora pende como una espada de Damocles sobre su cabeza. Las declaraciones de su hermano ante la justicia estadunidense que dependerá de las declaraciones que su hermana confiese a la justicia estadunidense, lo puede mantener en jaque, o esa misma espada se le ensarta mortalmente para aniquilarlo en su vida como político y funcionario público.

Ya había ocurrido un segundo revés

Ya en diciembre de 2017, en el fragor de la presión ciudadana por impedir que se consumara el fraude electoral, Juan Orlando Hernández había recibido el segundo revés en su vida personal y de político exitoso, cuando recibió la noticia de la muerte de su hermana y más estrecha colaboradora en su administración, Hilda Hernández, la misma que manejaba los hilos de Casa Presidencial, los negocios con los medios de comunicación, la estrategia de comunicación, todos los programas de asistencia en lo que se llama Ministerio de Inclusión Social; y otros menesteres, más subterráneos que públicos. Su muerte quedó en la nebulosa y dejó más preguntas que respuestas.

Tan baja estaba la credibilidad de Juan Orlando Hernández, que en el imaginario colectivo la muerte de su hermana quedó subsumida en la mentira. Y a partir de ahí se conocieron las más inverosímiles versiones, que van desde la versión oficial de la muerte en un accidente en un helicóptero, pasando por la de haber simulado el accidente para hacerla desaparecer de la vida pública y así evadir la justicia estadounidense; hasta la de haber sido víctima de un asesinato producto de un ajuste de cuentas entre carteles de la droga. Lo cierto es que su muerte quedó en la nebulosa, las fotografías del helicóptero destruido correspondían a otros acontecimientos ocurridos en otros tiempos y otras latitudes, y al cumplirse un año de su fatídica muerte no hubo ni siquiera una esquela mortuoria y menos una ceremonia religiosa.

“Fuera JOH ya” versus “Fuera JOH en 2021”

Similar a aquel mayo de 2011, cuando los Acuerdos de Cartagena condujeron a que las partes en conflicto tras el golpe de Estado llegaran al pacto de dirimir la crisis en las elecciones de noviembre de 2013, cierta oposición política, liderada por LIBRE, parece reeditar un segundo acuerdo de Cartagena, con un pacto para dirimir la crisis del fraude electoral de 2017 en las elecciones del último domingo de noviembre de 2021. Este sector de oposición política tiene muy claro que el país se encuentra bajo una dictadura, y que Juan Orlando Hernández es el principal conductor de una estructura arbitraria, autoritaria y criminal. Sin embargo, entiende que esta dictadura se debe ir debilitando hasta culminar con su estrepitosa derrota en las urnas en las elecciones de 2021. Para ello, es necesario tener presencia y eventual control de todas las instancias que tienen que ver con el proceso electoral. Y para ese propósito, esta oposición tiene que bregar por el camino de algún entendimiento con el Partido Nacional, o al menos con algunos sectores del mismo. Es el “Fuera JOH”, pero no en este momento.

Frente a esa tendencia, existe otra oposición política y social que sostiene que con una dictadura fraudulenta y criminal no se puede negociar sin caer en la complicidad. Y que involucrarse en un proceso electoral conducido por quienes son expertos en golpes de Estado, en fraudes y triquiñuelas, como es el caso del Partido Nacional, es allanar el camino para dar legitimidad a la continuidad de la dictadura. Es proseguir con la misma lógica que llevó a la oposición a participar en el proceso electoral que condujo al fraude electoral y a la imposición ilegal de la reelección en 2017. Es la oposición que sostiene el “Fuera JOH ya”. Alcanzar un término medio entre estas dos tendencias está resultando muy difícil para quienes se atreven a convocar a diversos sectores de la oposición política y social.

Rasgos que dan plena vigencia al golpe de Estado

1 Un rasgo que nos indica que aún estamos en tiempos de golpe de Estado, es que las más importantes decisiones del país y sobre el país se toman fuera del país, sin el país y frecuentemente en contra del país. Y especialmente por el gobierno de los Estados Unidos. En estos diez años de golpe de Estado, el Estado y en general la sociedad hondureña han quedado en manos de las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos. Es sintomático que en los últimos años, en la medida en que se afianza el autoritarismo y se cercenan los derechos ciudadanos, todo mundo en las esferas políticas y empresariales está a la espera del tuit de la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Temas como las caravanas, la MACCIH y la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la elección de los titulares de diversos órganos del Estado, la aprobación de figuras jurídicas como la llamada Ley de Colaboración Eficaz y la validez o no del nuevo Código Penal, se ponen a la espera del tuit que divulgue la señora Fulton para que los funcionarios públicos actúen de acuerdo con las “preferencias” imperiales. La vigencia de un golpe de Estado se mide por la capacidad o la incapacidad que tenga un Estado para tomar sus propias decisiones. El Estado hondureño ha ido perdiendo su capacidad de autonomía, lo que indica que en la medida en que la fecha del 28 de junio de 2009 se aleja en el tiempo, más se consolida la vigencia del golpe de Estado.

2 La radicalización del modelo de inversiones bajo el control de esta alianza de la élite oligárquica, la burocracia política corrupta y las transnacionales, ha llevado en estos diez años a la mayor de las polarizaciones, que es la brecha insalvable entre la élite empresarial beneficiaria de la legislación arbitraria del Estado y que concentra infinitamente los capitales, y la inmensa mayoría de la sociedad que cada vez ha ido perdiendo oportunidades de empleo, beneficios sociales y ha visto cómo sus bienes naturales, como el agua y sus ríos, sus minerales, sus playas y sus montañas, y en general su hábitat, han sido arrebatados por la política estatal de concesionamiento, sin cumplir ni los más mínimos requerimientos legales establecidos por el estamento jurídico nacional y los convenios internacionales.

3 Es la brecha de las desigualdades, lo que convierte al modelo y la institucionalidad del golpe de Estado en el productor original de la violencia y la inestabilidad de Honduras. Una de las expresiones macabras de este rasgo es el asesinato de defensores de derechos humanos a lo largo de estos diez años de golpe de Estado, que tuvo su momento más dramático con el asesinato al final del día 2 de marzo de 2016 de la mundialmente conocida luchadora social, popular, ambientalista e indigenista, Berta Cáceres.

4 De acuerdo a economistas, un modelo que en diez años ha llevado a que seis de cada diez personas en edad de trabajar estén en el desempleo, eso es ejercer violencia; un modelo que ha provocado la huida del país de cerca de un millón de personas en diez años, eso es ejercer violencia y discriminación sobre la sociedad que queda excluida estructuralmente de las oportunidades; un modelo con un sistema de salud sin equipo médico básico, en donde los pacientes tienen que comprar sus medicamentos y todo lo que necesitan para la intervención médica, eso es ejercer violencia; un modelo que impulsa una política fiscal que se basa en tributos obtenidos mayoritariamente a través de impuestos indirectos, mientras los altos empresarios acaban pagando lo mismo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, eso es ejercer violencia. Y este modelo es el que se ha afianzado en estos diez años de golpe de Estado.

5 Otro de los rasgos fundamentales de un golpe de Estado es la subordinación de la institucionalidad pública, especialmente el marco jurídico, a las arbitrarias decisiones de quienes tienen el control de los hilos de esta institucionalidad. Cuanto más débil es la institucionalidad, más fuerte es este rasgo, facilitando así la concentración del poder en torno al anillo más cercano a Juan Orlando Hernández y el manejo que éste tiene sobre los asuntos públicos ligados íntimamente a sus decisiones personales. Todo lo anterior muestra, inevitablemente, que el golpe de Estado de junio de 2009 con todas sus consecuencias, lejos de haber quedado en el pasado, tiene mucha más vigencia en la medida en que se aleja en el tiempo. Un alto empresario, crítico de la actual administración, lo dijo con claridad y sencillez: “institucionalmente hablando, hace cinco años estábamos peor que hace diez años, y hoy estamos muchísimo peor que hace cinco años”.

6 Un rasgo de la persistencia de un golpe de Estado es que el control sobre las decisiones y el autoritarismo resultante es inversamente proporcional al bienestar de la sociedad. Mientras el deterioro social, económico e institucional nos va ubicando en los últimos lugares del mundo, y en no pocos índices en el último lugar, y orilla a millares de personas a huir en caravanas hacia Estados Unidos, el control de las decisiones del Estado se concentran más en la persona de Juan Orlando Hernández y su muy reducido anillo de confianza y adulación, constituido por los llamados “políticamente obedientes y no deliberantes”. Este reducido anillo ha ido escalando tantas posiciones de poder que su amplitud rebasa toda la institucionalidad formal; y la subordina a lo que decida este equipo privilegiado en torno a la figura de una sola persona, la cual ha quedado por encima de cada uno de los poderes del Estado, de los órganos contralores, de la Fiscalía General, de los gremios empresariales y de las estructuras de las Fuerzas Armadas.

7 Una señal de que un golpe de Estado va para lejos, es el beneficio que reciben las élites tradicionalmente más poderosas y beneficiarias de las políticas del Estado. Es cuando estas élites logran que sus inversiones cuenten con un marco jurídico que legitime las concesiones y la explotación de los recursos y las riquezas naturales. Es cuando logran que bienes y servicios públicos como los de salud y educación, energía, agua, carreteras y otros se privaticen, para que su explotación sirva exclusivamente para generar enormes ganancias a los programas de inversión de la empresa privada nacional y el capital transnacional.

8 Un golpe de Estado se consolida cuando, en lugar de un retorno seguro y verificable al orden constitucional, se refuerzan los instrumentos de control, de fuerza; cuando se aprueban medidas e instrumentos de coerción, cuando aumenta la militarización y crece la respuesta militar, policial y represiva ante las protestas sociales. Cuando se eleva el perfil de quien está en la jefatura del Estado y cuando se diseña e implementa un aparato de propaganda y publicidad que eleva el perfil de quienes mandan desde el Estado, y a la vez se ignora o se estigmatiza a quienes desde la oposición representan un peligro para los que manejan los hilos del golpe de Estado. La consolidación de un golpe de Estado se alcanza cuando la represión es no solo directa sino también persuasiva de todo tipo de oposición, hasta llegar a calificarse como “terrorismo preventivo de Estado”.

9 Un golpe de Estado se identifica en su creciente vigencia, al menos en el caso hondureño, cuando quienes manejan los hilos del poder del Estado y los propietarios de los medios de comunicación nacionales se confabulan para proteger ambos intereses y constituyen un aparato no formal, pero efectivo, de control de la noticia, de la libertad de expresión; y desde los medios de comunicación se controla a la oposición. Así es como se consolida lo que se da en llamar un “cerco mediático”, el cual, frente a la oposición que el régimen no controla, implementa un modelo que responde a los intereses tanto del gobierno como de los altos empresarios. Este modelo mediático se corresponde con una metodología que sigue cinco pasos: uno, se ignora a quienes dirigen las luchas opositoras y a sus organizaciones; dos, se coopta, sea a través de reconocimientos públicos que neutralicen su labor, o a través del soborno; tres, se estigmatiza o desacredita a los dirigentes y las organizaciones opositoras al golpe de Estado o a la estructura dictatorial o autoritaria que lo conduce; cuatro, se criminaliza a los principales dirigentes con el fin de persuadir a los demás a desistir de sus luchas, y para sentar precedentes de lo que le ocurre o podría ocurrir a quien ose desafiar el poder establecido; cinco, la eliminación física de opositores. Estos pasos se han cumplido en no pocos de los dirigentes y de las organizaciones sociales y populares, quedando nítidamente plasmados en el proceso que condujo al asesinato de Berta Cáceres.

10 Un golpe de Estado toma cada vez más vigencia cuando se mantienen las formalidades de las instituciones del Estado, pero que en los hechos niegan la democracia, la legalidad del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Y sobre todo cuando las elecciones, en lugar de ser sinónimo de democracia, son un factor más de inestabilidad y de legitimidad del proyecto autoritario. Las tres elecciones que han ocurrido en estos diez años de golpe de Estado son el peor ejemplo de los niveles de deterioro de la política, los partidos políticos y las instituciones que dan cabida y legitiman la democracia y el Estado de Derecho. Y no existe ningún signo que apunte a que las siguientes contiendas electorales dejen de ser inútiles para la democracia, pero sí un rasgo que legitima los personalismos en el marco de un proyecto autoritario.

11 Es rasgo de un golpe de Estado la desesperanza de su población al no encontrar salidas a su estado de postración, y así como deja de confiar en respuestas desde la oficialidad del Estado crece la desconfianza en el entorno y hace que cada quien se hunda en el encierro y en la búsqueda individual de soluciones a sus necesidades y problemas. Es cuando la sobrevivencia se convierte en factor extremo de desmovilización. Cada quien arañándose a sí mismo, en una infinita suma de individualidades. Y la migración hacia otros países, mayoritariamente hacia Estados Unidos, aumenta de manera incontrolable, hasta convertirse en el fenómeno de las caravanas como símbolo de diez años de frustraciones acumuladas para la inmensa mayoría de la sociedad.

12 Es también un rasgo del golpe de Estado que la gente se hunda y sea víctima de tres tentaciones: una, querer respuestas fáciles, rápidas y a muy corto plazo. Es la tentación de los inmediatismos, muy propio de una actitud que oculta y expresa la desesperanza; dos, el conformismo ante la sensación de que nada se resuelve, y ante la pérdida de credibilidad en las respuestas oficiales, la gente cae entonces en la tentación del encierro, del sálvese quien pueda. Tres, la huida, el escape, intoxicarse, sea huir literalmente del país, sea buscar soluciones en una secta religiosa, sea en el alcohol, la droga, el sexo, el fútbol o en los programas televisivos cargados de ofertas sentimentales. Es la expresión de la pérdida de esperanza en soluciones históricas y actores históricos, en los que se ha perdido toda confianza. Cuando esto ocurre, un dictador tiene toda la tierra fértil para implantar su proyecto no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. ¿Es el caso hondureño?

Golpe de Estado: consolidado, activo y en ebullición

Todos los factores anotados quedan debidamente acreditados en el actual Estado hondureño y en sus conductores. El golpe de Estado no es un acontecimiento del pasado. Es un proceso consolidado, activo y todavía en ebullición, y advierte que proseguirá sus dinamismos en el marco de un modelo neoliberal que necesita mano dura y autoritarismo para garantizar a sus beneficiarios seguridad en sus inversiones y ganancias rápidas y fáciles. En consecuencia, en estos diez años el presupuesto nacional ha reflejado la prioridad de quienes administran el Estado con el aumento a los rubros de seguridad y defensa, en detrimento de las necesidades en educación y salud, así como la aprobación de la tasa de seguridad –o “el tazón” como la ha calificado la sabiduría popular–, que asegura muchos millones de lempiras que han de ser usados a discreción por el Titular del Ejecutivo. Al final de estos diez años, esta prioridad en una seguridad basada en armamentos y represión, coloca en mayor precariedad la seguridad de las inversiones que pretende proteger, porque aumenta el malestar y la protesta en amplios sectores de la sociedad que ven cómo sus derechos sociales son cada vez másprecarios. De no trastocar los dinamismos de fondo que lo originaron hace diez años, el golpe de Estado seguirá como un volcán activo por los siguientes años, ya sea bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, o con un Juan Orlando Hernández enjuiciado y extraditado.

Golpe de Estado

Consolidado y en ebullición.

#10añosdecrisis

Mientras siga vigente el modelo extractivista y privatizador de bienes y servicios públicos bajo el liderazgo de la triple alianza arriba señalada, en Honduras no se necesitará un retorno responsable al orden constitucional, porque el orden que se necesita para la vigencia del golpe es una institucionalidad al servicio de las decisiones arbitrarias de quienes controlan las riendas del gobierno, independientemente de los resultados que obtengan en unas elecciones que inevitablemente seguirán siendo un factor más de la inestabilidad y de la inconstitucionalidad que prima en las instituciones del actual Estado hondureño.

Diez años de señales de contragolpe

†1. Defensa de los territorios y del ambiente.

Aunque los dinamismos del golpe de Estado han conducido el proceso hondureño a lo largo de una década, también tenemos los dinamismos del contragolpe, de la resistencia y la rebeldía de la ciudadanía que no agachó la cabeza ante la persistencia de la represión y el poder del proyecto autoritario y el modelo económico basado en el extractivismo, las concesiones, la privatización de los bienes y servicios públicos y la entrega del territorio en desmedro de la soberanía nacional.

Esta década de incesante golpe de Estado ha sido también la década de las comunidades hondureñas organizadas para la defensa de su patrimonio y sus riquezas naturales, de su cultura y sus territorios. Nunca en la historia hondureña se había conocido la pujanza de comunidades indígenas, negras y campesinas en pie de testimonio organizadas y en rebeldía ante los proyectos extractivos. Este fenómeno es sin duda el de mayor novedad y riqueza en diez años de golpe de Estado. Sin duda, fue Berta Cáceres la que lideró con mayor peso junto a COPINH esta rebeldía, a la que se suman organizaciones territoriales como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), las organizaciones de la zona del Aguán, que acabaron expresándose en el movimiento de Guapinol en defensa de ríos y reservas territoriales, así como organizaciones del sur del país y de varias instancias articuladores de estas luchas territoriales y ambientales. La debida y fructífera articulación nacional de estas luchas y experiencias ha sido sin duda lo más deficitario y lo que queda como tarea para la siguiente década.

2. Defensa de derechos humanos.

Esta década ha sido también la de la pujanza de las organizaciones y los movimientos en defensa de los derechos humanos, y especialmente del liderazgo de los defensores de derechos humanos amenazados y estigmatizados con mayor crudeza por quienes han profundizado los dinamismos del golpe de Estado. Aunque no se ha logrado un ambiente de confianza y de coordinación estable entre los diversos organismos defensores de derechos humanos, su palabra y su análisis han contribuido a develar las políticas represivas de los protagonistas del golpe de Estado, y han contribuido a divulgar ante los organismos internacionales la realidad y las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en Honduras. La conformación de instancias como la Coalición contra la Impunidad, por ejemplo, ha sido una de las expresiones más significativas contra el golpe desde los organismos defensores de derechos humanos.

3. Irrupción de la comunicación alternativa.

Esta ha sido la década de la irrupción de los medios de comunicación alternativos, tanto a nivel individual como en red, especialmente las radios comunitarias, pero también las producciones digitales, en una combinación creativa entre los medios de comunicación tradicionales con las redes sociales. Esta irrupción, sin ser una estrategia sostenida y sistemática, se ha convertido en una de las principales barreras de contención ante las amenazas oficiales a los periodistas y comunicadores sociales que a lo largo de la década cobró decenas de muertes violentas, esclareciéndose menos de un cinco por ciento de las mismas, de acuerdo a informes tanto oficiales como de organismos de investigación y análisis no gubernamentales.

4. Defensa del derecho a la migración.

Esta ha sido la década de los migrantes y de la conciencia que la sociedad ha tomado en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, acrecentada por la creciente discriminación y racismo que sostiene la aprobación de la legislación antiinmigrante impulsada por las políticas del gobierno de los Estados Unidos, primero y con fuerza con Barak Obama y continuadas con mayor escarnio por el gobierno de Donald Trump.

El fenómeno de los migrantes se esbozó en la primera década del siglo, y cobró una notoriedad alarmante cuando a finales de 2013 la presencia de hondureños alcanzó niveles masivos, de familias junto con niños, hasta despertar la preocupación política del gobierno de los Estados Unidos. Crisis humanitaria le llamó este gobierno, y fue cuando el fenómeno migratorio alcanzó la más alta prioridad política, y el tema formó parte obligada en las agendas de los gobiernos. El gobierno de Estados Unidos acordó dar una atención especial a los gobiernos de los países centroamericanos, a los que bautizó como “el triángulo norte”, e impulsó a partir del año 2015 el millonario “Plan de Alianza para la Prosperidad”.

Hubo mucha publicidad, y especialmente el gobierno hondureño se interesó en crear falsas expectativas. Sin embargo, al cumplirse los diez años del golpe de Estado ninguno de los tres gobiernos, El Salvador, Guatemala y Honduras, lo mencionan; y menos aún la administración de Donald Trump. Pero el fenómeno de la migración y los migrantes también son prioridad para los movimientos sociales, populares y organismos defensores de derechos humanos. Para Honduras el fenómeno migratorio ha sido un proceso acumulado a lo largo de muchos años, pero tras el golpe de Estado adquirió niveles desbordantes, lo que ha convertido a esta población en foco de atención de diversas organizaciones oficiales y no gubernamentales. Con la expresión final de las caravanas, el fenómeno de los migrantes se inserta como una de las tareas de mayor envergadura de cara a la ruptura con los dinamismos del golpe de Estado.

5. “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”.

Así se resumen diez años de irrupción de las luchas feministas en contra de la cultura patriarcal, las cuales han florecido de manera especial y con fuerza y pasión en este tiempo de vigencia del golpe de Estado. Aunque el presente siglo ha tenido a las mujeres como protagonistas en las luchas sociales hondureñas, con su creciente liderazgo en la defensa de sus territorios, ha sido en esta década cuando su protagonismo ha alcanzado mayor relieve. En la medida en que ha avanzado la consolidación de los dinamismos del golpe de Estado, esta irrupción feminista, más en sectores urbanos, medios, universitarios y profesionales ha sobresalido, y con el tiempo va poniendo en cuestión el poder de los hombres en varias esferas de la sociedad.


…el presente siglo ha tenido a las mujeres como protagonistas en las luchas sociales hondureñas, con su creciente liderazgo en la defensa de sus territorios…


En los últimos tiempos, esta lucha está llevando a afrontar y romper con el muro de la impunidad de los hombres que han usado su poder para abusos de autoridad, acosos y violaciones, sin importar sus cargos, sus prestigios y sus rangos. Esta irrupción todavía no logra las relaciones de confianza, simpatías y sinergias entre las diversas organizaciones feministas, lo que se convierte en una tarea para la siguiente década. Si esta tarea cuaja, en complicidad y fuerza entre todas las mujeres y sus organizaciones, el poder patriarcal con toda su cultura sexista, seguirá desmoronándose en favor de una cultura basada en nuevas relaciones de género.

6. Soberanía 2021.

Con menos alcance nacional, y todavía en ciernes, a lo largo de esta década de golpe de Estado se ha venido alimentando entre algunos sectores de pensamiento la reflexión, el análisis y el debate en torno a lo que será en 2021 el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, desde aquel lejano 15 de septiembre de 1821. La fecha, que será importante especialmente para los sectores que se estructuran en torno al golpe de Estado, para quienes ha de ser ocasión para organizar festejos que involucren a toda la gente con el fin de hacer creer que la sociedad que tenemos es la que más nos conviene.

Pero es importante sobre todo por la necesidad política de romper con esos dinamismos destructores de los tejidos sociales, políticos, humanos y culturales. Para estos sectores de pensamiento resulta de especial importancia trabajar en torno a lo que han significado 200 años para una soberanía entendida como capacidad de las élites para imponer sus decisiones, desde un poder que domina desde sus alturas. Desde la perspectiva de los sectores subalternos, las élites han impuesto una falsa soberanía, que con frecuencia es defendida por el pueblo expoliado como si fuese su auténtica identidad nacional, y que con frecuencia promueve también la confrontación entre los mismos pueblos oprimidos.

Esta década ha sido la más eximia expresión de esa soberanía elitista que ha arrasado con la dignidad y la soberanía nacional, y por eso mismo, el año 2021 se presenta como una oportunidad para trabajar previamente una propuesta que alcance consenso entre los diversos sectores de la sociedad. Una propuesta que represente una formulación de soberanía movilizadora en defensa de los intereses del país, el Estado y la sociedad, que se contraponga al concepto oficial y excluyente de soberanía.

«Poner manos a la obra en construir una propuesta de soberanía que sea el hilo político conductor en la siguiente década, es sin duda la primera tarea»

Poner manos a la obra en construir una propuesta de soberanía que sea el hilo político conductor en la siguiente década, es sin duda la primera tarea, la primigenia, la que incluye y acoge todas las tareas, como una estrategia política no solo para enfrentar y revertir los dinamismos constructores de una década de golpe de Estado, sino sobre todo para construir un proyecto hondureño de nación que rompa con un bicentenario de expoliación, dominio y control desde una falsa soberanía, impuesta por las élites. Un proyecto de soberanía que sea anticapitalista, antirracista y antipatriarcal.

7. Mirada centroamericana.

En esta década ha habido asomos a miradas, análisis, lecturas, búsquedas y encuentros desde una perspectiva centroamericana. Se han impulsado esfuerzos y redes entre universidades de los distintos países del istmo en torno a temas comunes, como bienes naturales, violencia, migración, juventud entre otros. Organizaciones no gubernamentales han emprendido iniciativas en redes en defensa del agua, la minería y los migrantes, así como comunidades eclesiales abren su mirada nacional para descubrirse desde un compromiso centroamericano. Este enfoque es el resultado de la conciencia de que nuestros problemas y conflictos no tienen origen solo en nuestros países, y que muchos de los resortes y actores que dinamizan nuestros problemas se encuentran fuera de nuestras fronteras. Esta conciencia conduce a la necesidad de articular redes y compromisos centroamericanos.

Centroamericanizar la propuesta “Soberanía 2021”. Es una oportunidad para enlazar todos estos esfuerzos en un proyecto común centroamericano. La fecha del 15 de septiembre de 2021 es común a los cinco países centroamericanos, lo que convierte de inmediato esta propuesta no solo para beneficio de Honduras, sino también de los demás países centroamericanos. Centroamericanizar temas, actores, búsquedas, redes es una tarea que sin duda conducirá a romper con los dinamismos del golpe de Estado. “Soberanía 2021” es oportunidad, es ocasión, es necesidad, es tarea para Honduras, para Centroamérica.

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