Honduras. Pruebas irrefutables contra altos oficiales deben dar condenas de más de 100 años de prisión

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El Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán en Tegucigalpa, continuó con la audiencia inicial de los tres oficiales de la Policía Nacional, acusados de varios delitos como el de tortura, lesiones y abuso de su autoridad en contra de cuatro defensores de los derechos humanos, ocho estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los acusados son: Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma , quienes se hicieron acompañar del Comisionado Leonel Sauceda y otro policía en calidad de testigos, así como de Roger Aguilar, Jefe de Seguridad de la UNAH.

Al evento asistieron los representantes legales de las víctimas del 08 de septiembre de 2017, quienes ese día se refugiaron en un microbús del Comisionado de los Derechos Humanos, (CONADEH), pero fueron atacados por los policías, que les rosearon gas pimienta en los ojos, los calumniaron y golpearon dentro de la unidad de transporte.

Evacuación de los medios de prueba

Darwin González

Abogado Darwin Gonzalez-ASOPODEHU

Uno de los acusadores de los policías, el abogado Darwin González, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, informó que para la audiencia de este 21 de marzo de 2018, se haría la evacuación de los medios de prueba,en este caso de los testigos de los policías.

González dijo que el caso está en la etapa de audiencia inicial, “empezamos con las pruebas testificales de la parte acusadora y del Ministerio Público, la cual se realizó en la audiencia anterior y en esta etapa del día de hoy se va a realizar la evacuación las pruebas testificales de la parte defensora de los mandos policiales”.

Agregó que ya declararon los defensores de los derechos humanos y estudiantes, que comparecieron en calidad de testigos, en la audiencia anterior y ahora se evacúan los testimonios y quedarán pendientes las pruebas testificales documentales para una nueva audiencia.

Qué se espera en el caso

El apoderado legal expresó que en el caso “se espera que se pueda aplicar la justicia y que la ley surta efecto en estos casos por los delitos imputados a los comisionados y subcomisionado de la Policía Nacional, que deberán recibir el castigo correspondiente conforme a derecho por todas las acciones que realizaron el día 8 de septiembre de 2017”.

González mostró su preocupación sobre los ofrecimientos de los medios de prueba que hizo la parte defensora, en donde se encuentran las certificaciones de las personerías jurídicas de cada una de las organizaciones de los derechos humanos, que han sido mencionadas- ASOPODEHU, CIPRODEH y ACI-Participa, en donde ellos tuvieron la facilidad de conseguir dicha documentación, la cual sólo se puede obtener de forma particular y de manera privada.

Temor a que queden sin condena

Para las organizaciones de los derechos humanos y los mismos afectados existe un temor latente de que los imputados puedan salir en libertad a raíz de las influencias que tienen en el Gobierno para conseguir cualquier tipo de información que afecte a los ofendidos.

“Hay preocupación por la evidencia que puedan conseguir o tener acceso a cualquier tipo de información que consideren poder facilitar su desarrollo, ya sea en el caso concreto de la investigación o el aporte que pueda ser necesario en el desarrollo mismo de todo el proceso o una información de forma particular que ellos pudiesen alcanzar”, destacó.

Dentro de los delitos por los cuales se les está persiguiendo a los policías acusados están las lesiones, abuso de autoridad, tortura entre otros, los cuales conllevan a una condena de aproximadamente de 120 años de cárcel por la acumulación de delitos, según los expertos, ya que su condena mínima ronda los 10 años de cárcel y son 12 delitos los que se les acreditan a los acusados.

“Eso es lo que se está buscando que vayan a la cárcel y que ellos no puedan desvirtuar ningún tipo de delitos por los cuales están siendo perseguidos en este caso y paguen por los abusos cometidos”, concluyó González.

Amedrentan a parte acusadora

Alejandro Mairena

Abogado Alejandro Mairena-CIPRODEH

Por su parte el abogado Alejando Mairena otro integrante de la parte acusadora, explicó que en este caso existen dos situaciones que se presentaron y una de ellas fue el requerimiento fiscal en contra de los defensores de los derechos humanos y de los estudiantes, el cual está en etapa de apelación ya que en unos casos se dio sobreseimiento definitivo, pero el Ministerio Público apeló y se encuentra pendiente.

“Existe una manera de amedrentarnos, no solo a las organizaciones, sino hasta la parte acusadora de forma personal a cada uno de los apoderados legales y hemos visto una manera sarcástica de cómo se presentan los acusados. Sin embargo estamos firmes en nuestra condición y porque hay compañeros apoyándonos que son defensores de derechos humanos y los mismos estudiantes que defienden el derecho a la educación de calidad”, agregó.

Dentro de las pruebas presentadas por la parte acusadora está un video en donde se puede apreciar de forma clara el momento en que a los defensores y estudiantes los policías les rocían gas pimienta en sus rostros, lo cual es considerada una prueba irrefutable de parte de los acusadores en contra de los oficiales de policía, donde se evidencia la tortura que recibieron las personas dentro del autobús, además del abuso de autoridad y la detención ilegal a la cual fueron sometidos los afectados.

Omar menjivar

Abogado Omar Menjívar-Coalición contra la Impunidad

En tanto el abogado Omar Menjivar Rosales, quien representa en el caso a Tomy Morales informó que se debe tener cuidado en el juicio, por la investidura de los acusados.

Evidencia es contundente

“En la parte jurídica, a los acusados se le va a dictar un auto de sometimiento a proceso, ya que la evidencia que hay en contra de los acusados es contundente, está el testimonio de las víctimas, los videos de los hechos, entonces las pruebas son irrefutables, sin embargo, tenemos que ponderar ya que el sistema tal y como funciona no siempre resuelve en base a la ley, especialmente en este tipos de casos”.

Menjivar dijo que en este tipo de casos, “el sistema resuelve según sea el sujeto que está sometido a proceso o el tipo de víctima y entonces ocurre un trato diferenciado y se dan las contradicciones en donde se pidió orden de captura y requerimientos fiscales contra los estudiantes y defensores de derechos humanos por delitos leves como la usurpación y contrariamente a los oficiales de policía acusados de 12 delitos se dio lo contrario, no se emitieron órdenes de captura”, destacó.

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