Honduras. Nuevo Código Penal entrará en vigencia carente de legitimidad y credibilidad

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A pocas horas de la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, marcado por un escenario en el que un sector está a favor y otro se opone a su contenido y ejecución, de acuerdo a los analistas en la materia, se ha demostrado la falta de credibilidad en la institucionalidad hondureña.

Lo anterior, para el abogado penalista Omar Menjivar, es un problema que afecta la normalidad del funcionamiento de un Estado de derecho, porque el funcionamiento de las instituciones democráticas se basa en la confianza que la población tiene en las instituciones y en las personas que delega su administración.

“La gente ha entendido que no es así y han identificado en la institucionalidad actual a un enemigo, a alguien o algo de lo cual solo puede proceder o porvenir males para la población. Yo creo que en ese contexto es que surge este Código Penal”, apunta el abogado Menjivar.

Desde la perspectiva eminentemente jurídica, el abogado Omar Menjivar indica que el nuevo Código Penal es mucho más avanzado que el actual, puesto que se acopla a los estándares de un Estado democrático de derecho, sin embargo, los diputados que lo aprobaron sacaron ventaja para hacer el mal.

“Ellos manipulan la ley a su gusto, por eso es que teniendo el poder definieron las penas menos graves o menos severas a los delitos de corrupción, de narcotráfico, pero hay que decir en honor a la verdad que este Código tiene como una política transversal el hecho de rebajar las penas en todos los delitos”, explica Menjivar.

A criterio de Menjivar, aunque el problema fundamental es la institucionalidad y no tanto el Código, las discusiones sobre la nueva normativa penal deberían estar enfocadas en cómo enfrentar el fenómeno de la corrupción y el narcotráfico que es la demanda popular.

Sin embargo, explica que en el nuevo Código el delito de Malversación de Caudales, cometido desde una estructura organizada, aumenta las penas de 12 a 15 años, condenas que podrían se aplicables en casos como los presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En relación a las amenazas para los derechos fundamentales de la población, Menjivar apunta que los delitos contra el orden público deben de desaparecer porque prohíbe las manifestaciones o reclamos populares frente a instituciones del Estado. “El problema es cómo el gobierno instrumentaliza esto para criminalizar acciones de la población que no tienen que ver con delitos sino con reclamos justos de la población”.

Aunque la nueva normativa penal carezca de credibilidad, el abogado Omar Menjivar opina que puede darse paso a una entrada en vigencia parcial o anticipada de ciertas disposiciones: “eso ya ha ocurrido, por ejemplo, el Código Procesal Penal actual entró en vigencia plena en el 2002 pero desde el año 2000 ya habían entrado en vigencia ciertas figuras que estaban contenidas en ese nuevo código. Puede entrar en vigencia la numeralidad de la Ley y hacer unas excepciones mientras se hacen las revisiones correspondientes”.

Inconstitucionalidad

Tras la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, la ciudadanía organizada deberá interponer recursos de inconstitucionalidad que señalen las falencias en el proceso de creación de leyes, apunta la abogada constitucionalista Ana Pineda, quien señala que la nueva normativa será un instrumento jurídico carente de legitimidad porque fue aprobado con varias irregularidades en la forma y en el fondo.

Pineda comenta que no le “cabe la menor duda” que la legislación penal, que será válida desde el 11 de mayo de 2020, es producto de acuerdos político-partidarios “sino cómo se explicaría que a pesar de la férrea oposición de la mayoría de los sectores de la sociedad el Código se quiere mantener a toda costa”.

La ex ministra de derechos humanos explica que, el proceso de creación de un Código Penal, incluso el de la concertación, debe ser con la consideración de todos los actores de la sociedad y no solo una decisión única del Congreso Nacional, dado que el derecho penal, por excelencia, es un medio de control social a través del cual el Estado determina la conducta de cada persona.

La Coalición Contra la Impunidad, mediante una carta, acompañada de 600 firmas de organizaciones nacionales e internacionales, solicitó al Congreso Nacional ampliar por al menos un año la Vacatio Legis del Nuevo Código Penal, solicitud que no tuvo respuesta alguna, según lo informó Martha Dubón, integrante de la organización.

Para la abogada Ana Pineda, quien expresa que la clase política hondureña ha demostrado que hace lo quiere, no lo que sus representados le piden, la puesta en marcha del nuevo Código Penal deja abierta la puerta para que todas las personas u organizaciones se consideren afectados directamente puedan interponer los recursos de inconstitucionalidad porque se han faltado proceso de creación de leyes.

La noche del jueves 7 de mayo de 2020, el Poder Judicial remitió un oficio al Congreso Nacional, en el que opina “que no se apruebe el proyecto de ley presentado ante el representante del Soberano Pueblo hondureño, como Iniciativa Ciudadana, donde se presenta solicitud que no entre en vigor el Código Penal 130-2017”.

Dicha opinión fue sustenta por la Corte Suprema de Justicia asegurando que existen aspectos socioeconómicos, aspectos normativos y aspectos criminológicos que aconsejan la conveniencia del cambio de normativa penal “en este momento histórico especifico”.

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