Honduras. Movimiento social protesta contra nuevo Código Penal que viola DDHH

La Articulación 611, que agrupa a unas 20 organizaciones de sociedad civil, exige al Congreso Nacional la extensión de la “vacatio legis” del nuevo Código Penal para que se tome en cuenta las posturas de todos los actores sociales del país.

Los movimientos sociales han cuestionado que el instrumento judicial repotencia la persecución, represión y criminalización de la protesta civil y, por el contrario, ablanda el castigo a corruptos y crimen organizado.

De acuerdo con el análisis de la Articulación 611, la libertad de expresión sigue vulnerada en el Código Penal; y se garantiza la impunidad de jerarcas policiales y militares en la deducción de responsabilidad dejando que estos puedan actuar al margen de la ley.

Un grupo de organizaciones sociales, integrantes de la Articulación 611, ha emitido un pronunciamiento criticando fuertemente la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal, instrumento judicial que será válido este 10 de mayo y que ha sido altamente cuestionado porque reduce penas a corruptos y narcotraficantes, pero fortalece la vulneración de derechos humanos.

Desde 2017, la articulación viene reprochando desde 2017 que la elaboración del nuevo código no tuvo participación real de la sociedad civil, por lo que consideran que las disposiciones del documento se encaminan en perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social.

Y es que observan que el nuevo código cuenta con “un asidero legal con nuevos y viejos delitos que tienen penas mucho más altas que las establecidas para otros delitos de mayor gravedad, como el tráfico de drogas o lavado de activos. También aumenta la pena de los delitos de coacciones y de instigación a la sedición, cuya aplicación está muy vinculada a los conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales”.

Estos grupos de sociedad civil critican que el Congreso Nacional dio luz verde al instrumento judicial dando la espalda a las recomendaciones de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Código Penal incluye el delito de asociación terrorista con una ambigua redacción, que puede ser usada como una potencial herramienta contra movimientos sociales y sus financiadores nacionales e internacionales. Asimismo, el Código mantiene la tipificación penal de los delitos de injurias y calumnias, en clara amenaza a la libertad de expresión, estableciendo además como supuesto agravado el uso de redes sociales”.

“Llama la atención que, en sentido contrario, se reducen drásticamente las penas de varios delitos que sirven para perseguir las violaciones de derechos humanos, como el delito de tortura”, observa la articulación.

Destacan que “es preocupante” mantener la reducción de penas en delitos relacionados a la corrupción, malversación de fondos y lavado de activos, y por otro lado, espanta que en casos orquestados por redes criminales infiltradas en los poderes del Estado, gozarán de total impunidad si los infractores devuelven lo robado antes de ser objeto de requerimiento fiscal.

“Desde la Articulación 611 también denunciamos que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que favorecen a las personas y grupos políticos implicados en la criminalidad organizada que han logrado infiltrar al Estado hondureño al más alto nivel. La drástica disminución de las penas por tráfico de drogas y lavado de activos constituyen modificaciones injustificadas a las penas vigentes en las legislaciones especiales actuales”, dicta el pronunciamiento.

Además, la sociedad civil lamenta la eliminación del artículo 153 que establecía la responsabilidad penal del superior jerárquico por los crímenes cometidos por sus subordinados. “El objetivo de los políticos es vender la idea a los jerarcas policiales y militares que pueden actuar al margen de la ley sin preocuparse de las consecuencias”.

Analizan que con esta decisión, además de hacer incurrir al Estado en un incumplimiento de su obligación internacional de adaptar las leyes nacionales a los tratados de derechos humanos, “se envía un mensaje a la sociedad de desprecio hacia las víctimas y de protección a los militares y policías que dan las órdenes de torturas, desalojos ilegales, persecuciones hostiles o asesinatos de personas, activistas sociales u opositores políticos. La responsabilidad la dejan sólo sobre los autores materiales que generalmente son de línea, la escala más baja”.

Con relación a derechos de las mujeres, aunque el instrumento muestra avances, mantiene penalizado el aborto bajo cualquier circunstancia. “Además, la incorporación de agravantes en varios delitos que tienen que ver con el consentimiento y la integridad sexual dejan en desprotección a niñas y niños, y se han establecido penas muy bajas en delitos como el estupro, violencia contra las mujeres y trata de personas”.

“Cabe destacar que en el caso de la comunidad LGBTI, los crímenes de odio desaparecen, dejando en un estado de indefensión aun mayor a las víctimas de este tipo de crímenes”, sentencia.

En este contexto, la Articulación 611 demanda que se consideren las propuestas que se han presentado desde el 2017, y que se reabra un proceso de ampliación de un año de la “vacatio legis” que permita las consultas con sociedad civil, políticos y demás actores sociales para cumplir estándares internacionales.

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