Honduras. Crímenes electorales siguen impunes

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Este miércoles la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), ha presentado un informe acerca de la responsabilidad por las violaciones a los derechos indispensables de los hondureños en el marco de la crisis electoral de 2017.

Este organismo aqueja que la mayoría de violaciones graves a los derechos humanos, como fueron los asesinatos de manifestantes y desaparición forzada, siguen en impunidad, ya que la autoridad mantiene los casos bajo investigación

Tegucigalpa. Luego de dos años de la crisis electoral, instalada a partir de la inconstitucional reelección presidencial y las denuncias de fraude electoral de la oposición política, los delitos graves como el asesinato y la desaparición forzada de hondureños que hicieron efectivo el derecho constitucional a la insurrección popular, siguen en la impunidad.

Así lo aquejó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que ha presentado un informe de responsabilidad por las violaciones a los derechos indispensables en el contexto de los comicios electorales del 26 de noviembre de 2017.

Y es que organismos nacionales como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), denunció en su momento la ejecución de más de 50 hondureños que protestaron contra el régimen de Juan Hernández.

De esos casos, en marzo de 2018, en su informe la OACNUDH reconoció más de 20 ejecuciones “sumarias o extrajudiciales”, además que empezó el análisis de varios casos de desaparición forzada.

El informe que se ha presentado, recoge una visión general de las medidas adoptadas por el Estado hondureño, además que ofrece una serie de preocupaciones del órgano internacional.

“Dos años después de los hechos, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria y que la mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación”, apunta un comunicado de prensa.

El informe revela que la OACNUDH recogió testimonios de hondureños que confirmaron el actuar contrario a la ley de las fuerzas de seguridad estatales y, por otro lado, ha observado que las comisiones que investigan los hechos, no cuentan con disposiciones administrativas formales ni con recursos adicionales.

Por otro lado, se reconoció que “Los fiscales que manejan los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran al personal del ejército indicaron a la OACNUDH que enfrentaron obstáculos significativos para obtener información crucial para sus investigaciones, y calificaron la conducta de las Fuerzas Armadas como obstruccionista”.

Amplió: “Indicaron que investigadores enviados a las brigadas y batallones para recuperar potencial evidencia se quedaron esperando durante horas antes de poder recibir o revisar la evidencia. Además, que en otra ocasión no se les permitió el acceso, debido a que supuestamente no habrían seguido el procedimiento apropiado o recibieron como respuesta que los funcionarios responsables no estaban disponibles”.

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