(Historias de la PSOE) Chaves y Griñán serán procesados por un delito de prevaricación administrativa

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El juez del caso de los ERE da por terminada la investigación de la pieza política de la mayor causa de corrupción en Andalucía. Como resultado, decide procesar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Ambos serán juzgados por un delito de prevaricación administrativa. Griñán, además, será procesado también por un delito de malversación de fondos públicos. El juez procesa también a otros 24 altos cargos pro el caso ERE.

En un auto de un centenar de páginas el juez procesa a los expresidentes de la Junta y a los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández, según informa Europa Press. El procesamiento se produce en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada «pieza política» de la causa.

En esta pieza permanecían imputados 51 ex altos cargos y ex miembros del consejo rector de la agencia IDEA, pero el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Tras dictarse este auto de procedimiento abreviado contra ellos, los expresidentes de la Junta de Andalucía han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE. Ambos se adelantan de esta manera a la decisión de su partido, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia.

Así se establece en el documento que aprobó la dirección del partido en octubre de 2014. En este texto, se fija en la apertura de juicio el momento de exigir responsabilidades a cargos públicos u orgánicos y militantes.

Sin embargo, tanto Chaves como Griñán dejaron sus escaños en junio de 2015, después de ser imputados. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, había prometido que no mantendría a imputados en su Parlamento ni los llevaría en las listas, yendo así un paso más allá del Código Ético.

En el caso de la imputación, el documento establece que los cargos afectados deben dar cuentas ante la Ejecutiva Federal, que podrá tomar «las medidas estatutarias oportunas» en función de «los hechos y su gravedad».

Agencias

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