Hepatitis C: ¿solución o mentira electoral?

Por Salva Solano

Saludos, lectores que podéis estar infectados sin saberlo. Hoy nos quitamos la mordaza para hacer un repaso de la extenuante lucha por la vida que los enfermos de hepatitis C mantienen con el Gobierno. Se calcula que hay entre 500.000 y 900.000 afectados por hepatitis C en nuestro país, enfermedad que provoca más de 4.000 […]

Saludos, lectores que podéis estar infectados sin saberlo. Hoy nos quitamos la mordaza para hacer un repaso de la extenuante lucha por la vida que los enfermos de hepatitis C mantienen con el Gobierno.

Se calcula que hay entre 500.000 y 900.000 afectados por hepatitis C en nuestro país, enfermedad que provoca más de 4.000 muertes al año en España. El virus de la hepatitis C (VHC) puede estar mucho tiempo latente, sin presentar síntomas, por eso se le llama «la enfermedad silenciosa». Como ocurre con el sida, no es lo mismo ser portador del VIH (seropositivo) que desarrollar la enfermedad. Por eso es tan importante detectarla a tiempo, no sólo para poder combatirla con más garantías, sino para reducir el riesgo de contagio. Y sin embargo, sólo hay 95.500 diagnosticados de Hepatitis C. ¿Qué hace el Ministerio de Sanidad para encontrar y tratar a los otros cientos de miles de portadores del VHC? Nada, actitud que contrasta con la campaña que está realizando el gobierno británico para dar con ellos y que la epidemia no se extienda.

Hasta la llegada del Sovaldi era poco lo que se podía hacer en los casos de infección crónica, los pacientes estaban abocados a terminar muriendo de cirrosis. Pero se ha hallado su cura, una magnífica noticia para la humanidad, como lo fue el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Pues no, porque Gilead compró la patente y la comercializa a un precio que se calcula entre cien y trescientas veces superior al coste de producción, aunque como viene siendo habitual, la información que facilita nuestro Gobierno es confusa y escasa. Empezaron hablando de 60.000, después 40.000 y por último 25.000 euros por tratamiento, que ascendería hasta más de 40.000 euros al combinarlo con otros retrovirales imprescindibles. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y ONG como Farmacéuticos sin Fronteras o Médicos del Mundo denuncian que el precio es exorbitante y abusivo (la multinacional obtuvo unos beneficios de 13.300 millones de dólares en 2014, por lo que ya ha recuperado su inversión en la compra de la patente), pero los enfermos son sólo cifras en este sistema salvaje, y las cifras no sufren ni tienen familia, las cifras se pueden borrar pulsando una tecla sin que nos quede mala conciencia. La diferencia es que aquí, en vez de «Supr» pulsan F3 o F4.

Nuestro Gobierno, como en el caso de los damnificados por la Talidomida, hincó la rodilla ante los intereses empresariales, y a las peticiones de sus ciudadanos condenados a muerte ha venido respondiendo que no podía ayudarles porque el medicamento es muy caro (recuerdo que somos el mismo país que desperdició 92 millones de euros en vacunas contra la gripe A).

¿Os imagináis contemplando impotentes cómo vuestra pareja se va marchitando mientras desde el Gobierno os dicen que no le pueden dar el medicamento que le salvaría la vida porque «no hay dinero»? ¿Imagináis escuchar eso sabiendo que los políticos viven de nuestros impuestos a cuerpo de rey, que se aburren tanto en sus puestos de trabajo (cuando acuden a ellos) que se ponen a jugar con las tablets que les regalamos; viendo cada día en el telediario cómo roban y roban y vuelven a robar y casi nadie paga por ello? Así, no me extrañan los comentarios que he recibido aquí y en las redes sociales a cuenta del artículo anterior: «si fuera yo, antes de morirme (o de que se muriera mi madre) me llevaba a alguien por delante». Me repugna la violencia y no voy a dejar que estos criminales de corbata me cambien, pero entiendo a quienes se expresan de esta forma.

SUS LEMAS: NO TENEMOS TIEMPO Y TRATAMIENTOS YA

Pero por desgracia para el Gobierno, detrás de los números hay personas que no están dispuestas a quedarse esperando como corderos que van al matadero. Constituyeron la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH), y entre otras actuaciones, varios de sus miembros mantienen un simbólico encierro de protesta en el hospital 12 de Octubre desde hace más de dos meses.

Me gustaría decir que los enfermos han contado además con la colaboración de la Iglesia católica y de los mal llamados «provida», que se han echado a la calle para defender, esta vez sí, a quienes verdaderamente lo necesitan, ajenos a intereses políticos. Pero mentiría.

Ante esta presión y tras diez meses de criminal demora, el Ministerio de Ana Mato respondió aprobando un insuficiente gasto de 125 millones de euros, lo que hubiera cubierto apenas al 5 % de los diagnosticados (125.000.000 entre los 25.000 euros de los que se hablaba entonces daría para 5.000 tratamientos, y hemos dicho que hay 95.500 diagnosticados). Ciento veinticinco millones pueden parecer muchos, pero es una cifra insignificante comparada con las decenas de miles de millones de euros entregados a la banca.

Como en todo este tiempo ha muerto y sigue muriendo gente por no recibir su tratamiento, la PLAFH interpuso el mes pasado una querella criminal contra la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, el actual ministro, Alfonso Alonso, y Gilead, entre otros, denuncia que ha venido a sumarse a la del (ex) PSOE de Madrid.

Finalmente, la movilización ciudadana ha dado sus frutos (aunque me temo que algo habrá tenido que ver también que estemos en año electoral): ayer compareció el ministro Alonso para informar de que han aprobado un gasto máximo de 727 millones en los próximos tres años para tratar a la mitad de los diagnosticados, los 52.000 que están en el estadio más grave de la enfermedad, los que ya no tienen tiempo que perder. Increíblemente, en su comparecencia volvió a omitir el precio pactado con las compañías. Sin embargo, con las pistas que ha dado podemos hacer cuentas: 727 millones entre 52.000 pacientes serían unos 14.000 euros por tratamiento. Pero a saber (viva la transparencia).

Tampoco han aprobado una partida presupuestaria concreta, pasándoles en cierto modo la pelota a las comunidades autónomas, aunque con la promesa de que «el Ministerio de Hacienda dará garantía de que van a tener suficiencia financiera». Espero que no ocurra como con la Ley de Dependencia.

Los enfermos no acaban de fiarse («ya nos han mentido muchas veces»). Advierten de que van a seguir encerrados y protestando hasta que todos aquellos a quienes se les ha prescrito la medicación reciban su tratamiento. Hoy mismo han entregado 200.000 firmas en el Congreso, y el próximo 1 de marzo tienen convocada una marcha en Madrid.

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Todo esto por un medicamento que si fuera genérico se podría comercializar a cien euros. Si mañana se descubre una vacuna o una cura contra cualquier tipo de cáncer, ¿se le suministrará únicamente a quienes la puedan pagar? No hay que hacer un esfuerzo demasiado grande para visualizar ese cruel escenario.

La solución no pasa por comprar tratamientos para todos al precio que pida Gilead y arruinar el Sistema Nacional de Salud, sino por obligar (que puede hacerse legalmente) a que se comercialice el medicamento a un precio razonable. Pero aquí nos encontramos una vez más con políticos que anteponen los intereses empresariales a los de la ciudadanía.

Imagen de cabecera: Malagón

Primera parte de este artículo: Asesinados a través de un agujero

http://www.votaycalla.com/hepatitis-c-solucion-mentira-electoral/#.VhA13SaR_9M

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