Hasta cinco años de cárcel por ocupar viviendas para personas sin hogar en Sevilla

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Les piden entre tres años y ocho meses y cinco años y medio de cárcel por intentar ocupar varias viviendas en un edificio de la calle Macarena, en Sevilla, además de fianzas y multas que superan los 100.000 euros. Son 18 personas y seis de ellas ya han pasado dos meses en prisión preventiva.

El caso de ‘los 18 de Macarena’ es uno de los que marcará el año judicial en torno al derecho a la vivienda y la ocupación. Hace pocas semanas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla dio por cerrada la investigación de esta causa, que está ahora pendiente de fijar fecha de apertura de juicio.

Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2018, cuando una dotación policial acudió al edificio de la calle Macarena 42 para desalojar a varias personas que habían ocupado algunas de sus viviendas. Hacía varios años que el fenómeno de las corralas se había extendido por Andalucía, dando respuesta a la problemática de la falta de vivienda y los desahucios, y poco más de un mes desde que había abierto sus puertas un espacio de vivienda, la corrala Dignidad, destinado a dar cobijo a las personas sin hogar que se quedaban sin plaza en los albergues sevillanos. Un grupo de personas decidieron seguir su ejemplo.

“Decidimos ocupar en febrero de 2018 el edificio número 42 de la calle Macarena, para dar alternativa habitacional a más personas sin hogar, esperanzadas por los recientes triunfos de las corralas”, explican desde la plataforma Absolución 18 de la Macarena. El edificio elegido no era cualquiera. Se levantaba donde antes estaba el centro Social Casas Viejas, uno de los que más actividad tuvo en Sevilla, entre los años 2001 y 2007, y que fue desalojado tras 36 horas de resistencia no violenta durante la cual varios activistas denunciados haber sido torturados, lo que le valió, a uno de ellos una condena por injurias que después fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España a pagar a este activista 8.000 euros en concepto de indemnización.

En 2018, sobre ese espacio se levantaban varios bloques de viviendas de nueva obra. “Según las fuentes informativas de las que dispusimos en el momento, pertenecían a una promotora constructora que los mantenía vacíos especulativamente”, explican los activistas. A mediados de enero, decidieron ocupar algunas de estas viviendas, que estaban sin estrenar y sin instalaciones eléctricas ni de agua. “Esto confirmaba la ausencia de habitantes en el inmueble”, continúan.

“Con la ocupación se pretendía denunciar el modelo de vivienda especulativo imperante en nuestra sociedad, al tiempo de solventar las necesidades habitacionales de varios de los integrantes del grupo, muchos de los cuales pasaban por situaciones verdaderamente extremas, con el frío del invierno aún presente en las calles”, explican desde la plataforma. Uno de los acusados señala a El Salto que varias de las personas que están entre los imputados por ocupar el inmueble llevaban más de un año viviendo en la calle. “En los albergues de Sevilla no hay suficientes plazas, sí que estaban igual una semana en ellos y otras tres en la calle”, explica.

El día 16, por la mañana, hicieron pública la ocupación de estas viviendas y, al poco, varios policías de la Brigada de Información vestidos de paisano irrumpieron en el edificio desde la azotea, según explican los activistas, para desalojarles. Señalan que uno de los agentes, que es propietario de una de las viviendas ocupadas, abrió el portal del edificio y se encontró con que estaban comenzando a llegar personas de colectivos por el derecho a la vivienda y llegaron más dotaciones de policías.

“Su versión es totalmente opuesta a la realidad”, señala uno de los imputados sobre la acusación que les ha hecho la policía, en la que afirman que los activistas entraron en el edificio para ocuparlo el mismo 16 de febrero a las 9.30h, “aprovechando que el aparejador se había dejado la puerta abierta de la vivienda casi finalizada en Macarena 42”. El escrito de acusación sostiene que seis de los acusados, para los que se piden más de cinco años de cárcel, “le propinaron un violento empujón [al aparejador] para entrar en el edificio a ocupar varias viviendas” y que cuando el policía que era propietario de una de las casas se presentó, le agredieron, al igual que a los policías que llegaron después, que habrían sido agredidos, según la acusación, por los ocupantes y “por otros tantos que estaban en la calle con actitud violenta, emitiendo proclamas y cortando el tráfico”. Sin embargo, según reafirma a El Salto uno de los encausados, la noche anterior a la llegada de la policía estaban durmiendo en el edificio, hecho sobre el que han presentado pruebas. Sobre el aparejador al que supuestamente empujaron para entrar en el edificio afirma que “ a día de hoy no sabemos quién es, si estaba ahí o se lo han inventado”. La plataforma subraya la “falta de lógica” del discurso policial, en el que se presenta una ocupación a plena luz del día, agrediendo a un trabajador y a agentes de policía, y según el cual se habría sido capaz de abrir varias viviendas en tan solo unos minutos.

“Hace un relato basado únicamente en la versión de la promotora de viviendas y de los funcionarios de Policía que, por cierto, algunos son propietarios de esas viviendas, con lo que su relato debería quedar al menos en entredicho”, afirma, por su parte, Luis de los Santos, abogado de dos de las personas imputadas. “Es un relato fantástico que relata episodios de presunta violencia que ni siquiera han sido demostrados indiciariamiente”, añade.

Para De los Santos, este caso, “desde el principios, es modelo de lo que no debe ser el derecho penal: desproporcionalidad, indefensión, y derecho penal de autor. Se estiran los tipos penales, incluso a personas sin antecedentes en algunos casos, y se solicitan penas en su grado máximo, totalmente desproporcionadas y creemos que ejemplificadoras, y con un mensaje claro de criminalización al movimiento a favor de una vivienda digna en Sevilla”. Este abogado además señala que en el escrito de acusación se olvida que las personas encausadas son, en su mayoría, personas sin hogar y jóvenes estudiantes apoyados por organizaciones en defensa de los derechos humanos que querían visibilizar el grave problema de vivienda que existe en la ciudad.

El escrito de acusación señala que seis agentes de policía sufrieron heridas de las que curaron en un día y otro policía más tardó cuatro días en curarse, tras recibir asistencia médica. Sin embargo, según señalan desde la plataforma, en un principio solo se presentaron seis partes de lesiones por parte de la policía y ya, cuando fueron a declarar ante el juez, presentaron los tres restantes. También que los partes de lesiones de los agentes responden a lesiones en muñecas y nudillos, “por lo que resulta fácilmente deducible que manan de forcejeos acometidos y a las agresiones que los agentes ejercieron sobre nosotros”.

Entre las personas que ocuparon el edificio y las que fueron a prestar apoyo ante la presentación de la ocupación, uno de los imputados cifra a El Salto en ocho las que sufrieron agresiones por parte de la policía. Uno de ellos fue herido en la cabeza por un policía al dirigirse a una compañera a la que previamente la policía había empujado para prestarle ayuda. “Le ayudó a incorporarse y los policías lo interpretaron como un acto de desobediencia y le rompieron la cabeza”, señala, apuntando que la ambulancia tardó más de un ahora en llegar y, cuando le atendieron, afirmaron que la profundidad de la herida estaba a pocos milímetros de haber supuesto una lesión muy grave. Otro de los heridos de más gravedad estaba durmiendo dentro de una de las viviendas ocupadas cuando llegó la policía y uno de los agentes le despertó de una patada en la cara, según explican los imputados.

Los agentes de policía detuvieron a seis personas ese mismo día, que fueron ingresadas en prisión provisional. “Una vez dentro de prisión, pudimos conocer detalladamente la acusación policial y el escrito de petición de encarcelamiento que caía sobre nosotros”, explican los encausados. “La versión brindada por el atestado policial distaba bastante de la realidad de los hechos acometidos”, continúan. Las seis personas detenidas no salieron hasta dos meses después, el 13 de abril.

A ellos y a otras doce personas les acusan de usurpación violenta en grado de tentativa, de daños, de atentado a agente de la autoridad, de delitos leves de lesiones, de desórdenes públicos y de maltrato de obra [agresión sin causar lesiones], delitos por los que les piden entre tres años y ocho meses y cinco años y seis meses de cárcel, además de multas de entre 4.140 y 5.255 euros por personas y una fianza de 21.914 euros, sumando un total de 103.124 euros. Para uno de ellos, de origen marroquí, piden la sustitución de las penas por los delitos menores por la expulsión del territorio durante cinco años.

 

El Salto

 

 

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