Haití-República Dominicana: 130.000 ciudadanos de Haití en riesgo de expulsion

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Más de 130 mil inmigrantes haitianos, beneficiarios del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (Pnre), corren peligro de ser expulsados de la República Dominicana, tras la espiración de su permiso temporal.

Este permiso temporal del Pnre, que permitió a numerosas personas de nacionalidad haitiana establecerse en el vecino territorio dominicano, se acabará el lunes, 18 de julio de 2016, según alerta la plataforma Agrupa de apoyo a los repatriados y refugiados (Garr), en una nota con fecha del 17 de junio de 2016, transmitida en AlterPresse.

Los inmigrantes haitianos, concernidos por esta medida, deberán hacerse regularizar a las oficinas de la Dirección General de Inmigración dominicana antes de la fecha prevista, precisó el mayor general Rubén Darío Paulino Sem, director general de la migración dominicana, citó por la plataforma Garr.

Antiguo permiso temporal, certificado no antecedente penal, examen médico, gasto de 14,000 pesos ($RD 1.00 = 1.37 gourde; US dólares 1.00 = 65.00 gourde; 1 euro = 75.00 gourde) son, entre otras cosas, las exigencias hechas a las nacionales y los nacionales haitianos, en el marco del proceso de regularización, persigue la plataforma Garr.

La plataforma Garr llama el Estado haitiano a trabajar por el acuerdo común con las autoridades dominicanas, con vistas a encontrar una moratoria para evitar el empeoramiento de la crisis migratoria.

El proceso de repatriaciones se intensificó desde el fin del Pnre, el 17 de junio de 2015, hasta la segunda semana del junio 2016.

112,625 personas atravesaron la frontera haïtiano-dominicana en condiciones infrahumaines. Contamos a 69. 677 nacionales regresados espontáneamente y 42. 948 repatriados en el país, recuerda la plataforma Garr. [Bulevar emb rc apr 17/06/2016 15:15]

Traducción: Kaosenlared
Fuente: http://www.alterpresse.org/spip.php?article20271

República Dominicana inicia repatriación de inmigrantes haitianos

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Alrededor de 450 agentes custodiaban ayer una multitud de inmigrantes ante informaciones de incidentar el Plan de Regularización.

Santo Domingo. — Agentes migratorios de República Dominicana iniciarán este jueves patrullajes en las principales ciudades del país para detener y repatriar a los inmigrantes haitianos que no se hayan inscrito en un programa especial para legalizar su estatus.

El programa duró un año y cerró en la madrugada del jueves. Apenas cerca de 50% de los extranjeros que viven en el país sin permiso migratorio se han inscrito, según datos del Ministerio de Interior, que coordina el plan.

Decenas de inmigrantes haitianos tuvieron que retirarse la medianoche del miércoles del Ministerio de Interior sin poder inscribirse pese a haber permanecido en la fila por más de 24 horas continuas y haber acudido durante varios días sin ningún resultado.

“No he comido desde ayer, ni bañado, ya estoy cansado”, dijo Bento Baptiste, de 19 años, mientras veía afuera del Ministerio de Interior desvanecerse su esperanza de inscribirse y con ello evitar su eventual repatriación a Haití, donde asegura que con excepción de una hermana ya no tiene ningún pariente.

El plan estaba destinado a otorgar permiso migratorio a los inmigrantes que se instalaron en el país antes de octubre de 2011. Washington González, director del programa, indicó que poco más de 260.000 personas, en su mayoría prevenientes del vecino Haití, lograron inscribirse en el denominado plan de regularización de extranjeros que comenzó en junio de 2014.

Las autoridades estiman, con base en una encuesta elaborada por el Ministerio de Economía en 2012, que en el país viven unos 460.000 inmigrantes haitianos y 60.000 de otras nacionalidades.

Tras inscribirse en el plan, los inmigrantes tendrán un plazo para presentar todos los documentos a fin de obtener un permiso de residencia.

Entre quienes no lograron inscribirse y enfrentan el peligro de repatriación se encuentran miles de ancianos haitianos que por décadas trabajaron en los cañaverales dominicanos, muchos de los cuales fueron forzados a migrar mediante acuerdos entre los gobiernos de ambos países para proveer de mano de obra barata a los ingenios azucareros.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional sostienen en que los descendientes de los inmigrantes haitianos que nunca tuvieron acta de nacimiento también podrían ser expatriados.

Durante el año que duró el plan de regularización el gobierno cesó temporalmente sus patrullajes migratorios en las ciudades pero mantuvo los operativos en la frontera y pueblos limítrofes para impedir el ingreso clandestino de haitianos.

Rubén Paulino, director de Migración, advirtió que a partir del jueves las patrullas recorrerán zonas con alta presencia de haitianos para detener y repatriar a aquellos que no porten el documento que confirme que se inscribieron en el plan de regularización.

Ante las inminentes repatriaciones, el gobierno de Haití anunció que construirá cerca de la frontera centros de acogida para dar asistencia a los deportados.

eldia.com.do/republica-dominicana-inicia-repatriacion-de-inmigrantes-haitianos/

 


Una de las cuestiones más graves en materia de derechos humanos en la República Dominicana durante 2015 fue el trato de migrantes haitianos y ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

Las autoridades gubernamentales siguen implementando un fallo del Tribunal Constitucional que despojó de ciudadanía a decenas de miles de dominicanos que descendían de migrantes, en su mayoría de origen haitiano, a través de políticas de reinscripción de ciudadanos desnacionalizados por un lado, y de deportaciones masivas por el otro. Al mismo tiempo, el gobierno inició su primera acción integral de regularización de migrantes indocumentados, mayormente haitianos.

En noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional también avasalló la protección de los derechos humanos cuando declaró inconstitucional la decisión del gobierno en 1999 de someterse a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.). La decisión generó una situación legal indefinida que aún no ha sido subsanada.

Privación arbitraria de la nacionalidad

Una sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente de nacionalidad y ciudadanía dominicana a decenas de miles de personas. Según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la decisión afectó a más de 200.000 personas, aunque el gobierno afirma que la cantidad sería de aproximadamente 100.000.

En 2014, el gobierno del Presidente Danilo Medina adoptó una Ley de Naturalización con el propósito de mitigar los efectos de la sentencia. Si bien la ley tuvo como finalidad restablecer distintos derechos de ciudadanía a los afectados por la decisión de 2013 y ofrecía un marco jurídico prometedor, su implementación ha estado marcada por numerosas irregularidades. Muchas personas no han conseguido resolver su condición de ciudadanía, a pesar de cumplir con los requisitos necesarios, y siguen expuestas al riesgo de deportación.

Migración y deportaciones

Entre junio de 2014 y junio de 2015, el gobierno también implementó un plan nacional de “regularización” para legalizar la condición de cientos de miles de migrantes indocumentados —en su mayoría haitianos— que habían vivido y trabajado en la República Dominicana antes de 2011. Al concluir el período de regularización, en junio de 2015, más de 288.000 personas habían presentado solicitudes para regularizar su situación.

Según informaron funcionarios, en el verano de 2015 más de 66.000 inmigrantes regresaron voluntariamente a Haití. No obstante, distintas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la naturaleza “voluntaria” de estos retornos, ya que algunos migrantes aseveran haber sido expulsados, o haber huido del país por temor a la violencia de turbas. El proceso de regularización se vio opacado por algunos actos de ajusticiamiento en contra de ciudadanos haitianos, como el linchamiento de un hombre de esa nacionalidad en febrero y el homicidio de otro hombre haitiano en agosto.

Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de protocolos de deportación claros y la posibilidad de que en el proceso de deportación se actúe deliberadamente en contra de ciertas personas en función de motivos raciales.

Condiciones en centros de detención

Si bien el gobierno ha creado “cárceles modelo” como parte de un programa para mejorar las condiciones penitenciarias, la mayoría de los internos permanecían en establecimientos tradicionales con grave sobrepoblación. En agosto, había más de 26.000 presos en un sistema con capacidad para 14.000. La Victoria, la prisión más grande del país, con capacidad oficial para 2.000 personas, alberga a más de 8.000 presos.

Violencia contra mujeres

Persiste el problema de la violencia contra mujeres y jóvenes. La Policía Nacional cuenta con una unidad especial para responder a estos casos. No obstante, entre enero de 2008 y octubre de 2014, la Policía Nacional informó más de 1.300 muertes debido a violencia de género. A la fecha del presente, la Cámara de Diputados estaba tratando una serie de reformas judiciales para abordar el problema.

Derechos reproductivos

A fines de 2014, la República Dominicana despenalizó el aborto en casos de violación sexual, incesto, determinadas malformaciones fetales y cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer. En diciembre, la Suprema Corte de Justicia determinó que la reforma era inconstitucional y restableció una prohibición penal absoluta del aborto que databa del siglo XIX.

Orientación sexual e identidad de género

La Constitución de 2010 define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. No hay en la legislación disposiciones integrales contra la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En 2015, organizaciones de derechos de personas LGBT informaron sobre actos de discriminación y violencia, incluidos homicidios, en particular contra personas transgénero.

Actores internacionales clave

En noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la aceptación de la competencia de la Corte I.D.H. por la República Dominicana en 1999, debido a que había sido aprobada por decreto presidencial, sin ratificación del poder legislativo. El texto constitucional vigente en ese momento no exigía tal ratificación.

Expertos en derecho del país y del ámbito internacional repudiaron el pronunciamiento, y señalaron que importaba una violación de las obligaciones del país conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno no ha denunciado formalmente la convención, ni tampoco ha ratificado la competencia de la Corte I.D.H., lo cual genera una situación de incertidumbre legal que menoscaba la seguridad jurídica de todos los tratados en la República Dominicana.

http://www.espacinsular.org/derechos-humanos/3793-human-rights-watch-presenta-informe-derechos-humanos-2016-sobre-republica-dominicana

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