«Hacia un nuevo modelo de Estado policial»

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Hacia un nuevo modelo de Estado policial”

Aprovechando la situación provocada por el último producto de destrucción masiva, los que ejercen el poder no han dudado ni un instante en reforzar su condición de mandantes. De manera que algunos de los llamados Estados democráticos se han inclinado hacia lo que pudiera considerarse Estados policiales sin disimulos, en los que el mandar impera sobre el gobernar. Es evidente que no se trata de Estados policiales a la vieja usanza, tal y como insisten en dejar claro los gobernantes, pero la realidad viene a demostrar que, si no lo son, se parecen mucho. Por eso cabría pensar que se está gestando un nuevo modelo Estado policial que, si bien no cumple con los requisitos exigidos por la ciencia política hasta ahora, no cabría excluir que la experiencia del momento presente pudiera tratarse de un ensayo preparatorio.

En lo fundamental, la originalidad del modelo reside en que aunque las libertades ciudadanas relacionadas con el orden sufren cierto deterioro, básicamente subsisten al amparo del ordenamiento jurídico. Asimismo, se considera nuevo porque no encaja en el modelo tradicional, ya que apunta a mantener la conformidad con la legalidad constitucional porque le sirve de soporte, los controles sobre la ciudadanía no muestra signos de radicalidad, la vigilancia policial no es del todo agobiante, la represión no se generaliza y se sigue respetando la democracia al uso. Igualmente se mantienen vigentes tanto la parte del Estado de Derecho como la del Estado del bienestar. Sin embargo, se muestra una clara disposición a desplazar lo que se entiende por gobernar conforme a la legalidad por la actividad de mandar. Un mandar que solo admite el diálogo en la forma, porque en el fondo es un monólogo en el que está todo decidido por el mandante. La tendencia al ordeno y mando se formaliza en términos de decretos, en los que simplemente se impone la voluntad de quienes ejercen el poder, porque no hay consenso. Descendiendo a pie de calle, la voluntad de mandar en términos de autoridad frente a la que no cabe oposición, se manifiesta a través de la función policial encarga de dar cumplimiento a los mandatos de quienes les dirigen. En todo caso, lo significativo es que el mantenimiento del orden adquiere ese carácter policial, que le conceptúa más allá de la legalidad. y es lo que la ciudadanía aprecia en primer término.

Aunque se parta de un estado provisional, el hecho es que se ha producido un cambio sustancial con respecto a la situación precedente, que tiene visos de prolongarse en el tiempo y abrirse a la consolidación de un Estado policial, sin perder los atributos de Estado social, democrático, de derecho y dispuesto para conservar el bienestar de la ciudadanía. El argumento central es que se han ampliado los límites del poder hasta fiscalizar detalles que inciden tanto en los derechos y libertades ciudadanas como en aspectos metalegales que afectan a su forma de vida. En definitiva los gobernantes, sintiéndose amparados por el deber de protección de la salud de sus ciudadanos, han extendido su poder asumiendo la regulación casi total de la existencia colectiva. Claro está que de manera provisional, aunque nada excluye que acabe siendo definitiva. A este desbordamiento de su capacidad legal hay que añadir un componente psicológico, sin perjuicio de la papeleta que tiene entre manos, como es la previsible satisfacción del que manda sintiéndose permanentemente obedecido sin la menor contestación ciudadana.

Lo que empieza a definirse como el nuevo modelo político, amparado en la legalidad inicial de sus actuaciones, el principio de autoridad y la tolerancia de la ciudadanía, se consolida de manera progresiva haciéndose ver como algo racional y casi natural. Se viene utilizando un argumento de convicción a nivel masivo, como es el riesgo de experimentar un grave padecimiento, para ganarse la sumisión de las masas que, aterrorizadas por la situación, se dejan llevar en cualquier dirección, a la espera de que los que mandan solucionen el problema. Sin duda el miedo es fundamental en el proceso, porque pesa más que las limitaciones de los derechos y libertades, y de ahí la tolerancia generalizada. Todo aquello de los logros políticos empieza a sonar a tiempo pasado. La ciudadanía, bajo el estrés del miedo, no reacciona y acata con docilidad las decisiones del mandante. No obstante, se aprecia una legitimidad de actuación forzada por las circunstancias, que no coincide con el reconocimiento que exigen las situaciones normales de gobierno y que no alcanza al ejercicio de mandar, tal y como se pretende. A la par que el miedo permanente a la enfermedad, hay que tomar en consideración el temor a las multas y a la represión. Las sanciones ejercen su función y acechan a cada paso a quien se atreva a contradecir al mando, lo que contribuye a facilitar el estado de sumisión.

Teniendo en cuenta la situación actual y observando la temática desde una dimensión de futuro, pudiera surgir la duda de si, por las características del presente, se avanza en la dirección de pretender establecer de manera efectiva un nuevo modelo de Estado policial, abusando de la pasividad ciudadana, o simplemente asistimos a un hecho puntual. En el primer caso se trataría de mandar buscando amparo en el Estado de Derecho, en una democracia de nombre, complementada con derechos y libertades de papel, donde se exige obediencia ciega a la ciudadanía. El argumento soporte ya no sería el temor a la enfermedad, como ahora sucede, sino el afán de mandar, de unos, y, por la otra parte, el miedo a la sanción policial si se contraviene cualquier aspecto de la doctrina que impone el que manda. Vista la cuestión desde el lado de los que ejercen el poder, está claro que, habiéndose acostumbrado durante este tiempo a mandar, no estarán en disposición de renunciar de manera gratuita a semejante privilegio, para entregarse a la función de gobernar.

Antonio Lorca Siero.

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