Hablemos de censura

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No vendría mal empezar recordando el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”

Suena  muy bien, ¿verdad? Sería bueno si esto lo cumplieran algunas redes sociales que, bajo el falso paraguas de que las denuncias a cuentas subversivas las regula un programa, se dedica a censurar cuentas comunistas, feministas y de izquierda en general.

Vaya como anda la censura en países como Turquía. Pero esto está ocurriendo en un país cuyos políticos se llenan la boca calificándola de democracia, en la muy democrática España. Es el caso de Twitter España.

Twitter España está dirigido por Nathalie Picquot , casada con un pariente de Felipe VI y con muchas relaciones con la gran burguesía española. Esto podría ser uno de los indicativos de la enorme persecución a la que son sometidas cuentas que rechazan la monarquía, sobre todo por haber sido impuesta.

Twitter España permite que cualquier grupo organizado pueda conseguir de Twitter que trabaje para él censurando cuentas, como es el caso de UngaUngaArmy, que incluso publica sus atentados a la libertad de expresión en un canal de telegram. Además impone sus propios límites a la libertad de expresión, pasando en numerosas ocasiones por encima de las leyes del Estado Español.

¿Porque solo se han utilizado tuits en este país para condenar a prisión a gente que denuncia la represión del estado español, y no para demostrar la vulneración de los DDHH de muchos de sus usuarios? La respuesta es más que evidente, porque se trata de un estado censurador que no protege cuando se vulneran los DDHH y solo se centra en la represión.

Las personas que son censuradas en Twitter se encuentran con que su voz es acallada y con una justicia que no los ampara, solo se limitaría a condenarlos en el caso que cuestionen al estado.

Sobre la ley, estos usuarios podrían emprender acciones legales para reivindicar sus derechos, pero parece ser que en este caso dicha ley es solo papel mojado. Es un caso más de un país donde solo se utiliza la ley para reprimir y nunca para devolver derechos

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