Hablando de paz; pero preparando la guerra

Uno de los elementos que actuaron como detonante para la finalización de los diálogos entre las FARC y el gobierno de Pastrana en la zona del Caguán, fue la puesta en marcha por parte del gobierno el llamado Plan Colombia, consistente en la ayuda por parte de Estados Unidos a la estrategia antinarcóticos y antiterrorista, que como fin se proponía exacerbar el conflicto armado. El incremento en la ayuda militar le permitió al gobierno desestimar los diálogos que se venían desarrollando en esta zona e iniciar la modernización de las Fuerzas Armadas, con nuevos equipos para el combate aéreo y fluvial y las comunicaciones vitales para la inteligencia militar.

Por otro lado, mientras se desarrollaban estos diálogos las fuerzas paramilitares anotaban un vertiginoso crecimiento, en no pocas oportunidades apoyados por unidades del la fuerza pública, que a su paso iban dejando una estela de muerte y destrucción en la mayor parte del territorio, sin que desde el Estado se tomaran medidas tendientes a desarticular estas bandas. Por el contrario el Estado fue capturado por estas bandas en lo que se ha llamado la parapolítica. A su vez, sectores de la élite política y económica aprovecharon el momento para enriquecerse vía narcotráfico o aumentar las empresas de seguridad privada y apostarle al conflicto como fuente rentable.

En este escenario la paz no era un negocio rentable, por ello era mejor estimular la guerra, creando un ambiente favorable para aceptar la “seguridad” como el único problema de orden nacional y desde allí diseñar planes militares para enfrentarla. Con el rompimiento de los diálogos se deslegitimó a la insurgencia y se dio inicio a lo que se ha llamado la política de seguridad democrática. El incremento de la guerra ha sido la característica fundamental, con la correspondiente violación a los derechos humanos. Sin que hasta el momento se plantee el fin del fin. Por el contrario, los combates han seguido la misma dinámica.

Guerra o Paz ¿qué es más rentable?

 

Mientras en la Habana la insurgencia plantea nuevos acercamientos que desemboquen en el fin del conflicto armado. En Colombia se ajustan planes militares a largo plazo con el incremento del pie de fuerza y el aumento del presupuesto militar.

Los  gobiernos han argumentado que por culpa del conflicto es que el país se encuentra sumergido en la pobreza y la inequidad social. Es decir, es culpa de la insurgencia y no de las políticas, el modelo de desarrollo y al desmesurado gasto militar, que ocupa el 6,5 del PIB. Mientras sectores bases para construir desarrollo como educación, vivienda y salud; sufren cada año recortes presupuestales sin contar la falta de empleo y los bajos salarios. Lo que no supone un avance hacia la paz sino por el contrario el incremento de la pobreza ligado a la falta de educación y por ende  la violencia.

Estos hechos podrían explicar que al país le favorece más las soluciones políticas y no las armadas, sin embargo, las contradicciones surgen cuando el gobierno anuncia el nuevo presupuesto para las fuerzas armadas para el 2013, que será de 10 y medio billones de pesos y el incremento de 25 mil, miembros de la fuerza pública, entre militares y policías. Sin contar con la puesta en funcionamiento de aviones no tripulados con tecnología de punta para el rastreo de comunicaciones, objetivos militares, helicópteros, lanchas entre otros. A su vez, para blindar el desarrollo de la guerra y exacerbar las operaciones militares se planea otorgarles a los militares lo que se puede llamar licencia para cometer atrocidades con la justificación de hechos de guerra, consagrados en el fuero militar.

Lo que llama la atención es que frente a un escenario de paz, lo primero que el Estado tendría que empezar a desmontar son las fuerzas armadas reducir sus miembros y el gasto en defensa. De no ser así, la guerra y la paz serían una misma cosa. La pobreza justificada en el gasto militar seguiría la misma dinámica. Tampoco se puede justificar el pie de fuerza como venta de servicio a las multinacionales, con ello se estaría validando la guerra como forma de empleo que requiere resultados y metas.

Sabemos que la paz no es rentable, teniendo en cuenta que un sector de las élites colombianas construyó sus patrimonios gracias a los beneficios que les ha dejado incentivar la guerra desde el poder,  la industria y otros sectores claves para el desarrollo. Lo mismo ocurre con las multinacionales y la explotación de recursos naturales, ligados a la compra y venta de servicios de seguridad.   

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