Guatemala. Regulación de antibióticos genera discordia

A poco más de un mes de entrar en vigencia el acuerdo ministerial que restringe la venta de antibióticos, en el Congreso, la Comisión de Derechos Humanos, señala que veda el derecho a la salud de los guatemaltecos y espera que la PDH derogue la prohibición.

La restricción en la venta de antibióticos por parte del Ministerio de Salud ha encontrado opositores en el Congreso de la República. Miembros de la Comisión de Derechos Humanos señalan que la medida no es apropiada en un contexto donde los servicios de salud no logran cubrir a toda la población.

Pretender que los pacientes adquieran una receta de un médico para poder adquirir el tratamiento es una violación al derecho a la salud, es el argumento de los diputados de esa sala de trabajo.

El uso indiscriminado de antibióticos por parte de los guatemaltecos llevó al ministro, Carlos Soto, a publicar el acuerdo 181-2019 para la regulación de medicamentos de prescripción médica, antimicrobiana (antibióticos de vía oral y parenteral) y esteroides oftálmicos.

La normativa obedece a que suministrar antibióticos cuando el cuerpo no lo necesita produce resistencia bacteriana; es decir que las bacterias mutan a tal punto de que los tratamientos para combatir las enfermedades infecciosas que producen pierden su eficacia.

Cuando esto sucede hay que utilizar fármacos más fuertes, lo que retarda el tratamiento, y aumenta el costo de la atención y hospitalización del paciente.

En el caso de los esteroides oftálmicos uso desmedido puede causar glaucoma, que consiste en el aumento de la presión intraocular y con el tiempo lleva a la ceguera.

A partir de la publicación del acuerdo, el 7 de agosto pasado, solo se pueden adquirir antibióticos y esteroides oftálmicos con una receta médica, en todas las farmacias privadas y estatales. Este es el punto que ha creado rechazo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo y piden que sea derogado.

“El acuerdo sigue, ese acuerdo no lo quito”, sostiene Soto, quien fue citado por la comisión en el Congreso la semana pasada. No asistió, pero su equipo presentó los argumentos del por qué es necesario regular la venta de estos medicamentos.

“Hay unos diputados que indica que estamos vulnerando los derechos humanos de la población. Ellos dicen que esto obliga a la gente a ir al médico para que les den una receta para el antibiótico, pero de eso se trata”, Carlos Soto, ministro de Salud.

A criterio del titular de Salud los integrantes de la comisión “no están bien informados” de los riesgos que hay para la salud de automedicarse y del consumo desmedido de antibióticos. Está firme en que está regulación es por el bienestar de la población. Incluso, es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

En contra de restricción

Edna Soto, diputada por el partido Todos y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, señala no estar de acuerdo con la normativa debido a que veda el derecho de los guatemaltecos de adquirir medicamentos para el tratamiento de enfermedades.

No solo eso, refiere que la población del área rural y de escasos recursos no tiene la posibilidad de pagar una consulta médica para adquirir una receta, cuando el nivel primario de atención en Salud es deficiente.

“Sabemos que no es bueno automedicarse, pero tampoco es bueno vedarle el derecho a la población si no tenemos centros de salud abiertos y más en las comunidades rurales. Antes de haberlo admitirlo se debió educar a la gente”. Edna Soto, diputada de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

A criterio de Edna Soto era necesario fortalecer los centros y puestos de salud previo a emitir el acuerdo ministerial. “Soy de la idea de que antes de imponer una ley hay que socializarla primero con la población, o que va a estar perjudica o beneficiada, para evitarnos estos problemas, pero no vamos a emitir leyes tomando en cuenta que pueden violar los derechos humanos de las personas”.

La comisión solicita a la Procuraduría de Derechos Humanos (DPH) emitir un amparo para dejar sin efecto el acuerdo ministerial. Mientras tanto, espera reunirse nuevamente con el ministro de Salud para encontrar una salida a esta situación que a su parecer perjudica a la población.

“Tenemos que buscar las alternativas para ver de qué manera podemos ayudar a la gente, en el área rural principalmente, para que ellos puedan adquirir los medicamentos, especialmente los antibióticos que es lo que se está vedando, el derecho a obtenerlos sin una receta”, menciona la diputada.

 

Por su parte, Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, refiere que el tema del amparo fue una “solicitud personal” por parte de algunos diputados de la comisión, y que no se sometió a discusión entre el resto de miembros. La solicitud será analizada.

Pese a ello, el PDH ve positivo el acuerdo que regula la venta de antibióticos, una medida que se ha impuesto en varios países dado los altos índices de farmacorresistencia que se reportan. Sin embargo, indica que es necesario que el Ministerio de Salud “crezca en su institucionalidad” para darle la cobertura plena a todos los guatemaltecos.

Actualmente, de 5 mil puestos de salud que se requieren para cubrir las demandas mínimas de la población, hay 1 mil 223. La brecha para dar un servicio oportuno es del 75%.

“El Ministerio debe tener capacidad para atender a la población, que haya médicos para que los guatemaltecos sean recetados y que no queden a merced de automedicarse”, agrega.

La decisión del Ministerio de Salud de restringir la venta sin receta de los antibióticos de vía oral y parenteral (intravenosa) y de los esteroides oftálmicos, ha sido respalda por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y médicos profesionales que como un riesgo para la salud la automedicación.

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