Guatemala. Proponen reformas a la prisión preventiva para reducir el hacinamiento en cárceles

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Un proyecto de ley que busca viabilizar la aplicación de medidas sustitutivas y regular el tiempo que una persona debe estar en prisión preventiva fue presentado este lunes en el Congreso.

La iniciativa busca reducir los altos índices de hacinamiento que actualmente se registran en las cárceles —alrededor del 300 por ciento— y contribuir a reducir la crisis en esa institución.

La iniciativa busca reducir los altos índices de hacinamiento que actualmente se registran en las cárceles —alrededor del 300 por ciento— y contribuir a reducir la crisis en esa institución.

El congresista afirmó que actualmente ya existe un catálogo de medidas coercitivas entre las que están la obligación de presentarse ante una autoridad, tener buena conducta familiar y social, prohibición de salir del país, departamento, municipio o circunscripción que establezca el juez.

También se puede aplicar la prohibición de ir a algunos lugares, comunicarse con determinadas personas o pagar una fianza.

“La iniciativa crea una nueva medida de coerción que se llama arresto residencial. Básicamente consiste en que el juez envíe a una persona a un arresto en su residencia y lugar donde vive, y que de ahí no pueda salir”, explicó el congresista.

Lira señaló que esto tiene que venir acompañado del control telemático y urgió al Ministerio de Gobernación que esta medida sea implementada pues han pasado dos años y medios desde que el Congreso la aprobó y no hay avances.

La otra propuesta de la iniciativa es poner límites pues actualmente no existen para definir el tiempo que una persona puede pasar en prisión preventiva.

La iniciativa crea plazos en cada una de las fases procesales hasta llegar a un máximo de dos años que sería lo máximo que una persona quedaría privada de libertad.

Según el parlamentario, la iniciativa con otras que buscan desfogar el sistema penitenciario y más bien esta es un complemento.

Proyecto es necesario

Miriam Roquel, procuradora adjunta, indicó que la PDH ha determinado las condiciones infrahumanas en que viven los privados de libertad, por lo cual consideró necesario aprobar esta iniciativa de ley.

“Nos sumamos para poder aportar y ajustar las normativas y la práctica a los tratados ratificados por Guatemala”, aseveró la procuradora adjunta.

Nery Lucero, director ejecutivo del IDPP, explicó que el problema del hacinamiento es grave y explicó que del total de personas en prisión preventiva el IDPP tiene a su cargo el 60 por ciento de esa población.

Además, la cifra sube a 95 por ciento cuando se trata de las personas que tienen condena y necesitan ser representados por un abogado el IDPP, por lo cual es necesario descongestionar el sistema penitenciario.

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