Guatemala. La lucha contra la desnutrición es una deuda que el nuevo gobierno deberá solventar
El combate a la desnutrición crónica y aguda es un pendiente histórico el cual contó con escasos avances durante el gobierno de Jimmy Morales; es más, algunos analistas consideran que se estancó y que incluso tuvo un retroceso durante ese tiempo.
De acuerdo con la más reciente medición, que se realizó en el 2015, la desnutrición crónica afecta al 47 por ciento de los menores de 5 años en el país, mientras los ofrecimientos de los últimos dos gobiernos de reducirla hasta en 10 puntos porcentuales se quedaron en promesas.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó de “preocupante” el aumento de este padecimiento que se acentúa en regiones rurales habitadas por población maya, donde la desnutrición afecta hasta ocho de cada 10 niños, debido a una dieta basada casi en su totalidad en tortillas de maíz, lo cual causa “daños con efectos permanentes en los niños y niñas”.
La desnutrición crónica en la niñez causa efectos devastadores en la vida adulta, por ejemplo, retardo en el crecimiento del cerebro, lo que condena a una persona al subdesarrollo.
Voluntad Política
Expertos consultados coinciden en que para lograr una reducción significativa de la desnutrición crónica es imprescindible contar con la voluntad política de las autoridades del Estado, sobre todo del gobierno, quien tiene a su cargo ejecutar las políticas y presupuesto y coordinar a las principales instituciones que tienen el mandato de combatir el problema.
“Hay una serie de problemas por los cuales el país no avanza. Si no hay voluntad política esto no camina”, señaló Ramiro Quezada, especialista de salud y nutrición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El experto expuso que la voluntad política de las autoridades debe ir encaminada a mejorar el presupuesto asignado a la niñez, que hoy en día es apenas el 3 por ciento del Producto Interno Bruto; además, mejorar la coordinación entre las entidades gubernamentales, municipalidades y las comunidades.
Al hablar de los principales retos en el combate a la desnutrición que tiene el próximo gobierno, el experto expuso que “urge que alguien tome las decisiones” para hacer funcionar la maquinaria gubernamental en favor de la niñez; así como hacer que el gobierno reconozca que la desnutrición es un problema grave y que lo deben abordar de manera seria.
“Los gobiernos lo saben, lo que sucede es que no le han puesto la atención debida al problema porque las acciones son demasiado desarticuladas”, afirmó Quezada.
Dentro de las acciones prioritarias enumeró: ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar la capacidad de las instituciones gubernamentales, la implementación del programa de transferencias condicionadas “a familias que realmente lo necesitan”, e impulsar el protagonismo de la mujer en el área rural.
Por ejemplo, afirmó que no se puede medir el impacto de las políticas impulsadas por los gobiernos, como la estrategia nacional para la disminución de la desnutrición crónica de la actual administración; la cual, pareciera, se quedó solo en un plan.
Aldana coincidió con otros especialistas en que ha faltado voluntad política para que las instituciones funcionen de forma coordinada y ejecuten eficientemente su presupuesto. En ese sentido, señaló que el liderazgo de la vicepresidencia, institución que por mandato legal debe coordinar el tema, se ha visto debilitado, lo que ha provocado un “efecto cascada” que hace que las estrategias no funcionen hasta el nivel más local.
También desnutrición aguda
El combate a la desnutrición aguda también parece haberse estancado, prueba de ello es el número de casos que reporta el Ministerio de Salud.
Hasta el 9 de noviembre pasado se reportaban 13 mil 979 casos, número muy superior al del 2018, cuando a la misma semana epidemiológica se reportaban 11 mil 631 casos, e incluso más que en el 2017 cuando hubo 11 mil 768, en el mismo periodo.
En total, durante la actual administración el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha registrado 52 mil 314 casos de desnutrición aguda de los cuales han fallecido 503 menores.
Retos
Francia Tercero, investigadora socioeconómica de la PDH, indicó que el próximo gobierno tiene la oportunidad de proponer un abordaje integral de la desnutrición, lo que implica no sólo priorizar las acciones relativas a la Ventana de los Mil Días, sino acciones que resuelvan las causas estructurales de la desnutrición, como la pobreza y la desigualdad.
En cuanto a la desnutrición aguda, otro de los restos, añadió Tercero, es garantizar el funcionamiento de los programas que garanticen el acceso a alimentos.
La investigadora precisó que el aumento de casos de este tipo de desnutrición es síntoma de que las familias no tienen disponibilidad y acceso a alimentos, lo cual denota “la ineficiencia” de los programas de agricultura familiar y sociales de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social.
En cuanto a las repercusiones de que un niño padezca desnutrición, la investigadora de la PDH, indicó que son “graves”.
“En el caso de la desnutrición aguda el peligro es de muerte, mientras que la crónica provoca un retraso del crecimiento y el desarrollo infantil, lo cual limita los procesos de aprendizaje y con ello sus oportunidades de vida y perpetua un ciclo de pobreza y desnutrición”, subrayó Tercero.
Adiós a la Sesán
El presidente electo, Alejandro Giammattei reconoció en septiembre de 2019 que la lucha contra la desnutrición se está perdiendo y, ante ello, anunció el cierre de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), la entidad encargada de la coordinación multiministerial para combatir el problema.
“Sesán es una simple controladora de los índices y no toma acciones, vamos a tomar acciones”, afirmó el mandatario electo al anunciar el cierre.
Giammattei ha dicho, luego de ganar la presidencia, que será por medio del Ministerio de Salud que se concentrarán todos los esfuerzos del combate a la desnutrición. “Diecisiete programas miran desnutrición en Guatemala y los vamos a replantear todas”, afirmó.
El trabajo de reducir la desnutrición crónica quedará en manos de Hugo Monroy, ministro designado para Salud, quien a Prensa Libre dijo en septiembre pasado que con las nuevas autoridades se tomará la rectoría de la salud pública, “algo que durante muchos años no se ha hecho”.
Monroy explicó que se buscaban acercamientos con organizaciones internacionales y la iniciativa privada para coordinar esfuerzos y combatir la desnutrición crónica. También reconoció que el fracaso en la atención de la desnutrición crónica se debe a que no ha habido coordinación y que “cada uno va por su lado, sin coordinarse”.
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La lucha contra la desnutrición es una deuda que el nuevo gobierno deberá solventar