Guatemala. Fondos para tratar aguas servidas son irrisorios ante necesidad del país
Varios diputados han criticado la asignación de fondos a plantas de tratamiento que el Congreso dio a último momento en el proyecto de presupuesto del próximo año con una enmienda aprobada en el fondo de revisión, pero las autoridades señalan que los fondos son insuficientes.
Los Q145 millones que el Congreso aprobó para este tema para el próximo año solo significa el 2.4 de los por ciento de los Q6 mil millones que el país necesita para cumplir con la norma que establece crear la infraestructura para tratar las aguas servidas.
El pasado 27 de noviembre el Congreso aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del próximo año, pero previo a hacer la votación por redacción final, los diputados aprobaron un fondo de revisión.
En dicho fondo de revisión se acordó aprobar una enmienda al artículo 82 del proyecto de presupuesto en ella se acuerda trasladar al Ministerio de Desarrollo Social, particularmente al Fondo de Desarrollo Social (Fodes) Q145 millones.
Este dinero servirá para la construcción de plantes de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos. De esta forma se aprobó de último momento el aporte para la construcción de infraestructura para sanear los afluentes.
Críticas
Carlos Barreda, subjefe de la Unidad Nacional de la Esperanza e integrante de la mesa técnica del presupuesto indicó que la aprobación del presupuesto fue condicionada por su bancada a varios temas.
Explicó que entre dichos temas estaban la dignificación salarial para los médicos, los fondos para financiar la alimentación escolar, los recursos al sector justicia y el aporte presupuestario a la Universidad de San Carlos (Usac).
“Lo que logramos fue acortar los aportes a plantas de tratamiento, eran Q280 millones, pero se redujo, no estamos satisfecho hubiéramos querido que se eliminara totalmente ese monto”, afirmó el congresista.
Barreda añadió que la aprobación de esos fondos fue gracias a que se llegó a un acuerdo político en el pleno. “Nosotros queríamos fondos para la Usac, Salud, Sector Justicia y Educación y ellos quería sus plantas de tratamiento, entonces lo que se hizo fue reducirle lo más que se pudo”, señaló.
Rudy Castañeda, subjefe de la bancada Unión del Cambio Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas, recordó que se había asignado Q280 millones para este rubro.
“La historia del porqué de esta asignación es complicada de ver, pero hay que analizar el acuerdo gubernativo 236-2006, que establece que los municipios deben tener plantas de tratamiento de aguas residuales”, explicó el legislador.
Destacó que el cumplimiento de esta norma se ha prorrogado y la última fecha que se tiene para su cumplimiento es hasta mayo de 2019, sin embargo, las municipalidades casi no hacen inversión en plantas de tratamiento.
“Es un tema muy importante para las municipalidades, incluso aún existen lugares donde los drenajes están a flor de tierra y por otro lado los que tienen drenajes simplemente depositan el agua servida en cuerpos de agua”, explicó Castañeda.
El diputado reconoció que hubo “una presión bastante fuerte” para reducir la asignación sobretodo porque estaba contemplado que lo ejecute el Fodes, razón por la cual los planteamientos han sido muy diversos.
Lea más: Diputado Galdámez quiere penalizar el «pánico social»
“Incluso yo cuestioné la poca efectividad del Fodes como estructura y unidad ejecutora, y la experiencia que hemos tenido en los últimos años es que no tienen mucha capacidad de ejecución y que han cambiado titulares en ese ministerio y eso no le ha dado continuidad a los proyectos”, destacó el parlamentario.
Pocos fondos
Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presiente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que “es bueno que el Ejecutivo y el Congreso reconocieran la insistencia de los alcaldes”.
Recordó que como Anam sugirieron que se presentara una iniciativa de ley para que se asignara un porcentaje del IVA-Paz para desarrollar la infraestructura de las plantas de tratamiento.
“Se sugirió que los fondos fueran al Instituto de Fomento Municipal (Infon), pero decidieron dárselo a una unidad ejecutora diferente, si lo quieren hacer así está bien, pero lo importante es que sean efectivos y expeditos en asignar los recursos a principio de año porque si no, no dará tiempo a ejecutarlo.
Escobar señaló que “definitivamente Q145 millones no alcanzan para los Q6 mil millones que necesita Guatemala para poner las plantas a nivel nacional”.
Ante las críticas de que estos fondos pueden utilizarse para clientelismo políticos el alcalde indicó que “el legado más importante que se puede dejar a futuras generaciones es el agua”.
“Es importante que le apostemos a salvar el agua ya que es el recurso más importante para la vida de cualquier población. No me preocupa tanto —las críticas— porque Guatemala está siendo fiscalizada por muchos entes incluyendo la sociedad civil que anda atrás de los proyectos”, afirmó el jefe edil.
Destacó que hacer una planta de tratamiento no toma un par de días sino que necesita estudios previos, y solo aquellas comunas que hayan cumplido con los requisitos serán los que puedan optar a los fondos.
“No es algo que se pueda dar a dedo o algo que se pueda politizar, además las plantas de tratamiento no son obras visibles pues siempre están escondidas por los olores”, argumentó el funcionario.
Al consultarle sobre las críticas que se hacen porque los fondos se asignaron al Fodes respondió: “Donde los pongan —los recursos— va a estar sujeto al mismo escrutinio, lo importante es que quien lo tenga sea responsable en ejecutarlo lo antes posible”.
Escobar recalcó que aun así los fondos que se asignaron son muy pocos y como ejemplo indicó que solamente la mancomunidad del sur, ubicada al sur de la capital, necesita Q600 millones para tratar las aguas residuales del río Villalobos.
Fondos pueden trasladarse
Alfonso Alonzo, ministro de Ambiente, fue consulado sobre esta situación y destacó que en la actualidad hay 170 plantas de tratamiento y alrededor de 500 estudios de prefactibilidad para la construcción de este tipo de infraestructura.
El ministro consideró que es positivo que se haya dejado presupuesto para la construcción de plantas de tratamiento y consideró que el Fodes tiene la capacidad para ejecutar los fondos.
“No nos dejaron los fondos a nosotros porque en el momento de la discusión del presupuesto no teníamos una unidad ejecutora. Incluso el Congreso dejó fondos para que el Ministerio de Ambiente conforme una unidad ejecutora”, declaró el funcionario
Alonzo señaló que hay posibilidad de que se haga un traslado de los fondos a la cartera de Ambiente una vez se tenga establecida la unidad ejecutora.
“Los demás gobiernos tendrán la necesidad de hacer aportes para la construcción de estas plantas de tratamiento, porque los alcaldes no tienen la capacidad económica para hacerla. Esperamos trabajar este presupuesto con la mayor transparencia”, acotó el ministro.
.
Ministro de Ambiente propone gastar Q805 millones para organizar conferencia ambiental
El ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo, postuló el viernes pasado a Guatemala para organizar la edición 25 de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático en 2019 (COP25), luego de que el gobierno de Brasil renunció a la realización de este evento argumentando “altos gastos” por US$Q104 millones -unos Q805 millones- y no tener las condiciones para absorber esa inversión.
La propuesta de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Jimmy Morales ha sido considerada poco realista debido a que ambientalistas y economistas consideran que el país no está en la disponibilidad financiera para hacer esa inversión. El gobierno de Brasil declinó argumentando que no está en condiciones económicas para impulsar ese evento.
Sin embargo, el ministro de Ambiente no dudó en el gasto y en redes sociales la cartera anunció la solicitud de organización de la COP25 el viernes pasado. Por medio de un comunicado de prensa se expuso: “Guatemala se lanza como el primer país del mundo en ofrecer su territorio para ser sede de la Conferencia de las Partes (COP)25. De lograrlo, estaría -el Gobierno de Guatemala- consolidando su posición de líder latinoamericano en el tema ambiental”.
Alonzo argumentó que la postulación surge porque “Guatemala está siendo responsable con el manejo del medio ambiente y está entre los cinco ejes del presidente Jimmy Morales y en los últimos 20 años es el gobierno que más atención le ha puesto”.
El ministro de Ambiente, entre otras justificaciones, expuso que la COP25 es una oportunidad “para poner a Guatemala ante los ojos de todo el mundo” y siendo uno de los 10 países más vulnerables por el cambio climático, organizar la conferencia sería un ejemplo de cómo actuar para impulsar políticas ambientales.
“Somos un país en vías de desarrollo, de los más vulnerables, en vez de estarnos quejando, pidiendo dinero y quejándonos, estamos diciendo estamos presentes y queremos ser los anfitriones”, indico Alonzo.
Los gastos
Para Alonzo la inversión de Q805 millones en la organización de la conferencia no es impedimento debido a que aseguró que tiene respaldo de empresarios y cooperantes.
“Es un presupuesto -para organizar la COP25- que se tiene que discutir con el Ministerio de Finanzas, tener la COP25 es como organizar la Copa Mundial -de futbol- o los Juegos Olímpicos en el tema ambiental. Lo que gana el Inguat, el sector hotelero y es algo que el país cuadriplicará. El BID -Banco Interamericano de Desarrollo- me mandó a decir que nos apoyan, mi dijo el viceministro que hay algunos cooperantes que nos apoyan”, explicó el ministro de Ambiente.
La aceptación de la postulación de Guatemala se analizará en los próximos días en el COP24 que se efectúa en Katowice, Polonia. Además, la secretaría de la Organización de las Naciones Unidas evaluará aspectos como infraestructura de Guatemala para albergar a 20 mil asisntentes, entre delegados gubernamentales de 175 países, científicos y empresarios.
La organización de la edición 26 de la Cumbre Iberoamericana en Antigua Guatemala es para Alonzo el parámetro de que se puede realizar en el país la COP25.
Suspicacias
Los argumentos expuestos por el ministro de Ambiente carecen de sustento para el director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), Marco Vinicio Cerezo Blandón, quien señaló que el país “no tiene la capacidad para recibir una conferencia de esa magnitud por la contribución millonaria”.
Cerezo Blandón explicó que Perú, con cooperación y aportes del sector privado, tuvo que invertir con recursos financieros del Estado US$30 millones -unos Q231 millones-.
“Cuando un país se presenta para organizar esa conferencia se espera que aporte una fuerte cantidad del costo global del evento. Por otra parte, se requiere infraestructura para recibir a 20 mil delegados y no creemos que haya esa capacidad para recibir a esa cantidad de conferencistas. Los US$30 millones mejor se invierten en acciones concretas”, puntualizó Cerezo.
El director de Fundaeco y preidente de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema), señaló que Guatemala tiene un “desempeño ambiental pobre” y lamentó que el 98 por ciento de las aguas servidas van directas a lagos y ríos sin previo tratamiento. Además; menos de 12 municipalidades están intentando tratar los desechos sólidos.
Por otro lado, el ministro de Ambiente resalta como avances en ambiente la colocación de 100 biobardas en ríos y la inversión de US$50 millones anuales en reforestación.
El economista Pablo Rodas Martini estima que para un país industrializado el costo de organizar la COP25 es de U$100 millones -unos Q770 millones- que el país no tiene esa capacidad financiera de inversión.
“Se hace propaganda promoviendo a al país para COP25, y pinta a Guatemala como que fuera un milagro ambiental”, señaló Rodas Martini.
Aunque Alonzo anunció que no participará en el próximo proceso electoral y no tiene aspiraciones políticas a cargos de elección popular.
El Marn en la actualidad registra el 75% de ejecución de un presupuesto vigente de Q151 millones 933 mil 660. A este ministerio se le redujeron Q20 millones.
Declinación de Brasil
La renuncia del gobierno brasileño a organizar la COP25 se anunció luego de que el Programa de Monitoreo por satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales reveló incremento del 14% de deforestación en áreas en la selva tropical. El informe estableció que se destruyeron siete mil 900 kilómetros cuadrados de bosques nativos entre agosto de 2017 y julio de 2018.
Esas prácticas registradas en Brasil vulneran el cumplimiento de los pactos adquiridos por su gobierno en el Acuerdo de París.
Además, el próximo ministro de Relaciones Exteriores de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, criticó: “el cambio climático es un dogma que viene sirviendo para justificar el aumento del poder regulador de estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre estados nacionales y sus poblaciones”.
.