Gran Bretaña suspende ayuda militar a Colombia

Gran Bretaña ha dado por terminada la ayuda militar que durante una década había venido brindando a las fuerzas armadas de Colombia, ante las acusaciones que pesan sobre ellas por graves violaciones de los derechos humanos, incluido el asesinato de civiles que fueron fusilados y reportados como guerrilleros muertos en combate.
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El gobierno colombiano se mostró «extremadamente sorprendido» por la decisión de suspensión de los programas de cooperación bilateral, según declaraciones del Viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, al The Guardian.

El Secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, anunció la medida en una declaración escrita a la Cámara de los Comunes durante el mes pasado, afirmando que el Gobierno «comparte la preocupación … de que hay oficiales y soldados de las fuerzas armadas colombianas que han participado en, o permitido, los abusos».
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«Nuestros proyectos bilaterales en materia de derechos humanos con el Ministerio de Defensa de Colombia cesarán», advirtió la declaración.

Los proyectos incluyen un programa de limpieza de minas terrestres que se han llevado a cabo desde el año 2000 y un proyecto de formación en materia de derechos humanos que se inició en 2006. En conjunto, la financiación de los programas ascendió a un total de £ 190.000 al año.

Aunque el valor financiero es relativamente pequeño, la terminación de la ayuda militar británica tiene un significado simbólico para Colombia. Jaramillo llamó a la decisión como un «duro golpe» a las fuerzas armadas de parte de un «gran aliado».

«Ningún otro país europeo ha trabajado tan estrechamente con el ejército como el Reino Unido», dijo.

Los militares colombianos han sido acusados durante mucho tiempo de connivencia con grupos paramilitares ilegales de derecha. Los investigadores están estudiando 1.296 casos&nbsp reportados sobre ejecuciones de civiles por soldados del ejército, quienes posteriormente vestían las víctimas con uniformes de los rebeldes insurgentes&nbsp y les plantaban armas para presentarlos como guerrilleros muertos de manera legítima en combate.

El Alto Comisionado de la o­nU para los derechos humanos calificó esa práctica como «generalizada y sistemática». Muchos de los casos salieron a la luz pública después de una protesta por la suerte de 11 hombres desaparecidos de un suburbio pobre de Bogotá, quienes días después de su desaparición fueron&nbsp reportados como muertos en combate a miles de kilómetros de su residencia.&nbsp Veintisiete oficiales, entre ellos tres generales, fueron retirados del servicio activo debido a los asesinatos.

Un portavoz de Relaciones Exteriores dijo que ninguna de las ayudas ha ido directamente a cualquiera de las unidades implicadas en el asesinato de civiles, y añadió que sería «muy lamentable» si así hubiera sido, puesto que el Reino Unido apoya con el programa de formación en&nbsp sensibilización sobre derechos humanos.

Jaramillo sostiene que precisamente debido a esta situación, «no tiene sentido alguno cortar el apoyo para derechos humanos en este momento crítico».

En noviembre los EE.UU., el mayor donante de ayuda militar a Colombia con cerca de $ 500m (£ 340m) al año, suspendió de la elegibilidad para la financiación a varias unidades del ejército que se creía estaban involucradas en las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos».

Acogiendo con satisfacción la decisión del Reino Unido como «un paso en la dirección correcta», el grupo con sede en Londres, Justicia para Colombia, dijo que lo más significativo de los&nbsp elementos de la ayuda militar británica en la asistencia a la lucha contra los estupefacientes, no se vio afectada.

El portavoz de Relaciones Exteriores reconoció que continuará trabajando con «algunos miembros de las fuerzas armadas» en los programas contra las drogas. El Reino Unido no revela el valor económico de esta asistencia por “razones de seguridad», dijo.

El Reino Unido también continuará financiando proyectos de remoción de minas a través de la oficina de la o­nU en Colombia, lo mismo que destinará más de £ 1m para proyectos de derechos humanos con civiles, £ 900,000 para apoyar proyectos de las Naciones Unidas contra las drogas, y £ 250.000 para luchar contra lo que se ha descrito como la impunidad rampante en la justicia, que&nbsp sufren la mayoría de los&nbsp colombianos.

En la declaración a la Cámara de los Comunes, Miliband dijo: «El reto para el gobierno colombiano es garantizar que los principios estratégicos de derechos humanos que hemos contribuido a promover sean asumidos y coherentemente practicados por todos los miembros de sus fuerzas armadas.»

Traducido por: Martha Eugenia Botero Terreros, PDA Colombia

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