Golpe de Estado en Bolivia: La palabra verdadera en terapia intensiva

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El 10 de noviembre del 2019, Página12 publicaba un artículo del periodista mendocino radicado en Bolivia, Sebastián Moro, titulado: “Un golpe de Estado en marcha en Bolivia”. Haciendo un cuadro de los movimientos de la derecha fascista que se venían produciendo desde las elecciones de octubre -que dieron el triunfo a Evo Morales-, Sebastián señalaba en uno de sus párrafos: “… trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo, por grupos de choque de la oposición, que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.

El ataque a los comunicadores y comunicadoras, ha sido un factor central de la política golpista, que busca desinformar, amedrentar, amenazar, e incluso matar, para generar un clima de terror en el que nadie quiera denunciar lo que sucede, y de este modo legitimar a la dictadura.

Los días 8, 9 y 10 de noviembre, se desató una intensa cacería de periodistas. El 9, el director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), José Aramayo, fue tomado de rehén y atado a un árbol, donde fue maltratado por jóvenes fascistas, encapuchados, quienes además de golpear al director de la radio comunitaria, entraron a la misma, y produjeron robos y destrozos. La imagen se difundió por numerosos medios de información.José Aramayo fue detenido después por la Fuerza Espacial de Lucha contra el Crimen, que se encuentra bajo la órbita policial, acusado de “portar dinamita” y “elaborar bombas molotov”.

El mismo 9 de noviembre, Sebastián Moro había enviado el artículo mencionado a Página 12. Ese día fue su última comunicación con la familia y con sus compañeros. El domingo 10, Sebastián fue encontrado por un compañero en su domicilio, en estado de “semi inconciencia”, y fue internado de urgencia en la Clínica Rengel.

Denuncia el Informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia: “A partir de la urgente llegada de su hermana Penélope Moro a la Paz, el 11 de noviembre por la noche, para abocarse a su cuidado, se encuentran en el cuerpo de Sebastián señales que no coinciden con un ACV, como lesiones internas y externas, policontusiones y politraumatismos. Las mismas son contempladas en la “Historia Clínica” que hoy se encuentra en manos de abogados y médicos forenses pertinentes. De allí se extrae, según los especialistas, que la muerte del periodista Sebastián Moro en el marco del Golpe de Estado, es “extremadamente dudosa”, cuyos ribetes señalan hasta el momento que sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento. A esta situación se suma además que nunca fueron hallados elementos de trabajo de los que Sebastián no se desprendería con facilidad: su chamarra identificatoria como periodista de la CSUTCB, su grabador de periodista y una agenda de anotaciones”.

Con el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón, la familia de Sebastián efectuó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea investigada su muerte, y otra presentación ante la Relatoría para la Libertad de Prensa del mismo organismo, ya que el hecho se enmarca en una persecución a periodistas.

El 11 de diciembre, la CIDH incluyó en su informe preliminar de la situación en Bolivia la muerte de Sebastián Moro, en el apartado “Ataques a la Prensa”. Dice allí: “Si bien el informe de su muerte hablaba de una ACV Isquémico, su cuerpo presentaba golpes”.

El crimen de Sebastián Moro no puede desconectarse de la ola de violencia contra las y los periodistas, y el ataque a los medios comunitarios producido en esos días, que de diferentes modos continúa hasta la actualidad. Continúa el informe de la Delegación Argentina: “Es importante contextualizar el caso de Sebastián Moro en la furtiva cacería de periodistas, dirigentes sociales, funcionarios públicos, y familiares de estos funcionarios, por parte de hordas opositoras, que tuvo lugar principalmente entre el 8 y el 10 de noviembre a los fines de concretar el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. Sólo entre el viernes 8 y la madrugada del 9 de noviembre, los medios comunitarios que pertenecían a las “6 Federaciones de Cochabamba” fueron incendiados y arrasados por grupos de choque”.

Esa noche en que fue asaltada la sede de las 6 Federaciones de Cochabamba (un edificio donde conviven 6 federaciones cocaleras), se destrozaron sus respectivos medios comunitarios, como la Radio Kaw-sachum, y la Radio Soberanía. También se cortaron las transmisiones de medios estatales como Canal 7Radio Patria NuevaCanal AbyaYalaBolivia TV, y las/los periodistas fueron rehenes por muchas horas. En el caso del Canal AbyaYala, las autoridades del Ministerio de Comunicación amenazaron con procesar y llevar a juicio a todas las personas que tuvieron programas allá.

Iván Maldonado, director de Radio Patria Nueva, tuvo que asilarse fuera del país. Otros periodistas permanecen clandestinos. Por otra parte, se suprimió de la grilla de los canales de cable a Telesur y a Actualidad RT y el ministro del gobierno de facto Arturo Murillo, manifestó la intención de intervenir AbyaYala.

Después de concretado el golpe el 10 de noviembre, tras la asunción del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, el 13 de noviembre asumió como  “ministra de comunicación” Roxana Lizárraga, quien inmediatamente amenazó a los periodistas que no respondieran a los intereses de la dictadura, declarando que “para aquellos periodistas que están haciendo sedición vamos a actuar según la ley”…“Lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, manifestó Lizárraga, y agregó que “ya se tiene identificados a estos comunicadores y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes”.

En esas convulsionadas jornadas amedrentaron a comunicadoras de la organización de mujeres “Bartolina Sisa” y de la organización social “Los Interculturales”. Ambas radios y todas las hasta aquí nombradas hoy permanecen apagadas y bajo amenaza.

Varios periodistasde medios de comunicación internacionales como Crónica TV y TN de Argentina sufrieron amenazas y fueron perseguidos por las calles de La Paz, por manifestantes que apoyaban al golpe. El camarógrafo de Telefé (Argentina) Lucio Gómez, fue agredido y anunció en un video publicado en Twitter que el canal evacuaría a su equipo, tras haber sido acusado de “sedición”.

También fueron agredidos en las calles de La Paz el periodista Rolando Graña de América TV de Argentina, y el productor Jerónimo Loguzzo (Telefé). Ellos, junto a Gómez, habían sido blanco de una campaña de desinformación: se publicaron sus nombres y fotografías en un periódico, acusándolos de incitar a la violencia. “No hay garantías para el trabajo de los equipos de TN, Crónica y Telefé”, publicó TN en su sitio web, donde denunció que los enviados argentinos padecen diversos ataques, que abarcan “desde insultos hasta el lanzamiento de objetos contra los lugares donde se hospedan o incluso contra los propios trabajadores”.

Tras las agresiones el equipo de TN fue evacuado del hotel donde se estaban hospedando. El operativo fue llevado a cabo por un grupo de élite de una fuerza de seguridad argentina.

Días después Teresa Bo, periodista argentina que se desempeña como corresponsal de la cadena Al Jazeera fue agredida por un agente de policía, que en medio de una cobertura le tiró gas lacrimógeno en los ojos. La periodista publicó el momento en sus redes sociales y en el mensaje que acompañó las imágenes aseguró que “solo estábamos en la calle reportando lo que pasaba y la policía boliviana responde así”.

La respuesta del gobierno golpista fue dada por Lizárraga quien habló con el canal TN y afirmó: “No he hecho ninguna declaración de que la prensa internacional esté haciendo sedición, existen los bloggeros digitales en el país, existe una embajada de Cuba y Venezuela que están utilizando sus medios y sus redes para desinformar y convocar a un enfrentamiento entre bolivianos. Eso se llama sedición y es un delito”.

En estas declaraciones ya se pone en la mira no solo a los medios oficiales y a los comunitarios, nacionales e internacionales. También a los bloggeros/as digitales, lo que extiende la persecución. En estos días han circulado informes de la Policía Nacional de Bolivia en los que dan cuenta de la realización de “patrullajes cibernéticos” para perseguir a quienes publiquen críticas al régimen en las redes.

Se estima que entre 50 y 70 radios del sistema nacional de radios de los pueblos originarios que emitían a nivel nacional, de la RPOs (Red Nacional de los Pueblos Indígenas y Originarios) tuvieron que apagar la señal por las amenazas. En varios lugares los sectores fascistas lograron tomar las radios y hacer sus propias trasmisiones.

El 27 de diciembre salió un requerimiento fiscal para investigar por sedición a conductores del programa “La Resistencia Radio”, donde se pide información sobre el programa y los datos de sus conductores. El programa se emitió hasta el mes de agosto de 2019. El 31 de diciembre se informó que dos funcionarios de la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Comunicación e Información) fueron detenidos por fuerzas policiales que irrumpieron en sus domicilios y sus lugares de trabajo. Fueron acusados de “Sedición y Terrorismo” por hacer publicaciones en contra del régimen. La policía mostró como pruebas un meme donde se calificaba como “Usurpadora” a Jeanine Áñez. Se trata de Alejandra Salinas y Orestes Sotomayor, integrantes de la plataforma “La Resistencia Bolivia”. Posteriormente se informó que Alejandra Salinas pasó a prisión domiciliaria, y que Orestes Sotomayor continúa detenido, y fue trasladado a la cárcel de San Pedro, en La Paz.

También en estos días, una notificación de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), institución pública que regula el uso de frecuencias en Bolivia, anunció que se procederá a la suspensión de la licencia otorgada en 2012  a AbyaYalaTelevisión, vigente hasta 2027. Esta amenaza de silenciamiento no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra el derecho al trabajo de más de cien personas a nivel nacional.

Hay que mencionar también otro caso denunciado por la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia. Se trata de la situación de Facundo Molares Schonfeld, ciudadano argentino nacido en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, de 44 años, que se encontraba en Bolivia realizando tareas de foto-reportero para la revista digital Centenario. Denuncia la Delegación Argentina: “A fines del mes de octubre, Facundo Molares le avisa a su padre, Hugo Molares, vía WhatsApp que se encuentra enfermo, que hace días está con fiebre, que no sabe si tiene dengue o paludismo y que se estaría tratando. El padre pierde comunicación con Facundo por más de una semana, hasta que recibe un llamado telefónico anónimo, informándole que su hijo se encontraba mal y que iba a ser trasladado a una clínica o al Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Frente a esta situación el Sr. Hugo Molares decide viajar de urgencia a Bolivia, junto a su pareja, llegando a Santa Cruz de la Sierra alrededor de las 20 del día 12 de noviembre de 2019. … Al llegar al hospital, el Sr. Hugo Molares encuentra a su hijo con asistencia respiratoria mecánica y en coma. Allí se le informa que su hijo Facundo no presenta heridas recientes de ningún tipo y se le exhibe una placa radiográfica con la presencia de varios impactos símil a perdigones de plomos alojados en su cabeza, informándole que los mismos son de vieja data y no revisten peligro por el momento, según el resultado de una interconsulta realizada por él, con un neurocirujano. Tampoco registraba heridas o sangrado ni orificio de entrada ni hematomas provocados por los perdigones. El motivo de su estado y posterior internación lo constituía una insuficiencia renal aguda. … Debido a las situaciones de abierto conflicto social con gran cantidad de heridos e incluso asesinados, al ingresar Facundo Molares al Hospital Japonés se informó a las fuerzas de seguridad. Una vez identificado Facundo, se estableció que había pertenecido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a partir de ese instante se ordenó su detención. Cabe destacar que Facundo no tiene ninguna causa judicial en su contra en tierra colombiana y como es de público conocimiento, la organización a la que pertenecía se acogió a un proceso de paz, depuso las armas y se incorporó a la vida política institucional de dicho país…. El juez ordenó su reclusión en el Centro de Rehabilitación “Santa Cruz – Palmasola… Pocos días después se ordenó un nuevo traslado, esta vez al Penal de Máxima Seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad del Alto en La Paz. Este lugar no cuenta con las condiciones sanitarias mínimas ni posee Centro de Salud para poder garantizar una atención elemental frente a un cuadro tan complejo como el que padece Facundo Molares. Debe destacarse que Facundo necesita atención especializada constante, controles y estudios de distinta índole e incluso requeriría tratamiento de hemodiálisis. … En conferencia de prensa el senador devenido en Ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo llevó a límites grotescos la utilización política de la detención de Facundo presentándola como un caso de “narcoterrorismo” enmarcado en una “conspiración contra América” financiada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y con vínculos locales con el depuesto Vicepresidente Álvaro García Linera. … Sin embargo, la realidad es que Facundo Molares ingresó al Hospital con un cuadro agudo de insuficiencia renal, que motivó su internación en terapia intensiva, siendo inducido a un “coma farmacológico” por la gravedad de su enfermedad. Su ingreso, su afección de salud y su estado nada tienen que ver en principio con situación de confrontación o enfrentamiento alguno… El padre de Facundo, Hugo Morales, pudo estar en contacto con su hijo 15 minutos, ya que al concurrir a una farmacia a comprar la medicación solicitada por los médicos del hospital, fue interceptado junto a su pareja por un vehículo policial que los trasladó hasta una dependencia policial donde fue retenido por 22 horas, y liberado bajo la expresa amenaza de que se fueran de Bolivia y no regresaran, ya que eso les costaría la vida”.

La verdad en terapia intensiva

Resulta claro que todas estas denuncias son parte de una sistemática actuación de la dictadura boliviana para desinformar, y para crear la idea de que el gobierno de Evo Morales, destituido por el golpe de Estado, era parte de una trama criminal a la que se debe combatir suprimiendo de cualquier modo a quienes hoy denuncian los crímenes del Estado terrorista y de las bandas fascistas que prepararon el asalto al poder.

Lejos de las miradas que intentan presentar al golpe como una simple sucesión constitucional frente “a la renuncia del presidente”, es evidente que estamos ante políticas de la dictadura que tienen un punto muy fuerte en la represión al pueblo, los golpes a las mujeres, la persecución a las y los dirigentes populares, y un énfasis especial en la supresión de la libertad de expresión, y la persecución de las y los comunicadores/as del pueblo. Destruir medios de comunicación, como las radios comunitarias, canales de TV, intervenirlos, agredir, apresar, o atacar hasta la muerte a periodistas, “es” en sí parte de la política golpista.

La débil reacción nacional e internacional frente a estos hechos, es expresión de una perspectiva racista a la que no le resulta grave que las voces indígenas, campesinas, de las mujeres, del pueblo en resistencia, sean acalladas, mientras en los canales de la TV del régimen, continúan los reality shows, y las fiestas del poder.

En ese marco, resulta necesario alertar sobre los riesgos de bajar la guardia de la solidaridad internacional, confiando en el proceso electoral como estrategia central de recuperación del poder del pueblo boliviano. Es necesario desorganizar la muralla de silencio mediático, desde las acciones solidaridad de los pueblos. Generar lazos, hacer presencia, promover nuevas delegaciones solidarias, que eviten el aislamiento de Bolivia. Resulta imprescindible que los pueblos y los gobiernos que se reconocen como democráticos, condenen al golpe de estado, y exijan el respeto a la libertad de expresión, a la posibilidad de que el debate político pueda realizarse sin proscripciones de políticos/as, líderes sociales, periodistas, activistas comunitarios presos/as o judicializados/as. Que se termine con el miedo y con el silencio. Que se creen las condiciones para que las políticas racistas, patriarcales, coloniales, sean acorraladas, y pueda expresarse la legítima voluntad del pueblo.

Para ello es urgente que se realicen Campañas internacionales por Justicia para Sebastián, Libertad para Facundo y para todos/a los presos/as políticos/as, justicia para las víctimas del golpe de Estado, que se atienda con urgencia a los y las heridas, que se investiguen los crímenes y se garantice el respeto a la autodeterminación del pueblo boliviano.

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www.nodal.am/2020/01/golpe-de-estado-en-bolivia-la-palabra-verdadera-en-terapia-intensiva-por-claudia-korol/

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