Gobierno y sindicatos “oficiales” quieren la paz social que no tienen en la calle

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Por Xulia Mirón

Mientras la sociedad está en la calle, contra la “limosna” a los/as pensionistas, la brecha salarial o por el derecho a decidir en Catalunya, el gobierno, CCOO, UGT y CSIF firman el II Acuerdo para la mejora de las condiciones laborales y el empleo en la Administración Pública.

Ante la cacareada “recuperación económica” no les ha quedado más remedio que prometer, 250.000 plazas y una subida salarial del 8% en tres años. Pero lo que no dicen es que todas estas medidas están condicionadas al crecimiento de la economía y la estabilidad presupuestaria.

Pero que nadie se llame a engaños, esta es la manera que tienen de responder a las movilizaciones de Marea Blanca, Verde, Naranja, Bomberos/as, Forestales, Justicia de Galiza en huelga indefinida, interinos andaluces en lucha, III Marcha de Precarias en Galicia y la aparición de nuevas organizaciones sindicales en diferentes sectores, como la Plataforma de Interinos, Temporales y Estaturarios Eventuales (PI), a nivel estatal y calmar que las aguas vuelvan a su cauce; al control de las direcciones sindicales y recuperar el descrédito que tienen ante los/as trabajadoras y la sociedad.

Un buen acuerdo o una nueva mentira

La partes firmantes dicen que con estos acuerdos “se mejoran las condiciones de trabajo e incrementan la calidad en la prestación de los servicios públicos”. Pero no van por el buen camino de recuperar los niveles de empleo de antes de la crisis, puesto que las Ofertas de Empleo no se acercan ni de lejos a las más de 700.000 interinos/as que hay; lo que supondrá un ERE encubierto, la destrucción de miles de puestos de trabajo, despedir a personal con antigüedad por unos nuevos/as sin ella y ahorrándose miles de millones de euros en las indemnizaciones por contratos en fraude de Ley. ¿Cómo se puede hablar de recuperación económica con una subida del 8% en tres años, si hemos perdido más del 13%?

Si leemos la prensa entendemos que los acuerdos son de aplicación inmediata, pero nada más lejos de la realidad. Las direcciones sindicales bien lo saben, ahora esa aparente unidad como si toda la plantilla de las administraciones fuéramos iguales, no lo es. Esa unidad queda en papel mojado, pues si bien es un Acuerdo Marco las mismas direcciones sindicales la rompen, al negociar administración a administración, cachito a cachito, como si cada sección de la Administración fuese independiente en la cuestión de las relaciones de trabajo; todas están unidas por las mismas políticas de recortes desarrollada por los gobiernos, tanto el central como los autonómicos. Para evitar desestabilizar a los diferentes gobiernos (competencias descentralizadas), fomentan la división y el corporativismo.

Tras la estela de pensionistas y mujeres trabajadoras

El gobierno del PP está en la cuerda floja, como demostraron las movilizaciones de mujeres y pensionistas y estos Pactos quieren garantizar la “paz social”. Pero por mucho que alardeen de “recuperación económica” la verdad es que el gobierno miente, los recortes continúan, el artículo 135 de la Constitución sigue vigente y la deuda se sigue pagando, y esto es lo que manda en el control del gasto público. ¿Quién se fía de un gobierno que durante años cada Consejo de Ministros firma nuevos recortes?

Los/as pensionistas vuelven a salir a la calle apoyados/as por las mujeres, pasando por encima de las direcciones sindicales mayoritarias, los/as trabajadores de la administración debemos seguir ese ejemplo. Ha llegado la hora de superarlas rompiendo la división que, tanto la Administración como los sindicatos mayoritarios introducen, uniendo la lucha con otros sectores sociales podremos derrotar la falacia de que “no hay dinero” para el gasto social, pero si para rescatar bancos y autopistas.

Es tarea del sindicalismo de clase, alternativo, dar este paso de superar las divisiones administrativas, (Central, Autonómicas, Ayuntamientos, Diputaciones) y llevar un plan de lucha decidido en asambleas y reuniones de centros de trabajo, para lograr el rechazo unánime y rotundo de estos Acuerdos, en la defensa de todos los puestos de trabajo, recuperar los perdidos. Pues son las necesidades sociales las que deben determinar los puestos de trabajo y no las políticas privatizadoras.

 

Gobierno y sindicatos “oficiales” quieren la paz social que no tienen en la calle

 

 

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