El gobierno de facto de Bolivia ordenó este lunes la militarización de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras anunció el posible uso de la fuerza para levantar los bloqueos de carreteras vigentes en demanda de elecciones.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, justificó ante la prensa que la medida se tomó para garantizar la transportación de tanques de oxígeno y alimentos ante la paralización producto de los cortes de rutas mantenidas desde la semana pasada.

El funcionario del gobierno de facto no descartó el uso de la fuerza y añadió que el objetivo de los manifestantes es convulsionar al país y causar el enfrentamiento entre bolivianos, según la televisora local Red Bolivisión.

Los movimientos sociales bolivianos anunciaron que mantendrán los bloqueos de carreteras y otras medidas de presión ante el fracaso del diálogo entre los distintos actores políticos.

Ninguna de las conversaciones desarrolladas en paralelo este fin de semana culminó con acuerdos entre las partes: ni la entablada entre la Central Obrera Bolivia, el órgano electoral y legisladores; o la de la presidenta interina, Jeanine Añez.

La propuesta es clara: elecciones el 6 de septiembre, declaró a medios locales el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi.

Por su parte, el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, afirmó que el 18 de octubre es la fecha ‘definitiva, inamovible e impostergable del proceso electoral 2020’.

A las manifestaciones se sumó el movimiento indígena campesino que demanda ahora la renuncia de la presidenta interina Jeanine Añez.

Por otra parte, la Unión Europea (UE) manifestó este lunes el apoyo al diálogo en Bolivia como única vía para llegar a un acuerdo sobre la fecha de las elecciones y resolver la crisis política en esa nación.

En un comunicado, el alto representante de Política Exterior del bloque regional, Josep Borrell, indicó que las discrepancias sobre los comicios incrementan las tensiones y afectan la estabilidad social en un momento crucial, cuando el país está encabezado por un gobierno interino y las elecciones han sido pospuestas en dos ocasiones.

‘Es de crucial importancia que el diálogo político continúe de manera pacífica y con espíritu de compromiso y solidaridad, estableciendo un marco institucional y en respeto con los principios democráticos y de libertades fundamentales’, sostuvo.

De acuerdo con Borrell, el pueblo boliviano necesita elecciones pacíficas, creíbles e inclusivas, y señaló que el Tribunal Supremo Electoral ya comenzó un diálogo encaminado a superar las diferencias y encontrar un consenso.

Por otro lado, recordó que la nación suramericana está sufriendo el impacto de la pandemia de Covid-19 y el sistema de salud está saturado, lo cual añade tensiones a la situación nacional.

Tras indicar que la UE es un socio importante de Bolivia en la promoción del desarrollo económico y social, así como en el fortalecimiento del estado de derecho, el texto apunta que ‘si las condiciones de salud y seguridad lo permiten, mantenemos el compromiso de observar un proceso electoral democrático en Bolivia’.

Defensa anuncia un operativo militar-policial para el traslado de oxígeno desde Santa Cruz

«Como bolivianos, (les ruego) dos milímetros de serenidad. Queremos evitar muertes, de cualquier bando. La muerte de un boliviano cuenta», dijo Luis Fernando López.

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, en rueda de prensa en Santa Cruz.

Habló fuerte, casi a gritos ante los periodistas; se expresó molesto por los bloqueos en el país y anunció una caravana, con un operativo militar-policial, para el traslado de 66 toneladas de oxígeno de Santa Cruz a Cochabamba, La Paz y Oruro. “Queremos evitar muertos de cualquier bando”, dijo el ministro de Defensa, Luis Fernando López.

El funcionario habló desde Santa Cruz, en medio de una movilización de cívicos que pretenden desbloquear las rutas cerradas por organizaciones sociales, al influjo de la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad, en protesta por la postergación de las elecciones para el 18 de octubre dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Se están mandando 66 toneladas de oxígeno a La Paz, ¡y va a llegar a La Paz!”, arengó la mañana de este lunes López.

Para ese fin, el Gobierno preparó un operativo, incluso del que participa la Cruz Roja Internacional, “como fiel testigo de lo que pueda ocurrir en la carretera”, según dijo el ministro, quien se refirió en términos militares para explicar la acción.

“En términos tácticos, para que esta caravana pueda ir con tranquilidad y no sufra agresiones, va a haber una estrategia de seguridad aerotransportada; van a haber helicópteros de nuestra Fuerza Aérea y el Ejército siguiendo el acontecimiento de la caravana”, explicó López.

Detalló que la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC) va a desplegar personal y maquinaria a los puntos del recorrido de la caravana con el objetivo de dejar expeditas las vías.

Intervención

Ante periodistas que de manera insistente preguntaban sobre la fecha de una eventual acción militar en los bloqueos, el funcionario reclamó serenidad, prudencia y el tiempo que sea necesario. «Como bolivianos, (les ruego) dos milímetros de serenidad. Queremos evitar muertes, de cualquier bando. La muerte de un boliviano cuenta”, afirmó.

“Vamos a tener acciones concretas”, insistió.

Según dijo López, esas acciones concretas serán desarrolladas “hasta las últimas consecuencias”. “Yo no voy a develar absolutamente nada que tenga que ver con lo táctico militar-policial. Pero les puedo garantizar algo: este esfuerzo de llevar vida va a ser hasta las últimas consecuencias, ¡hasta las últimas consecuencias! ¡Estamos decididos como Gobierno a llevar vida donde este momento se necesita!”, arengó.

López siguió explicando las motivaciones de una eventual intervención de los bloqueos convocador por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que protestan contra la postergación de elecciones para el 18 de octubre definida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Todo está planificado y tiene su límite, no hay ninguna muerte, y no queremos que haya muertes. La ley se va a cumplir a como dé lugar, se lo garantizamos”, prometió.

Cuestión de pantalones

“Permítannos pensar de manera serena: pantalones y firmeza no nos faltan, tenemos que ser lo suficientemente coherentes como para pensar que no queremos más muertes y el COVID-19 se está llevando demasiadas”, dijo el Ministro de Defensa.

Desde el 3 de agosto, los bloqueos se han acentuado en la mayoría de las vías del país. La ABC contabilizó hasta la noche del domingo 77 puntos de bloqueos y el Pacto de Unidad contabilizó más de 100.

Centenares de miembros del grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) irrumpió el domingo un punto de bloqueo en Vinto, Cochabamba, hasta despejar la vía. La Unión Juvenil Cruceñista también protagonizó acciones similares en Samaipata, Santa Cruz. Y el candidato y excívico cruceño Luis Fernando Camacho anunció que logró desbloquear rutas en San Ignacio y Guarayos.

Desbloqueos

Sobre estos extremos, el ministro López aseguró que la Policía tiene el control del “cien por ciento” de la situación, que no es necesaria una acción civil. “No es momento de jugar a los héroes. Que los políticos no se sumen a la acción de valentía de los comités cívicos”, afirmó.

“No estamos en momento de generar un ambiente de odio y de confrontación, estamos en momentos de ser tácticos, de tener la paciencia hasta donde nos dé la paciencia”, advirtió López.

Una vez más, el ministro deslindó responsabilidad de las Fuerzas Armadas en una eventual acción ante los bloqueos. Así, justificó que las fuerzas castrenses actuarán con el fin de permitir la llegada “de vida” a Cochabamba, en día y medio, y a La Paz, en dos días.

“En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, dijo López.

Al amparo del Decreto Supremo 4078, del 15 de noviembre de 2019, sendos operativos militares y policiales intervinieron el año pasado las protestas en Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, con el saldo de la represión de una treintena de fallecidos en ambos conflictos.

El Gobierno, como recordó ahora López, culpó entonces a los movilizados de haber disparado a sus propios compañeros. La Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de estados Americanos (OEA), consideró en un informe que las muertes fueron resultado de una “masacre”.

.

Gobierno de facto militariza ciudades en respuesta a crisis en Bolivia