(Galería de fotos) La Policía Municipal desahucia en Usera a una mujer y a sus cuatro hijos

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Una veintena de personas -activistas, familiares y periodistas- acompañaban a Laura desde primera hora de la mañana. El desalojo, cuya orden fue remitida el pasado 29 de octubre, estaba previsto para las 12:45 de la mañana de hoy. A mediodía, una decena de antidisturbios ha irrumpido en la casa tras la actuación del cerrajero y ha obligado a salir a quienes se encontraban en el interior.

«He mandado a los niños a casa de un familiar para que no vean esto. No quiero que se asusten», explicaba Laura unas horas antes. «Menos ésta -decía, señalando a Alba, la mayor de los cuatro hermanos- que no se ha querido ir».

Según Angelines, activista del Grupo de Vivienda de Usera, los directores de las dos sucursales a las que acudieron ayer solicitando un contrato de compromiso para la negociación de un alquiler social, se negaron a firmarlo. «Nos atendieron bien pero no sellaron los papeles porque dicen que sólo negocian con los que tienen hipotecas. Que sólo a ellos les ofrecen el alquiler social. Que las órdenes vienen de arriba», asegura. Ante la negativa del banco, acudieron al juzgado, «para que el juez viera la situación de la familia, y nos diera una prórroga». Obtuvieron el compromiso de retirar la denuncia si así lo hacía previamente el procurador de Bankia. «Así que por ese lado tenemos esperanza. Otras veces lo para el banco pero el juez sigue adelante», decía la activista poco antes de que las Unidades de Intervención Policial (UIP) cortaran la calle y entraran en el portal. Laura cobra la Renta Mínima de Inserción (RMI). También por eso pensaban que iban a tener la «posibilidad de negociar un alquiler social», según la misma activista.

Después de ser desahuciada, Laura ha acudido con algunos miembros del Grupo e Vivienda a una de las oficinas de Bankia en la que ayer le negaron la negociación. La directora de la misma ha asegurado que ella «no puede hacer nada» y, ante las continuas protestas de los activistas, agentes de la Policía Municipal primero, y de la Policía Nacional más tarde, han acudido para expulsarlos de la sucursal e identificar a todas las personas que habían estado dentro de la misma.

Laura y sus hijos -una de ellas celiaca y otro con una enfermedad de huesos- dormirán esta noche en la casa de su ex suegra, a donde han podido trasladar algunas de sus pertenencias gracias a la solidaridad de un vecino, que les ha prestado su furgoneta. «Pero es una solución provisional, porque van a ser 17 personas en un piso de 80 metros cuadrados. Allí no pueden vivir», se lamentaba Joana, del Grupo de Vivienda de la Asamblea de Carabanchel.

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