Frente a la crisis: Más educación, más pública

En el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM) analizamos la situación generada por la pandemia de la Covid-19 y las perspectivas para el personal docente y el alumnado de la Comunidad de Madrid, y advertimos del riesgo de que una persistencia en las recetas neoliberales nos lleve a una crisis social sin precedentes.

Publicidad

En 2009, con la excusa de la crisis, todas las Comunidades Autónomas recortaron sus partidas presupuestarias destinadas a educación. Unos años más tarde, en 2016, si bien ningún territorio había llegado al nivel de inversión del año anterior a los recortes, los datos del Ministerio de Educación revelaban que casi todas las administraciones autonómicas habían mejorado en mayor o menor medida sus cifras. El único territorio que no había incrementado el gasto educativo por alumno era la Comunidad de Madrid, anclada en los 4949 euros desde 2010 (un 21% menos que en 2009 y 1000 euros por debajo de la media). En la última década, la inversión en la escuela pública se ha reducido un 10%.

Mientras tanto, en el periodo de 2010 a 2018, Alemania incrementó su gasto educativo en un 17,2% en la enseñanza obligatoria y en un 81,2% en escuelas infantiles, reduciendo otras partidas. Dejando aparte el papel del gobierno alemán en la imposición de políticas “austericidas” a los países del Sur, y sabiendo que los ajustes que hizo Alemania nada tuvieron que ver con los que se exigieron a países como España, la receta que se aplicó el gobierno alemán a nivel interno fue acertada, al entender que la situación de recesión exigía un incremento del presupuesto destinado a educación e I+D, ya que como numerosos expertos señalan, la inversión en educación está estrechamente ligada a la mejora de los indicadores económicos a medio plazo. Por poner un ejemplo más cercano, así pareció entenderlo Portugal, con un gasto educativo en 2015 del 4,9% frente al 4,8% de Alemania y el 4,1% de España (comparativamente, un 20% más). Dicho sea de paso, el peso de la enseñanza concertada en el país vecino es residual.

Centrándonos en el complejo escenario al que nos enfrentamos, es evidente que la suspensión de clases presenciales exigirá un esfuerzo extra a lo largo del próximo curso para apoyar al alumnado más afectado por esta situación. Igual que el profesorado está dando la talla ahora, lo seguirá haciendo, pero las administraciones también tienen que asumir sus responsabilidades ante la ciudadanía, y especialmente ante la población más vulnerable, y su gestión del “escenario post-crisis” no nos puede llevar de facto a la profundización de una crisis social de la que no habíamos salido, resultado de los recortes aplicados en 2009. Cabe recordar que no faltan voces autorizadas que apuntan a las medidas de austeridad como elemento clave para explicar la fuerte incidencia de la pandemia en nuestro país. Este tema daría para otro artículo, que sin duda habrá que escribir.

Por ello, hay que decir bien claro que basta ya de recortes en servicios públicos; ya vimos cómo hicieron su agosto las grandes empresas del IBEX y se aceleró la acumulación de capital en manos de unos pocos en la anterior crisis. Ahora no les toca ni a nuestros alumnos y alumnas, ni tampoco a los docentes, asumir recortes sobre recortes. No toca incrementar ratios, ni dejar de cubrir sustituciones, ni jornadas lectivas abusivas, ni mantener a miles de docentes en el paro con aulas masificadas. Más bien todo lo contrario.

Los docentes llevamos una década compensando como podemos, a base de voluntarismo, la falta de recursos. En una crisis cuyos efectos se prevén más inmediatos e intensos que los de la anterior, el servicio público educativo necesita un plan de choque, pero no basado esta vez sobrecargar las jornadas laborales e incrementar el tiempo dedicado al esfuerzo burocrático de rellenar más y más informes para lavar la conciencia de los malos gestores de lo público. La reversión total de los recortes es la condición mínima para que el profesorado pueda acometer la dura tarea que tiene por delante con eficacia y en unas condiciones mínimas de dignidad. Esto debe traducirse, para empezar, en la recuperación de las plantillas hasta situarlas, al menos, en los niveles previos a los recortes de hace una década. Nuestro alumnado necesitará una mayor atención para superar los déficits acumulados en este periodo, pero intentar conseguirlo sin un incremento de plantillas que posibilite un mayor número de desdobles y una atención más personalizada, es buscar la cuadratura del círculo.

El alumnado de necesidades educativas especiales y con dificultades de aprendizaje necesitará una atención prioritaria, por lo que es el momento de aumentar las plantillas de los profesionales de la atención a la diversidad, ajustando de una vez las ratios de alumnado atendido por cada profesional de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje a lo que establece la ley: no más de 9-12 alumnos/as por PT y 20-25 por AL (actualmente es habitual en la Comunidad de Madrid encontrarnos con ratios de más de 20 y más de 35 alumnos, respectivamente). Las plantillas de orientadores deben ajustarse a las recomendaciones de la UNESCO, y que cada orientador no atienda a una población escolar superior a los 250 alumnos, y más tras una situación de gran tensión y privaciones para muchos niños y niñas, así como para sus familias, cuyos efectos en el ámbito psicológico, social, económico y académico aún no han dado la cara. A día de hoy, este objetivo se antoja utópico, siendo lo habitual en nuestra región que la población asignada a cada orientador triplique o casi cuadruplique la ratio recomendada por las UNESCO.

Corresponde a los gobiernos autonómicos establecer las vías de financiación que nos lleven a una salida justa de la crisis que viene, en lo relativo a sanidad, educación y otras áreas de su competencia. Pero para que esto sea posible, tienen que empezar a corregirse las políticas hostiles a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y la sanidad, al conjunto de la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables de la sociedad, pues no faltan gobiernos autonómicos dispuestos a disputarse la vanguardia de la ortodoxia neoliberal que ya están afilando la tijera, y el de la Comunidad de Madrid, fiel a sí mismo, es uno de ellos.

Un mes y medio después de suspenderse las clases presenciales, sigue vigente en varios territorios, entre ellos Madrid, la suspensión de llamamientos a interinos para sustituciones, asignándose a otros docentes el trabajo del profesor o profesora que está de baja. Según escribimos este artículo, conocemos que la Comunidad de Madrid ha anunciado que deja de financiar la parte que le corresponde de los convenios con los Ayuntamientos para el mantenimiento de la Escuelas Infantiles y Casas de Niños municipales “mientras dure el estado de alarma”, dejando a las administraciones locales ante unos gastos poco menos que inasumibles e ignorando que estas profesionales siguen orientando a las familias y desarrollando tareas de coordinación pedagógica vía telemática. Imaginemos cuál sería la reacción de los partidos que sustentan el gobierno de la Comunidad de Madrid si el gobierno central aprovechara el cierre de iglesias y la prohibición de los velatorios para exigir a la Conferencia Episcopal la devolución de los sueldos de obispos y sacerdotes. Lo que está claro es que los sueldos de las educadoras infantiles esta administración se los toma muy «a la ligera». Es una cuestión de prioridades.

La administración regional que más recortes ha aplicado y que durante más  tiempo los ha mantenido es -curiosamente –  la que mantiene una política fiscal más ventajosa para las rentas más altas. En la Comunidad de Madrid, solo la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones para quienes heredan más de un millón y medio de euros, y la exención del impuesto de Patrimonio, que grava a las grandes fortunas, supusieron en 2018 dejar de ingresar más de mil millones de euros… “robar a los pobres para dárselo a los ricos”. Si esta situación  no es suficiente para que la Administración madrileña modifique su política fiscal, y se plantee una revisión a fondo de sus prioridades presupuestarias y sus políticas, se convertirá no ya en parte del problema, sino en el principal obstáculo para superar con dignidad la crisis que viene. Nos tocará seguir luchando y haciendo mucha pedagogía para desenmascarar estas políticas y conseguir que la ciudadanía acabe desalojando de las instituciones a los enemigos de lo público. Es mucho lo que nos jugamos.

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More