Fiscalía resuelve mantener petición de 9 meses de prisión para una reportera que grababa una ocupación
La Fiscalía ha mantenido su petición de condena para esta operadora por negarse a entregar a la Policía las imágenes que había grabado de esta ocupación de viviendas.
La Fiscalía de Sevilla ha mantenido su petición de condena de nueve meses de cárcel para una operadora de cámara de televisión de La Sexta por negarse a entregar a la Policía las imágenes que había grabado con motivo de la ocupación de un edificio de viviendas de renta libre de la calle Lumbreras, conocida como corrala ‘La Ilusión’.
En la última jornada del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 10, el Ministerio Público ha solicitado para esta reportera, identificada como Ana García Benítez, nueve meses de prisión por un delito de desobediencia a agentes de la autoridad y el pago de una multa de 120 euros por una falta de daños.
La Fiscalía, asimismo, también ha reclamado que la operadora de cámara pague una indemnización de 109,41 euros por los supuestos daños provocados en el interior de un vehículo policial.
Además, el Ministerio Público ha elevado a definitiva su petición de un año y nueve meses de cárcel para otros cuatro acusados que estaban allí concentrados por delitos de atentado. Por el contrario,las defensas de los cinco imputados han solicitado la libre absolución de sus patrocinados.
El juicio por estos hechos se ha celebrado en dos sesiones, la primera de las cuales se desarrolló el pasado día 5 de mayo con la declaración de los imputados y de 14 policías en calidad de testigos.
En este sentido, la reportera aseguró que los policías no le requirieron la grabación, sino la cámara, de manera que ella les ofreció la tarjeta de memoria, tras lo que fue detenida sin que «en ningún momento le informaran» del motivo de su arresto, mientras que también negó haber provocado daños en el vehículo policial.
«Se vulneró el libre ejercicio de la profesión periodística» ya dijo en su momento la Asociación de Prensa de Sevilla
Por su parte, la Asociación de la Prensa de Sevilla emitía este miércoles un comunicado en el que ha recordado que la detención de la joven provocó «la protesta unánime de toda la profesión periodística, que protagonizó numerosas acciones a favor de Ana García». La asociación, ante esta vista oral y una vez que no han sido retiradas las acusaciones, «reitera hoy, como hizo en el momento de los hechos, que con la detención de Ana García se vulneró de manera inaceptable y peligrosa el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz».
Este mismo argumento fue defendido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y por el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), recuerda la APS, cuyos directivos y del SPA mantuvieron entonces una reunión con representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía en la que exigieron la inmediata retirada de los cargos, que se le devolviera la cámara y el material grabado que le fueron requisados y que se diera una explicación oficial de los motivos de su detención y del trato recibido durante las horas que permaneció en dependencias policiales.
Los portavoces de la Delegación del Gobierno se limitaron a decir que el caso estaba en vía judicial. La presidenta de la FAPE también mantuvo contactos en idéntico sentido con miembros del Ministerio del Interior. En otro ámbito, diputados del PSOE y de Izquierda Unida pidieron explicaciones públicas en el Congreso al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; y el pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción aprobó una moción de apoyo a la operadora de cámara.
Según indica la APS, periodistas de Sevilla protagonizaron una concentración de apoyo a Ana García ante los juzgados y, dos meses después de su detención, la asociación entregó en la Delegación del Gobierno en Andalucía un escrito con las firmas de 1.610 personas, en su inmensa mayoría profesionales del periodismo, en el que se pedía la retirada de los cargos que se le imputaban a Ana García y en el que se consideraba que se había vulnerado el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz.