Fiscalia pide 2 años de prisión a 8 activistas por la vivienda digna, por una acción al BBVA en 2017

El próximo día 9 de noviembre el movimiento por el derecho a la vivienda se enfrenta a penas de prisión.

El próximo día 9 de noviembre el movimiento por el derecho a la vivienda se enfrenta a penas de prisión. La fiscalía nos lleva a juicio por una acción pacífica y festiva que se llevó a cabo el 2 y 3 de marzo de 2017 en una oficina del BBVA de San Andreu, un barrio de Barcelona

Hace más de 3 años y medio, desde la PAH de Barcelona y con el apoyo otros colectivos y personas, organizamos una acción (como tantas otras veces) para negociar varios casos de afectadas por el BBVA. La negociación se alargó dos días durante los cuales estuvimos en el local del BBVA de la calle Torres y Bages con Joan Torras, repartimos octavillas, pusimos música en la calle, nos reunimos con responsables del BBVA y presionamos públicamente al banco para que diera una solución para los casos. Demasiadas veces, hacer acciones donde les pintamos la cara públicamente es la única manera de llegar a acuerdos. Pero también demasiadas veces sufrimos la represión de los cuerpos policiales, el poder judicial y el estado cuando luchamos por un derecho básico:

El día 9 de noviembre a las 11h, 8 personas que participamos en la acción al BBVA, tenemos un juicio en el cual se nos acusa de «allanamiento de establecimiento abierto al público» y «delito leve de daños». El BBVA se ha retirado del proceso judicial por la falta de pruebas y motivos, pero la fiscalía nos pide 900€ de multa y 2 años de prisión por persona.

Este proceso judicial y la acusación son totalmente desproporcionadas e injustas. Durante la acción, el local siguió abierto, la gente entraba y salía, los cajeros siguieron funcionando y no se produjo ningún daño ni a la oficina ni a las trabajadoras. A lo largo de la jornada se añadió mucha gente solidaria que veía el carácter festivo y de justicia social de la acción. Cuando ya habíamos pactado que nos marchábamos, los Mossos nos identificaron, a las pocas que quedábamos, mientras recogíamos. En un primer momento el BBVA nos denunció, tras una primera vista judicial decidieron retirarse de la acusación. Ahora el proceso judicial abierto tiene todavía menos sentido, nos encontramos que la fiscalía lo saca adelante para intentar meternos el miedo en el cuerpo, para intentar silenciarnos y esto nos afecta a todas. No lo conseguirán, al contrario, cada vez somos más las personas dispuestas a luchar contra quienes juegan con nuestras vidas, contra quienes nos roban y especulan con un derecho básico. Como demuestran las casi 1000 firmas a día de hoy recogidas en apoyo a las imputadas.

Por eso, las personas acusadas, que actualmente formamos parte de distintos colectivos, pedimos adhesiones, apoyo público y difusión para que nos absuelvan, pero también para sumar cada día más fuerzas por el derecho a la vivienda.

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