Ferrocarrils de la Generalitat dio a sus altos cargos una pensión ilegal

El entonces 'conseller' Homs desoyó la denuncia presentada hace un año por el interventor general

JOSEP TORDERA
BARCELONA

El Gobierno catalán ha abierto un expediente para investigar las irregularidades en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) denunciadas en marzo del 2003 por el interventor general y que el entonces conseller de Economia i Finances, Francesc Homs (CiU), desoyó. Entre ellas figura la existencia de un complemento de pensiones alimentado con fondos públicos que se repartieron una docena de altos cargos.
El interventor general, Josep Maria Portabella, instó a Homs a estudiar «si se había producido un perjuicio económico a la Hacienda de la Generalitat», ya que ésta subvenciona el déficit de explotación de FGC. De ser así, añadía, deberían proceder legalmente contra los responsables de los hechos.
El informe de Portabella señalaba, entre otros hechos, que FGC, contraviniendo una ley vigente desde 1986, estaba pagando con fondos públicos un complemento de pensiones para una docena de altos cargos de la compañía ferroviaria –entre ellos su presidente hasta este lunes, Antoni Herce– que luego se repartieron entre ellos. Detallaba que, entre el 2000 y el 2001, la compañía gastó de manera irregular 2.508.264 euros (417.340.101 pesetas) en esos conceptos.
La ley de Presupuestos del Estado para 1986, aprobada en diciembre de 1985, estableció la prohibición de destinar fondos públicos para pagar complementos de pensiones siempre que con ellos se supere la pensión máxima de la Seguridad Social, como es el caso. Este sistema, que se ejerce normalmente a través de un seguro privado, no tiene nada que ver con el tradicional de los planes de pensiones de empresa. Éstos deben ir destinados a la totalidad de la plantilla y se negocian colectivamente.

SILENCIO DE HOMS
El exconseller Homs rehusó ayer explicar a este diario por qué no actuó tras recibir el informe del interventor general. Fuentes de CiU defendieron la legalidad de la fórmula e insistieron en que se trataba de «un plan de pensiones» y no de un «complemento de pensiones».
El informe del interventor general de la Generalitat discrepa de esta versión, y atribuye el pago «irregular» de los 2.508.264 de euros a «premios de dedicación y permanencia que son, obviamente, una retribución a favor de determinados directivos».
FGC decidió retirar esta cantidad de la compañía de seguros que gestionaba estos complementos de pensiones cuando el Gobierno central decidió que, en el futuro, ya no podría retirarse el dinero invertido hasta la edad de la jubilación. Hasta entonces, los beneficiarios de estos complementos de pensiones podían retirar el dinero de sus primas cuando les interesara.
Las fuentes de la federación nacionalista señalaron que la fórmula denunciada por el interventor general se estableció casi desde el mismo momento en que se creó la compañía, después de que la Generalitat asumiera la competencia de los ferrocarriles catalanes de vía estrecha. «Se utiliza mucho en el sector ferroviario», remarcaron.

MEDIDAS LEGALES
La denuncia del interventor de la Generalitat de marzo del 2003 incluía también, como irregularidad, el contrato blindado del último presidente de FGC, Herce, y el cobro inadecuado de dietas por parte de su antecesor en el cargo, Enric Roig. El interventor general recordaba la necesidad de aplicar los artículos 83, 84 y 85 del decreto legislativo del 24 de diciembre del 2002 sobre la ley de finanzas públicas de Catalunya.
En estos artículos se señala que «los altos cargos de las empresas públicas» que , «dolosa o culpablemente», perjudiquen económicamente a la Generalitat (con la administración irregular de fondos públicos, la realización de pagos indebidos o la falta de rendimiento de cuentas) quedan sometidos a las responsabilidades civiles, penales o disciplinarias que sean oportunas.

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