El 29 de marzo de 2020, agentes de la Ertzaintza agredieron brutalmente a Fátima y Salman, una mujer magrebí y su hijo en la calle San Francisco de Bilbao. Una grabación con teléfono móvil permitió una amplia difusión en los medios de comunicación que obtuvo una gran respuesta vecinal y social seguida de la represión policial hacia los vecinos y vecinas que denunciaron. Además de ser agredidos por la policía, Fátima y Salman fueron denunciados por el agente por lesiones, siendo criminalizados cuando realmente eran las víctimas en este episodio violento y racista. La contradenuncia es una estrategia más que utilizada por la policía para cubrirse las espaldas frente a este tipo de agresiones, por lo que había en este proceso judicial denuncias cruzadas. Es decir, Fátima y su hijo contra la institución de la policía y viceversa.
De este brutal episodio han pasado ya dos años, y en el cual hoy a nivel judicial ha acabado con una noticia positiva, Fátima y su hijo han quedado absueltos, los cargos han sido para el agente de la Ertzaina que los ha agredido brutalmente de forma racista. A pesar de que la justicia ha reconocido al agresor, consideramos que esta condena contra el agente ha sido simbólica, ya que no refleja la gravedad de la injusticia y el racismo policial que han sufrido Fátima y su hijo Salman.
Creemos firmemente que ha sido fundamental la presión social y el apoyo que han sido dados a Fátima y Salman, por parte de muchas personas, colectivos y vecinas que han seguido muy de cerca el caso y que han apoyado a pesar del hostigamiento de la policía hacia las personas testigos.
Queremos expresar que seguiremos luchando contra la violencia policial racista y denunciando el abuso reiterado de las fuerzas policiales. Exigimos que se condenen las paradas racistas, los cacheos humillantes en la vía pública, las agresiones y la violencia que se ejercen desde los diferentes cuerpos de seguridad vascas hacia las personas migradas y racializadas, vulnerando todos los días su dignidad, derechos y las garantías legales, que son para todas y todos.
No hay derecho a que se acuse a quienes son víctimas, ni a qué se criminalice la solidaridad y la protesta
