Expresos políticos chilenos en Francia critican que DDHH dependan de parlamentarios

Un país que no quiere mirar su historia de frente y que no reconoce a quienes fueron arrestados, exiliados, expulsados de sus trabajos, torturados, asesinados y desaparecidos por los poderes del Estado durante la dictadura cívico–militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, no puede avanzar conjuntamente en la construcción de una sociedad mejor.

Durante más de 30 años los sucesivos gobiernos de la llamada transición democrática trataron el tema de la Memoria y el reconocimiento de las víctimas de la dictadura como un detalle al que debían buscar soluciones “en la medida de lo posible”.

Millones de chilenos han salido a la calle exigiendo que Chile recobre su dignidad y deje atrás los vestigios de la dictadura, exigiendo al mismo tiempo el ¡no al olvido!, el ¡no a la impunidad! Pero existen al mismo tiempo sectores que se obstinan en pensar que en Chile “todo va bien”, que lo pasado es pasado y minimizan el terror y la represión de la dictadura.

Diez y siete años de dictadura no son un espejismo en la historia de nuestro país y las víctimas de la represión no son “suposiciones” de opositores del llamado gobierno cívico–militar que se impuso entre 1973 y 1990. Los miles de desaparecidos, asesinados, torturados y exiliados son pruebas – hoy más presentes que nunca – que testimonian de esa realidad.

Gracias a esos testigos de nuestra historia, gracias a su movilización infatigable, que el Estado chileno ha aceptado dar algunos pasos para que la memoria de lo que ocurrió en Chile no sea borrada.

Hoy, los pocos Centros, Agrupaciones o Instituciones que obran por mantener viva esa memoria son privados de una fuente importante de financiamiento, gracias a las maniobras de la derecha, la extrema derecha y la democracia cristiana en el parlamento chileno: esa votación refleja la poca consideración que ellos tienen hacia el trabajo que realizan esas instituciones por la memoria y los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, refleja el desprecio que tienen hacia las miles de víctimas y sobrevivientes de la dictadura.

Hoy queda demostrado que las políticas de la justicia en la medida de lo posible, del mantenimiento de la impunidad y de la poca injerencia del Estado en una verdadera política educacional por la memoria y los derechos humanos, no han hecho más que fortalecer a los sectores que siempre buscaron justificar las violaciones a los derechos humanos y promueven el negacionismo.

Las violaciones a los Derechos Humanos es algo que incumbe a todos los chilenos y no debe ser una temática de transacciones en el Parlamento. Debe ser una preocupación permanente del Estado y contar con un presupuesto estable y perenne, independiente de las mayorías políticas coyunturales.

Llamamos a que el gobierno se pronuncie claramente sobre esta situación.

Nos asociamos a las protestas de todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que han expresado su repudio frente a las maniobras de la derecha y la democracia cristiana.

No renunciaremos nunca a que los derechos humanos sean una verdadera política de Estado. Nunca olvidaremos los crímenes de la dictadura. Jamás aceptaremos la impunidad.

París 19 de noviembre 2022

Consejo de Administración de la Asociación de expresos políticos chilenos – Francia