Exigen justicia para reporteros holandeses asesinados en El Salvador

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San Salvador, (PL) Algunas heridas sanan con el tiempo, pero otras dejan cicatrices que impiden olvidar, como el impune asesinato de cuatro reporteros holandeses a manos de militares salvadoreños en 1982.
 
Jan Kniper, Johanes Wilensen, Andries Koster y Hans Lodewijk ter Laag fueron asesinados el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil, mientras filmaban un documental para agencia televisiva holandesa IKON.

Los reporteros fueron emboscados y asesinados por el Batallón Atonal en Santa Rita, Chalatenango, quienes actuaron por órdenes de los coroneles Mario Reyes Mena y Francisco Morán, con la anuencia de la jerarquía castrense.

A tres décadas y media del crimen, la justicia salvadoreña sigue en deuda con los familiares de los periodistas masacrados, pero también con otra víctimas de la guerra: la libertad de expresión.

‘Si el caso se hubiera castigado, las cosas fueran distintas hoy’, estima Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos, promotora de la investigación y castigo de los autores intelectuales del crimen.

Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (Asdhu) presentaron una denuncia para que la Fiscalía General de la República investigue y procese a los responsables y ejecutores de la masacre de Santa Rita.

‘El crimen sigue impune y ha dejado heridas profundas en la familia y la sociedad de la Países Bajos’, aseguró el embajador holandés en América Central, Peter Derrek Hof, quien acompañó la demanda.

Pedro Cruz, presidente de Asdhu, emplazó al Fiscal General Douglas Meléndez a investigar el crimen, cuyos autores fueron identificados por la Comisión de la Verdad hace años, y nada impide que sean juzgados y respondan por el crimen.

‘El informe de la Comisión de la Verdad señala intervenciones telefónicas y seguimientos a los periodistas holandeses. Los seguimientos de la inteligencia de la Fuerza Armada eran continuos y sistemáticos’, señaló Pérez.

Además, varios testimonios confirman que los reporteros se identificaron antes de ser ultimados, otra prueba de que los militares sabían a quienes emboscaban, porque tenían la información del aparato de inteligencia de la Fuerza Armada.

Múltiples documentos detallan quién dio la orden, cómo fue planificado el ataque y quienes lo ejecutaron, por eso los familiares de los cuatro periodistas insisten en defender la memoria, buscar verdad y exigir justicia.

Las autoridades cerraron el caso debido a la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, declarada inconstitucional hace par de años, lo cual permite reabrir la investigación y hacerla de forma exhaustiva.

oda/cmv

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