Euskal Herria: Los facilitadores presentarán en otoño su verificación del alto el fuego de ETA

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El Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera el abogado y facilitador sudafricano Brian Currin presentará en otoño a destacados miembros y agentes de la comunidad internacional las conclusiones que extraerá de la verificación del alto el fuego que ETA declaró el pasado 10 de enero.

El GIC ha puesto en marcha en los últimos meses un sistema de verificación propio después de que el Gobierno español haya obviado las distintas peticiones que ha recibido para que liderara las tareas de supervisión. Vista la negativa del Ejecutivo, tanto a la supervisión como a reconocer al GIC un papel en el proceso que diferentes partidos en Euskadi le han concedido, los resultados serán trasladados a agentes internacionales.

Estos, a su vez, podrían tener mayor influencia en el actual Gobierno español o su sustituto más allá de las elecciones del 20 de noviembre, ya que el Grupo Internacional de Contacto no circunscribe las variables de la actual situación únicamente a que Rodríguez Zapatero sea el inquilino de La Moncloa.

La posibilidad de la verificación se abrió el pasado 10 de enero. Entonces, ETA daba a conocer un comunicado en el que declaraba un alto el fuego "permanente y general, que pueda ser verificado por la comunidad internacional".

no ‘internacionalizar’ Entre las reacciones que suscitó aquella declaración estuvo la del Gobierno español. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aludía a ETA señalando que "habla de una verificación internacional que el Gobierno ha rechazado rotundamente porque en un Estado democrático quien verifica son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Pérez Rubalcaba procuraba en enero cerrar así la puerta a lo que en otras ocasiones los ejecutivos -tanto del PSOE como del PP- han denominado la internacionalización del conflicto.

Esta posición gubernamental no era nueva. En el anterior comunicado de ETA, del 5 de septiembre de 2010, la organización armada daba a conocer en la BBC que meses atrás había tomado la decisión de cesar las "acciones armadas ofensivas" y se mostraba partidaria de dar pasos en el camino de la Declaración de Bruselas. El Ejecutivo de Zapatero, en palabras de su entonces portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, consideró que no había condiciones para crear una comisión internacional que verificara el cese de atentados que se acababa de anunciar.

Semanas después de la declaración del alto el fuego, el 27 de marzo, ETA hacía público otro comunicado en el que calificaba de "significativo que los gobiernos español y francés no hubieran aceptado la oportunidad que brindaba la comunidad internacional para verificar el alto el fuego de ETA". La organización armada entendía que si lo hicieran, "más allá de la hipocresía y de las intoxicaciones, quedaría en evidencia que la única violencia que hay en Euskal Herria en la actualidad es la llevada a cabo por ambos estados".

Como consecuencia de esta postura, era la propia ETA quien, tras reafirmarse en la declaración de alto el fuego de dos meses atrás, se mostraba "dispuesta, pese a no tener el reconocimiento oficial de los Gobiernos de Francia y España, a aceptar un mecanismo informal de verificación". ETA consideraba esta opción como una posibilidad "factible".

Ante este comunicado de marzo, el portavoz del Gobierno español, Ramón Jáuregui, se limitó a congratularse de que ETA hiciera una "ratificación" del cese de la violencia pero dijo no comprender "qué significa una verificación informal de la tregua". El Ejecutivo, pese a las interpelaciones públicas -de agentes como Lokarri- y otras en clave privada, se movía en la misma línea que tras los pronunciamientos anteriores de ETA: permanecía quieto.

Carta del Gic a Zapatero Mientras tanto, Brian Currin, primero como facilitador y, después, como cabeza visible del GIC, ha sido uno de esos agentes que han emplazado al Ejecutivo a que dé pasos concretos. Tanto es así que, por poner un ejemplo, el 11 de mayo, el GIC dirigía una carta al presidente español en la que le pedía que no dejara pasar "esta histórica oportunidad de ayudar a poner el final al último conflicto de violencia política en Europa". En la misiva, también le emplazaban a "colaborar con un organismo internacional para verificar el alto el fuego de ETA y facilitar el desmantelamiento de las armas".

La única respuesta que La Moncloa ha dado a estas peticiones, tanto en público como en privado, ha sido que no, que lo único que vale es, como dijo De la Vega en septiembre de 2010, "un fin definitivo (de la violencia) total, claro y contundente". El Gobierno español argumenta en círculos reducidos que no está dispuesto a repetir los "errores" del proceso de paz de 2006 y no mueve ficha.